Miembros de 60 organizaciones sociales, movimientos políticos y algunas instituciones antioqueñas suscribieron el 27 de abril en Medellín el “gran acuerdo por la paz y contra la guerra”.
Este recoge la visión de paz en torno a la cual se delibera en el Congreso Nacional-Regional de Paz, que se realiza este viernes 28 de abril en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia desde las 7:30 a.m.
El acuerdo suscrito afirma que “solo con la paz –que encarna las banderas de la democracia, la vida, la justicia social, la equidad, entre otras– Colombia podrá ser una república contemporánea, defensora del Estado Social de Derecho, la soberanía alimentaria, el pleno empleo y de un modelo de desarrollo que se fundamente en el respeto a la biodiversidad y a la economía del campo”.
Conseguir esa paz anhelada implica, además del silenciamiento de los fusiles en el campo y las ciudades, “amplia participación política de los sectores populares y sociales, tradicionalmente excluidos del poder político y económico”. Solo así, añade el documento suscrito, los colombianos comprenderemos que en el centro de la guerra han estado desde siempre la corrupción y la desigualdad social.
Estos planteamientos leídos por Clara Navarro, delegada para Antioquia por el Congreso Nacional de Paz, y León Fredy Muñoz, presidente en Antioquia de la Federación Nacional de Paz, son el insumo inicial para la construcción del pacto regional de paz que se creará con las conclusiones de los paneles y mesas de trabajo que se desarrollen en el Paraninfo.
Tareas para la construcción de paz
Para los voceros de las organizaciones, movimientos e instituciones que suscribieron el “gran acuerdo por la paz y contra la guerra” en la Asamblea de Antioquia, el Congreso Nacional-Regional también será un espacio de discusión acerca de los temas prioritarios para la construcción de paz en el departamento y el resto de regiones de Colombia.
Según expresó Diego Herrera, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), entre esos temas se halla la aplicación de “garantías para la construcción de paz y el accionar social y político”, que están incluidas en los Acuerdos de Paz con las FARC y son necesarias para frenar la tendencia al incremento de asesinatos y otras formas de violencia política contra líderes y defensores de derechos humanos en sus distintos territorios.
En ese sentido, parte de la deliberación estará centrada en la importancia de hacerle “veeduría territorial” a la implementación de dichos Acuerdos con las FARC. Hasta ahora, comentó Carlos Julio Díaz, director de la Escuela Nacional Sindical (ENS), ha habido un nivel de cumplimiento de la insurgencia que ha conducido a la disminución de los indicadores de violencia; en comparación con el Gobierno, que avanza lentamente en la aprobación de leyes y demás disposiciones legislativas.
A su vez, señaló Luis Guillermo Pardo, exgerente de Paz de la Gobernación de Antioquia, el nivel de cumplimiento de los Acuerdos con las FARC es el referente para el actual proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla del ELN que avanza en Quito y, desde su percepción, podría aportar en el camino hacia la justicia social y la paz urbana.
Y, según explicó Eliana Torres, también delegada para Antioquia por el Congreso Nacional de Paz, una vez las conclusiones sobre estos temas sean incluidas en el pacto regional por la paz, serán integradas a las que hayan sido recogidas en las deliberaciones efectuadas en otras regiones del país y en los territorios transitorios donde se hallan las FARC, para construir finalmente un Pacto Nacional por la Paz.
Aquel, concluyó, será el reflejo del diálogo incluyente y pluralista que han emprendido organizaciones sociales, movimientos políticos y algunas instituciones que tienen como propósitos comunes la erradicación de la violencia en el ejercicio político, la realización de veeduría ciudadana al proceso de paz y el acrecentamiento de la movilización social para hacer de Colombia “un país con rumbo”.
