Como parte de las actividades previas a la conmemoración del 9 de abril: Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, concluyó ayer el “III Encuentro Nacional de Sujetos de Reparación Colectiva con Incidencia Nacional y Organizaciones Acompañantes”, en Bogotá.
En efecto, entre el 5 y 6 de abril estuvieron reunidos los grupos y organizaciones sociales y políticas, las comunidades determinadas en razón de su cultura o territorio afectados por el conflicto armado interno que fueron reconocidos como casos de reparación colectiva –no individual– por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
El encuentro, en el que también participaron miembros de esa Unidad, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp-OEA), el Instituto Nacional Demócrata, los ministerios del Interior, de Justicia y de Agricultura, entre otros, tuvo como objetivo “abordar los temas de participación integral y construcción de paz territorial en el marco de la implementación del Programa de Reparación Colectiva y su articulación con los Acuerdos de Paz de La Habana”.
Compromisos se han retrasado
Durante estos dos días, los sujetos de reparación colectiva platearon preocupaciones y molestias similares a las que expusieron en el “II Encuentro de Comités de Impulso de Casos de Reparación Colectiva con Incidencia Nacional”, que se realizó el 28 de octubre del año pasado en Villavicencio, Meta.
En ese momento, los sujetos evaluaron el estado en que se hallaba el diseño o implementación de sus planes de reparación. La mayoría de ellos, sostuvieron que no han avanzado desde el año 2015: se quedaron en las fases de diagnóstico del daño, constitución del comité de impulso o ad portas de iniciar su plan de reparación.
En esa ocasión, cuestionaron si la Unidad tenía o no autonomía política, económica y jurídica para poner en ejecución los planes de reparación. Y concluyeron que la arquitectura institucional que tiene la Unidad no está preparada para implementar los procesos de reparación a los sujetos colectivos.
En ese sentido, se preguntaban: ¿Cuáles son los cambios que requiere la arquitectura institucional de la Unidad, con miras al posconflicto, para implementar la reparación de los sujetos colectivos? Dichos cambios, afirmaron en este III Encuentro, deben conducir a superar las dificultades administrativas y operativas que se presentan al interior de la Unidad y afectan a todos los sujetos de reparación.
Desde entonces poco ha cambiado, según lo admitió Alan Jara, director de la Unidad para las Víctimas. Pero “el propósito es el de solucionar, superar esas dificultades que ustedes –los sujetos– han planteado”, para darles respuestas a los compromisos asumidos con respecto a la implementación de los planes de reparación colectiva.
“Nosotros –Unidad para las Víctimas– tenemos una doble responsabilidad. Una como integrantes del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv), y dos, como articuladores del mismo. Esa articulación es demasiado compleja; el Estado en términos generales en poco se articula, y hacerlo desde una instancia de menor jerarquía hace que sea más complejo aún”, aseguró.
Tal dificultad de articulación entre las instituciones que integran el Snariv, precisó, es más compleja cuando se intenta en el ámbito territorial. Pero, aun así, han venido realizando varias reuniones de las que estaban pactadas con los sujetos porque, enfatizó como en ocasiones anteriores, “la decisión es continuar con esa agenda y dar una respuesta positiva”.
Además, señaló que el Snariv, con todo y sus dificultades operativas para responder a los procesos de reparación, “tiene un reto adicional y es que debe articularse con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Reparación (Sivjrnr), labor que tampoco es nada sencilla” porque, adujo, las instituciones que lo conformarán apenas se están integrando.
Fortalecerán interlocución con el Estado
Al concluir el III Encuentro, los participantes decidieron “fortalecer la coordinación nacional de los sujetos de reparación colectiva” y “el nivel de incidencia e interlocución con el Estado”. Esto a pesar del “lento avance en las medidas de reparación efectiva y la necesidad de eliminar los operadores como intermediarios entre los sujetos y la Unidad para las Víctimas”.
Así lo sostuvo Diego Herrera, presidente del Instituto Popular de Capacitación –organización que se halla en proceso de reparación colectiva–, quien recordó además que los sujetos de reparación trabajarán en “un conjunto de propuestas orientadas al ajuste de la política de víctimas en el país, en función de los Acuerdos de Paz y su implementación”.
Tales propuestas, que serán presentadas ante el mecanismo amplio de participación previsto en los Acuerdos de Paz pactados en La Habana, estarán relacionadas con elementos mencionados en los puntos que abordan los temas agrarios, de participación política y del Sivjrnr.
Con respecto a este último, agregó, decidieron “trabajar con énfasis en la reparación colectiva consignada en el punto del Sivjrnr, en particular en su enfoque territorial, diferencial, de género y colectivo en los mecanismos de los planes de desarrollo territorial y los planes nacionales de reparación colectiva”.
Finalmente, reafirmaron su intención de articular las propuestas de las organizaciones y grupos sujetos de reparación colectiva, para revitalizar el Pacto Político por la Paz que suscribieron el 9 de abril de 2016.
