Carlos Andrés Correa tiene una plantación de tres hectáreas de coca. Hace 15 años cultiva la hoja en Valdivia, Norte de Antioquia. De ahí deriva el sustento para su esposa, sus tres hijos, su padre y su madre. Pero con el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, puntualmente con el punto cuatro sobre sustitución de cultivos de uso ilícito, entiende que el panorama para los cocaleros ha cambiado. Por eso define la situación de la siguiente manera: “el cultivo alternativo de coca lo vimos como una forma de tener una calidad de vida mejor. Pero al pasar los años lo estamos mirando como un conflicto entre las comunidades y el mismo país”.

Este texto hace parte del informe especial: Implementar la sustitución será más complejo de lo que parece

Sin tabúes y hasta con ironía, este productor de 35 años habla sobre la planta que le ha dado todo. Sus palabras muestran lo complicado que será implementar el acuerdo de sustitución, pero dejan claro que hay una oportunidad para transformar el campo en varias regiones del país y para que los campesinos tengan otras formas de sustento que les garanticen condiciones de vida digna sin rosar con la ilegalidad.

La familia Correa llegó a las tierras de Valdivia en los noventas. Salió de Guadalupe, un pequeño municipio enclavado en las montañas del Norte de Antioquia, con la ilusión de una vida mejor, de “oportunidades como se dice, porque uno escuchaba siempre en todas partes que la coca era un buen ingreso y resultamos aquí metidos en la pomada”, comenta Carlos Andrés.

Carlos Andrés Correa cultiva la hoja de coca hace 15 años en el corregimiento Puerto Raudal de Valdivia, Norte de Antioquia.
Carlos Andrés Correa cultiva la hoja de coca hace 15 años en el corregimiento Puerto Raudal de Valdivia, Norte de Antioquia.

En Guadalupe los Correa tenían 10 hectáreas: cuatro en café, media en pasto para dos mulas y el resto en frijol y maíz. La tierrita daba lo justo para comer y sobrevivir, pero no quedaba para mucho más. Por eso en 1999, cuando Carlos Andrés terminó el bachillerato, su papá vendió la propiedad y salió para Valdivia donde utilizó el dinero en la mejora de una finca.

Allá por supuesto sembraron coca. Además plantaron cacao y pasto para ganadería. Pero los productos legales no duraron mucho. Como era zona cocalera, los aviones del Ejército fumigaban frecuentemente con glifosato y todo se echaba a perder menos la coca.

“Por eso es que se reprodujo tanto el cultivo de coca en Colombia —asegura el campesino—. Porque cuando uno tiene un potrero y un cocal, y la avioneta pasa fumigando, el potrero se daña pero el cocal retoña, entonces lo que uno hace es meter coca donde tenía el potrero”.

Los cultivos de uso ilícito siguen en aumento

En Colombia la producción de cultivos de uso ilícito se mantiene, pese a las millonarias inversiones que ha hecho el Gobierno nacional en la estrategia de erradicación forzada con ayuda de Estados Unidos de América a través del Plan Colombia.

Entre 1995 y 2010 el problema de las drogas en Colombia “contó con un presupuesto ejecutado cercano a los $20,0 billones (pesos constantes de 2010) con una tendencia creciente en el reporte anual”. La cifra es tomada del informe:Gasto del Estado Colombiano frente al problema de las drogas ilícitas, realizado por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Justicia.

Grafica Gasto drogas por Estrategia

El estudio indicó que en 2010 la mayor parte del gasto se destinó a la estrategia de reducción de la oferta de drogas ilícitas, $1,2 billones (64,2% de los recursos), en la que se incluyen las acciones de fumigación y erradicación de cultivos de uso ilícito.

Grafica Gasto drogas por Estrategia Torta

Sin embargo, las hectáreas cultivadas con coca, marihuana o amapola en Colombia han tenido disminuciones incipientes o, por el contrario, se han incrementado en algunos periodos, teniendo sus picos más altos en los años 2001, 2002, 2007 y 2015, durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, según cifras del informe de Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos en 2015.

El estudio, realizado por la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (Unodc) y el Gobierno colombiano, reveló que en el último periodo el área cultivada con coca aumentó en un 39% al pasar de 69.000 hectáreas en 2014 a 96.000 en 2015 (cifras al 31 de diciembre).

Lo particular es que el 87% del incremento se dio en territorios que para el 2014 ya tenían coca. En éstos el área sembrada pasó de 63.000 a 86.600 hectáreas. Entre los incentivos para que esto persista, el informe plantea cuatro explicaciones posibles: 1. El aumento en el precio de la hoja de $2.150 a $3.000 el kilo 2. La reducción del riesgo en los cultivos, debido a la suspensión de las fumigaciones aéreas y la posibilidad de evitar la erradicación manual mediante bloqueos a la fuerza pública 3. La oportunidad de recibir contraprestaciones por la sustitución de cultivos 4. Factores coyunturales que afectaron los cultivos lícitos, como la sequía en Antioquia y Sur de Bolívar y la crisis del petróleo en el Catatumbo.

Fuente:Observatorio de Drogas de Colombia

No obstante, llama la atención que el año 2007, uno de los que registró una mayor cantidad de hectáreas con aspersión aérea y erradicación manual, presentara uno de los picos más altos, superior a las 90 mil hectáreas cultivadas; cifra que iguala la estadística de 2015, con la diferencia de que en este último periodo las acciones de fumigación y erradicación fueron muchísimo menores. Esto lleva nuevamente a cuestionar la eficacia de dichas estrategias.

Grafica Cultivos Aspersion Erradicacion
Fuente: informe de Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos en 2015.

Lo único que ha hecho el Gobierno con la fumigación y la erradicación forzada, opina Carlos Andrés, “es que a raíz de tantos atropellos y de tanta cosa que ha surgido, no viéramos ninguna otra solución sino unirnos y salir a protestar con paros en la carretera, no porque seamos terroristas sino porque ha sido la única opción de que el Gobierno se siente a escucharnos”.

De modo que los cultivadores de coca, concluye Carlos Andrés, “no hemos sido el punto de conflicto en el país, sino que nosotros simplemente somos una llamita que el Gobierno aviva con las fumigaciones y todos esos ataques”.

La erradicación está originando violencia

A diferencia de otros puntos del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, el de sustitución parece llevar el acelerador a fondo. En menos de un mes, según información de la Presidencia de la República, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos logró acuerdos con organizaciones campesinas de zonas cocaleras como el Catatumbo, en Norte de Santander; y Tumaco, en Nariño.

Esto como parte del Plan Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, anunciado el 27 de enero de este año, cuya meta es sustituir 50 mil hectáreas en más de 40 municipios del país durante el primer año de implementación. Todas a través de consensos con las comunidades.

Tres semanas después, el 16 de febrero, Mariana Escobar Arango, directora de la Agencia para la Renovación del Territorio —antes Consolidación Territorial—, anunció en Antioquia que siete municipios de ese departamento habían sido priorizados para dar arranque al programa de sustitución: Ituango, Anorí, Dabeiba, Vigía del Fuerte y Remedios, en los cuales hay zonas veredales o puntos transitorios de normalización; y Briceño y Cáceres, por su alta densidad de cultivos de uso ilícito.

Recorrido del Presidente por Puerto Valdivia, en Antioquia, donde revisó los planes de ocupación y fortalecimiento social en antiguas zonas de conflicto. Además respaldó las iniciativas de sustitución junto a la Gobernación de Antioquia.
El 9 de febrero, el presidente Juan Manuel Santos visitó el corregimiento de Puerto Valdivia, en Antioquia, para revisar los planes de ocupación y fortalecimiento social en antiguas zonas de conflicto. En esa región dio un espaldarazo a la iniciativa de sustitución de la Gobernación de Antioquia, que espera beneficiar a 2.600 familias en el Bajo Cauca antioqueño.

Dos días más tarde, el 18 de febrero en Puerto Asís (Putumayo), la Alta Consejería para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, firmó un acuerdo departamental de sustitución con más de 50 organizaciones sociales y productivas integradas por 36 mil familias campesinas que cultivan 20.068 hectáreas de coca en ese departamento.

El Gobierno también avanza en la firma de acuerdos de sustitución en Caquetá y Meta.

Pero a la par con esta estrategia, el Gobierno impulsa un plan de erradicación forzada, que termina chocando con las buenas intenciones del programa integral de sustitución y con el acuerdo La Habana. Con el agravante de que el uso de la fuerza está sembrando desconfianza entre los cultivadores de coca, marihuana y amapola, y está desatando situaciones de violencia en diferentes regiones del país.

La meta es erradicar por la fuerza otras 50 mil hectáreas de cultivos de uso ilícito, para lograr así la eliminación de 100 mil hectáreas en un año. Y aunque la estrategia de erradicación no ha sido tan mediática como la de sustitución, su implementación sí ha sido igual de ágil, al punto que ya generó fuertes confrontaciones entre cultivadores y Fuerza Pública en Nariño.

Ya desde enero había voces de protesta en los departamentos de Meta, Guaviare, Putumayo, Nariño, Caquetá, Cauca y la región del Nudo de Paramillo. En varios de estos departamentos los campesinos se movilizaron para rechazar la erradicación. En Tumaco (Nariño), entre el 21 y 22 de febrero, 1.200 cocaleros bloquearon la vía principal hacia Pasto.

La problemática estalló finalmente en esa región durante una protesta de cultivadores de coca en el corregimiento Llorente en Tumaco. Desde el miércoles 29 de marzo la tensión entre Fuerza Pública y campesinos aumentó hasta generar fuertes enfrentamientos que causaron la muerte del patrullero Bayron Fernando Recalde, de 23 años de edad, miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios, heridas a 20 personas y la incineración de siete vehículos.

Desde Bogotá, Jesús Santrich, miembro del Estado Mayor de las FARC-EP e integrante del equipo negociador en La Habana, se refirió a lo ocurrido en Tumaco[1] rechazando de plano la estrategia de erradicación forzada.

Si esto sigue así lo que le espera al campo colombiano es “un escenario de confrontación que es lo que estamos tratando de superar con la aplicación de los acuerdos”, manifestó Santrich apelando a la sensatez del Gobierno y al espíritu de lo acordado en La Habana.

Lo que debe hacer el Gobierno, agregó, “es irse por la línea que está en el acuerdo que es la sustitución. Creo que debe entender que la erradicación no es el camino; esa es una política fracasada y con eso lo que se hace es radicalizar los conflictos”.

Sintiéndose parte de esta problemática nacional, Carlos Andrés Correa decidió organizarse en su región junto a otros cocaleros, presto a lo que pudiera ocurrir con la estrategia de erradicación. Como en otras zonas de Colombia, en la región del Nudo de Paramillo, los productores se agremiaron para dar origen a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (Coccam).

Después de conformar la coordinadora municipal de coquicultores de Valdivia, los cultivadores de coca marcharon por la troncal a la Costa Caribe a la altura del corregimiento Puerto Valdivia.
Después de conformar la coordinadora municipal de coquicultores de Valdivia, los cultivadores de coca marcharon por la troncal a la Costa Caribe a la altura del corregimiento Puerto Valdivia.

El 17 de febrero Carlos Andrés, acompañado de su esposa Yorledis y de sus hijos, Sara de 13 años, Carlos Esnel de 12, y Sofía de seis, llegó hasta el coliseo del corregimiento Puerto Valdivia para unirse a otros 1.300 campesinos que conformaron la coordinadora municipal de la Coccam en Valdivia.

Así como está la situación, el primer objetivo será “contrarrestar la erradicación forzada y criminal que el gobierno ha venido implementando en nuestro territorio”, afirmó José Herrera, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Meseta y coordinador del comité municipal de coquicultores de Valdivia.

“La propuesta es a que vengan y se sienten, y a que miremos verdaderamente cuáles son las alternativas para los pequeños coquicultores de nuestro municipio —agregó José Herrera—. Estamos de acuerdo con la sustitución, que nos traigan proyectos y alternativas, pero no queremos más violaciones de derechos humanos de parte del mismo Gobierno nacional, ni que nos pongan contra las comunidades nuestras”.

El panorama muestra que lograr acuerdos de sustitución con los campesinos no será tan fácil como parece, pues la demanda es  por un proceso integral que incluya la implementación del primer punto del acuerdo de La Habana, sobre desarrollo rural integral, e incluso el desmonte del paramilitarismo para que haya condiciones de seguridad.

Han sido años de lucha, recuerda Carlos Andrés, que “nos ha dejado muchos aprendizajes y nos ha enseñado que por la fuerza no se hace nada. Y como estamos en un país de libre expresión, estamos dándonos a reconocer que no cultivamos coca porque queremos sino porque no hay otra alternativa.  Eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno en este momento, alternativas de vida. El Gobierno nos plantea algo y  nosotros estamos planteando algo también. Y ahí estamos en el proceso”.

Volver al informe especial:

Implementar la sustitución será más complejo de lo que parece



[1]
La intervención se dio durante el seminario Comunicando la Esperanza, realizado en la Universidad Francisco José de Caldas con la participación de medios alternativos, populares y comunitarios.

No hay comentarios

Dejar respuesta