Introducción

El Gobierno nacional y las FARC-EP el pasado 24 de noviembre de 2016 llegaron a un acuerdo para la terminación del conflicto. Uno de los asuntos fundamentales acordados para lograr reducir la alta concentración de la tierra y la pobreza de los campesinos de Colombia está incluido en el punto uno: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral” (RRI).

Entre las propuestas consignadas en el acuerdo agrario están: la restitución de tierras, el catastro multipropósito, el fondo tierras, y la formalización de siete millones de hectáreas. Aunque existen otras propuestas como los planes rurales, los consejos de participación rural, asistencia técnica, el mejoramiento de vías terciarias entre otras, las primeras son los ejes centrales para aportar a una reforma integral en el país.

Este texto presenta elementos para una línea de base de Antioquia en torno a los temas principales que garantizan la implementación de la Reforma Rural Integral con el objetivo de que aporten al seguimiento de este proceso.

Este artículo hace parte del boletín Paz para el Cambio 

1. ¿Dónde está el fondo de tierras en Antioquia?

En el acuerdo de La Habana se propone entregar tres millones de hectáreas de tierra para campesinos sin tierra o con poca tierra. El decreto 902 de mayo de 2017, en su título III, Articulo 18, define la creación del Fondo de Tierras. Las fuentes que proveerán este fondo son seis:

  • Tierras provenientes de la extinción judicial de dominio a favor de la Nación.
  • Tierras recuperadas a favor de la Nación. Es decir, baldíos indebidamente apropiados u ocupados, recuperados mediante procesos agrarios, sin perjuicio de los campesinos y las campesinas que puedan ser beneficiarios del programa de formalización.
  • Tierras provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la Reserva Forestal, con destino a los beneficiarios y beneficiarias del Fondo de Tierras.
  • Tierras inexplotadas: tierras recuperadas mediante la aplicación del actual procedimiento de extinción administrativa de dominio, por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad.
  • Tierras adquiridas o expropiadas por motivos de interés social o de utilidad pública, adquiridas para promover el acceso a la propiedad rural, con la correspondiente indemnización.
  • Tierras donadas: el Gobierno Nacional adelantará las gestiones necesarias para facilitar los procedimientos de donación de tierras al Fondo, en el marco de la terminación del conflicto y la construcción de la paz.

El acuerdo propone adicionalmente otros dos mecanismos: subsidios de compra de tierra y créditos.[1]

Las dos primeras fuentes del fondo de tierras: los bienes de extinción de dominio y los baldíos del estado, son los principales instrumentos para cumplir esta meta. Por esta razón, se presenta la siguiente línea de base de estas fuentes en Antioquia, con el fin de hacer seguimiento a la implementación del punto uno del acuerdo de La Habana en el departamento.

1.1. Bienes de extinción de dominio: ¿qué se tiene en Antioquia?

Una de las fuentes más expeditas identificadas en el decreto 902 de mayo de 2017 para alimentar este fondo, son las tierras en extinción de dominio. ¿Qué tiene el Estado hasta el momento? ¿Qué prometen los ajustes legislativos que se están tramitando?

Jorge Enrique Vélez, como Superintendente de Notariado y Registro, afirmó en febrero de 2017, en entrevista con la Revista Semana que el fondo de tierras se conformaría con 2 millones de hectáreas que antes eran reserva forestal de la cuenca del Magdalena, y de un millón de hectáreas provenientes de extinción de dominio[2].

Los bienes de extinción de dominio son las propiedades incautadas por el Estado a los narcotraficantes, paramilitares y grupos guerrilleros, y son administrados por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. Desafortunadamente, ni hay acceso a la información existente, ni parece existir claridad de con qué cuenta el estado al respecto.

Falta de acceso a la información

Preocupa que después de solicitar a la Sociedad de Activos Especiales S.A.E. la información sobre bienes en extinción de dominio por medio de dos derechos de petición[3] realizados por el Instituto Popular de Capacitación –IPC-, estos han sido negados argumentando que la información es de reserva legal según el artículo 19 de la ley 1712 del 2014.

No es admisible que no se pueda conocer en que municipios de Antioquia hay bienes de extinción de dominio, ya que la información que se solicita es sobre el número de predios y el municipio donde está ubicado. No se pregunta por direcciones, ni datos personales o se afecta la seguridad nacional del país, que son los motivos por los cuales el Estado en el artículo 18 y 19 de la ley 1712 del 2014, sustenta no entregar información[4].

Este problema lo alerta la Contraloría General de la República (CGR) en un informe de  febrero del 2017, en la cual expresa su preocupación por el desconocimiento y la ingobernabilidad alrededor de los bienes de extinción de dominio, “…persiste la ausencia de control al manejo de los bienes incautados y extinguidos a favor del Estado: según las evaluaciones realizadas por la Contraloría de la República, la gestión de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con corte al primer semestre de 2016, muestra un balance desalentador, encontrando que esta situación ha llegado, en algunos casos, a favorecer a grandes empresas depositarias de propiedades confiscadas”.

Por esta vía, que más adelante se vuelve casi un camino de herradura, Tarcila regresa a su vivienda a más dos horas y media de distancia.
Por esta vía, que más adelante se vuelve casi un camino de herradura, Tarcila regresa a su vivienda a más dos horas y media de distancia.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue la asignación de bienes en extinción de dominio a grandes empresas. El caso denunciado muestra como a la empresa CEMEX se le entregó en Maceo (Antioquia) un predio de 442 hectáreas —eso es cercano a un 10% de las hectáreas restituidas en Antioquia— incluyendo adicionalmente título minero y dotaciones infraestructurales. Se afirma en el informe que “dichos predios tienen un prospecto de explotación de 1.000.000 de toneladas de mineral”. Todos estos beneficios fueron entregados a cambio de un arriendo de un millón de pesos; eso nos da que una hectárea, con todas esas dotaciones, es pagada por Cemex a un valor de $2.262; como quien dice, se la regalaron. En el año 2016, esta empresa es la segunda cementera en ganancias y utilidades después de Argos.

Pesa a la negación para la entrega de información, la prensa ha registrado que existen 362 bienes de extinción de dominio del Clan del Golfo avaluados en 201.474 millones de pesos y que están ubicados en Antioquia, Atlántico, Cesar, Sucre, Córdoba, Santander y Meta[5]. Adicionalmente en el plan de desarrollo del Gobernador Luis Pérez se identifica que en el departamento hay 486 bienes entre extintos y en proceso[6].

Según consultas realizadas a varios expertos y líderes, una parte de los bienes de extinción de dominio están en Urabá, y consultando a sus pobladores ellos mismos saben los nombres de algunas de esas fincas que en algún momento fueron de los paramilitares y de narcotraficantes, y que suman más o menos 7.700 hectáreas.

Otra alerta, es sobre el alcance que tendrán estos bienes para alimentar el fondo de tierras, especialmente, por los ajustes que recientemente recibió la ley que regula el uso que se les dará.

El proyecto de la ley que reforma el código de extinción de dominio fue conciliado en Cámara y Senado en el mes de mayo de 2017, y pasó a sanción presidencial. En los cambios, el artículo 22 reforma al 91 de la anterior ley, referido a la administración y destinación de los bienes incautados.

Si bien se define que los predios rurales en extinción de dominio tendrán una destinación para los compromisos adquiridos por el gobierno con el fondo de tierras, a renglón seguido afirma que:

“…de igual forma, por razones de seguridad y defensa, se podrán destinar de forma directa y definitiva predios rurales por parte del administrador del  Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), al Ministerio de Defensa Nacional para el desarrollo de proyectos de infraestructura de la Fuerza Pública y/o para el cumplimiento de sentencias judiciales, para la reubicación, movilización o traslado de las instalaciones destinadas a la Defensa y Seguridad previos estudios técnicos del Ministerio de Defensa. Su régimen de administración y destinación será reglamentado por el presidente de la República, siempre en acatamiento de lo dispuesto en el inciso anterior”.

Frente a este contexto, ya existe un caso en el Bajo Cauca Antioqueño, donde uno de esos predios en extinción de dominio, la hacienda Paraguay, ubicada en el municipio de Caucasia con una extensión de más de mil hectáreas, será usada para una base antinarcóticos.

Por estos motivos, es necesario estar atentos a la reglamentación de esta ley, porque se corre el riesgo de que una de las fuentes del fondo de tierras, que pretende avanzar en superar una de las mayores causas del conflicto: la tenencia de la tierra, de nuevo se destine a usos que pueden reactivarlo. Igual se hace necesario que el Estado entregue un informe de las tierras en extinción de dominio, así como corregir todas las irregularidades e injusticias que se repiten como la del predio entregado a grandes empresas como Cemex.

Por ello es clave la recuperación de los bienes de extinción de dominio entregados fraudulentamente. Solo hace falta voluntad política porque hay de donde construir un fondo de tierras, que, aunque sea en pequeña medida, repare la inequidad en el acceso a la tierra, profundizada en los últimos años.

1.2 Adjudicaciones de baldíos del Estado

Los baldíos del estado son otra de las fuentes definidas para la conformación del fondo de tierras, sin embargo el mismo gobierno reconoce públicamente que no sabe dónde están estos baldíos como lo afirmó recientemente el director de la Agencia Nacional de Tierras[7].

Aunque no se tiene información sobre los baldíos que existen en el departamento, sí se sabe dónde se entregaron de manera irregular y este punto se desarrolla en el siguiente apartado.

2. La formalización de la tierra, la titulación de baldíos y el inventario

El acuerdo firmado, plantea formalizar 7 millones de hectáreas a los campesinos que poseen la tierra y la han trabajado toda su vida. Avanzar en este propósito es un reto fundamental para garantizar una paz estable y duradera, pero para ello hay que transformar los obstáculos que se tienen y que pasan por la voluntad política del Estado en todas sus escalas territoriales.

2.1 Adjudicaciones de baldíos

Para el sociólogo y periodista Alfredo Molano, la manera como se han titulado los baldíos y a quienes se ha privilegiado con esta política, se identifica el centro de la estrategia de cómo se ha concentrado la tierra en Colombia. En Antioquia el asunto es visible.

Cuadro Adjudicaciones

De 23’431.557 hectáreas de tierras baldías adjudicadas hasta el año 2012 en el país, el 10% corresponden a Antioquia: 2’256.872 Ha. (Ver al respecto, Contraloría General de la Republica-CGR-. (2014). Actuación especial sobre acumulación de baldíos en la altillanura, página 64).

Ahora, con base en la información de los censos agropecuarios, uno podría decir que muchas de estas tierras adjudicadas se han ido a proyectos ganaderos que en muchas ocasiones son liderados por grandes terratenientes y no por campesinos, ya que se pasó de tener 3’911.619 hectáreas destinadas a pasto en el 1970, a más de 5’100.000 en el 2014 en el departamento de Antioquia, y al menos un 10% están en la subregión de Urabá.

Usos Suelo Antioquia

Por su parte, los informes presentados por el ex ministro Juan Camilo Restrepo y Andrés Bernal, en su libro La Cuestión Agraria, muestran los casos denunciados por adjudicación fraudulenta entre los años 2006 y 2012.

Baldios Entrega Irregular

Las apenas 5.203 hectáreas restituidas en Antioquia hasta diciembre de 2016, según Paola Cadavid, directora territorial de la Unidad de Restitución, equivalen al 1,7% de las 307.335 hectáreas adjudicadas fraudulentamente en Antioquia entre los años 2006 y 2012, según lo presentado en La Cuestión Agraria en Colombia[8].

Este problema de adjudicaciones irregulares se sigue presentando y en un informe reciente de la Contraloría General de la Nación del 9 de mayo de 2017 —casos ya denunciados hace tres años por Iván Cepeda—, se observa que quienes han concentrado históricamente la tierra se siguen aprovechando de manera fraudulenta de la adjudicación de baldíos que deben ser para campesinos. En el listado de acaparadores están el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia. También aparecen poderosos paisas como el senador y expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, Lina María Vélez Gaviria hija de William Vélez Sierra[9] y Ernesto Garcés a través de su empresa Sociedad Carlema S.A.  A este último le han adjudicado, según la CGR 1.182 hectáreas en Caucasia y Ayapel.

Si queremos avanzar hacia una paz estable y duradera, estas tierras deben ser devueltas.

Pero, ¿cuál es la extensión de baldíos hoy en manos del Estado?

La información sobre cuál es la extensión de las hectáreas baldías existentes hoy, se ha vuelto un misterio; el Estado no parece tener clara la información, pues los datos son ambiguos, aun desde las fuentes estatales. El Instituto Agustín Codazzi –IGAC-, informaba en el 2009 la existencia de 12’100.000 hectáreas baldías.[10] Por otro lado, el ex superintendente de Notariado y Registro en el 2015 afirmaba que existían 5 millones para el Fondo de Tierras y que ya tenían identificadas 2 millones[11], pero curiosamente en el 2017 estás se habían reducido a 1’200.000[12].  Adicionalmente, en octubre del 2015, el INCODER decía que al menos 4 millones de hectáreas debían estar registradas a nombre de la Nación[13]. ¿Quién tiene la razón?

2.2 Formalización de tierra para campesinos

Según el informe de la Misión Rural[14], el 60% de las propiedades en Colombia están en la informalidad, por este motivo el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por medio de la Resolución 112 del 28 de agosto de 2013, buscó formalizar tierra de manera masiva a campesinos que presentan la condición de poseedores de predios, es decir, habitar por más de diez años predios privados que no son habitados ni reclamados por el dueño.

Fruto de esta resolución se han formalizado 3.624 predios en Antioquia entre los años 2014 y 2016, como lo demuestra el siguiente mapa:

Fuente: construcción propia con base a respuestas a dos derechos de petición a la Agencia Nacional de Tierras con los siguiente radicados 20163130053192 y 20171102696
Fuente: construcción propia con base a respuestas a dos derechos de petición a la Agencia Nacional de Tierras con los siguiente radicados 20163130053192 y 20171102696

En el mapa se puede observar la geografía de la formalización:

  • En estos tres años las subregiones con el mayor número de formalizaciones son Urabá con 1.267, seguida del Suroeste con 884 y Nordeste con 591. Le siguen posteriormente Oriente, Norte y Valle de Aburra.
  • En tres subregiones de Antioquia no se han presentado procesos de formalización, Bajo Cauca, Occidente y Magdalena Medio.
  • Se debe revisar porque, la subregión de Urabá que es la zona con el mayor despojo de tierra y con el mayor número de solicitudes de restitución[15], presenta igualmente el mayor número de formalizaciones de tierra, sabiendo que dentro de la resolución 112 del 28 d agosto del 2013, se advierte que la formalización se debe hacer en zonas con bajos indicadores de despojo o donde este es disperso[16].
  • Un solo predio se formalizó en Apartadó y está ubicado en uno de los corregimientos más afectado por el conflicto y las violaciones a los derechos humanos, San José de Apartadó. Además el predio está en la vereda Buenos Aires a dos horas por trocha del casco urbano. Demostrando que es posible legalizar en zonas que no están estrictamente cerca de las vías[17].
  • Hay que hacer seguimiento a la formalización de tierra en algunas zonas que presentan altos problemas de orden público como es el caso de la vereda las Naranjitas del municipio de Arboletes en donde se legalizó predios a 28 familias. Según testimonios de la comunidad, en la actualidad este territorio es controlado por paramilitares y no hay presencia institucional en la zona[18].
  • Aunque la Agencia Nacional de Tierras presenta el número de predios formalizados no entregó la extensión de los mismos como se solicitó en el derecho de petición. Por este motivo es fundamental conocer la extensión con el fin de identificar cuánta tierra por procesos de pertenencia se ha entregado en Antioquia.
  • ¿Por qué se han presentado altas formalizaciones en municipios como Segovia (247), Remedios (344) que tiene problemas de minería?

3. El catastro en Antioquia genera dudas

La información catastral es un instrumento que le permite a las administraciones locales fortalecer las finanzas municipales, elaborar la estratificación socioeconómica, el ordenamiento territorial, formalizar la propiedad rural, identificar las propiedades en procesos de restitución de tierras y esclarecer el mercado bienes.

Según la ley[19] la información catastral se debe actualizar cada cinco años con el fin de identificar los cambios que se presentan en los predios y cobrar el impuesto predial correspondiente.

En este sentido, se presenta el contexto de los catastros de las zonas rurales de los municipios de Antioquia que son las que presentan las mayores tensiones con la tierra.

Mapa5_Actualizacion-catastral_rural

El mapa muestra los años en que se realizó el último catastro en los municipios de Antioquia organizados con un semáforo que permite identificar cuales cumplen la normal con color verde, cuales deben un periodo de tiempo y están en amarillo, cuales deben dos y están en rojo; y finalmente, están los que tienen un catastro demasiado desactualizado y van desde periodos de 1990. Estos son los resultados:

  • El 43% de los municipios de Antioquia tiene el catastro actualizado según la norma y por este motivo el color verde. 53 municipios.
  • El 38% de los municipios de Antioquia están atrasados un solo periodo y están en amarillo. 48 municipios.
  • El 11% de los municipios de Antioquia están atrasados en dos periodos de tiempo y están en rojo. 14 municipios.
  • El 8% de los municipios son casos extremos porque la última vez que realizaron actualización catastral en la década de los 90. 8 municipios.
  • Vigía del Fuerte es el único municipio donde no se conoce la última vez que realizó la actualización catastral.

De acuerdo con la información de Catastro Departamental estas son las subregiones y municipios de Antioquia con el porcentaje de catastro actualizado según la norma:

Catastro Departamental

 

Catastro Multipropósito

En el acuerdo final entre el Gobierno Nacional y las FARC –EP para darle un uso adecuado, productivo y sostenible a la tierra, se propone crear un Sistema General de Información Catastral, integral y multipropósito[20].

Catastro Departamental de la Gobernación de Antioquia, reconoce que la forma como se ha realizado la actualización catastral no logra dar la información real sobre el predio, la cartografía no es adecuada, no hay articulación entre el catastro y el registro, se mantienen los problemas de cabidas y linderos, los avalúos actuales no reflejan los precios reales y principalmente, hay conflicto de intereses en su realización.

A esto se suma que algunos mandatarios locales no tienen presupuesto para actualizarlo o presentan excusas para no hacerlo por presiones de actores de poder, que muchas veces son grandes terratenientes, los cuales no desean dar el dato real sobre la calidad del predio para así no pagar el impuesto que en realidad les corresponde, debilitando cada vez más la institucionalidad local.

Adicionalmente, la misma dependencia reconoce que algunos municipios tienen supuestamente catastros actualizados pero la información ha sido manipulada con el fin de no dar el dato real del predio. Esta consideración la confirmó la directora de la Unidad de Restitución de Tierras para Antioquia, Paola Cadavid, al afirmar que “Los catastros fueron manipulados para hacer creer que ciertos predios no existían, e incluso desaparecieron las fichas, haciendo mucho más complejo el proceso”[21].   

Por este motivo Catastro Departamental destaca las ventajas del catastro multipropósito, al reconocer que permitirá aportar en tener información concreta sobre la función económica, social y ambiental de la propiedad, se clarifican realmente los derechos de propiedad, los valores catastrales y principalmente, se fortalece la institucionalidad que no estaría afectada por factores de poder tanto legales como ilegales frente al pago real de los impuestos.

Fuente: Presentación de Catastro Departamental. Marzo 7 de 2017.
Fuente: Presentación de Catastro Departamental. Marzo 7 de 2017.

Ocho municipios en Antioquia son los pilotos para el catastro multipropósito

Frente a este contexto, el Gobierno Nacional con el fin de darle cumplimiento a los Acuerdos de La Habana ya priorizó la realización de catastros multipropósitos en algunos municipios del país. En Antioquia son los siguientes:

Fuente: Elaboración propia con base a la información de la Agencia Nacional de Tierras y la Gobernación de Antioquia
Fuente: Elaboración propia con base a la información de la Agencia Nacional de Tierras y la Gobernación de Antioquia

Son 8 municipios donde se realizará el catastro multipropósito y se identifica que no solo están los que presentan el catastro más antiguo como Nechí, Ituango o San Carlos, sino que igualmente se tomaron otros municipios que aparecen con un catastro actualizado como son los casos de Taraza y especialmente Cáceres que lo tenía al 2015.

¿La Gobernación de Antioquia si tiene las capacidades para hacer un Catastro Multipropósito?

Al entrevistar a un funcionario de Catastro Departamental de la Gobernación de Antioquia, sobre las acciones que viene realizando el departamento para apoyar en la implementación del catastro multipropósito se identifica que la dependencia no tiene personal. Afirma que durante la administración anterior, había entre 80 o 90 funcionarios[23] y en la actualidad son solo 50 funcionarios de planta y ningún contratista. El argumento que presentaba el funcionario era la espera de una ordenanza en la Asamblea Departamental con el fin de actualizar las oficinas del Departamento de Catastro. Sin embargo este órgano colegiado en medio de las tensiones con el mandatario departamental no ha aprobado la ordenanza[24].

4. Conclusiones y retos

 4.1. Permitir el acceso a la información

  • Es fundamental que las instituciones del Estado, en todas las escalas territoriales brinden información cierta y oportuna, para que la sociedad y sus organizaciones puedan contar con herramientas para aportar y ser veedores a la vez de la implementación de los acuerdos de paz.

4.2. Bienes en extinción de dominio

  • El Estado debe presentar de manera clara que bienes en extinción de dominio van al fondo de tierras.
  • Preocupa por ejemplo que la Gobernación de Antioquia en su plan de desarrollo departamental tenga propuesto destinar los bienes de extinción de dominio para proyectos agroindustriales, es decir ZIDRES,[25] aumentando de esta manera la concentración de tierras en pocas manos y no cumpliendo con el fondo de tierras acordado en La Habana.

4.3. Formalización de tierras

  • Se sugiere al Ministerio de Agricultura estar alertas en la formalización de tierra en zonas que al parecer presentan catastro actualizado, ya que como lo afirmó la directora de la Unidad de Restitución de Tierras para Antioquia, Paola Cadavid, “Los catastros fueron manipulados para hacer creer que ciertos predios no existían, e incluso desaparecieron las fichas”[26].
  • Preocupa que la subregión de Urabá que es la zona con el mayor despojo de tierra hacía campesinos y solicitudes de restitución[27], presentan igualmente el mayor número de formalizaciones de tierra, sabiendo que la legislación ha alertado que se debe hacer en zonas con poco despojo o disperso[28].

4.4. Adjudicación de baldíos

  • La Agencia Nacional de Tierras tiene la responsabilidad de entregar información certera de los baldíos, y retomar las alertas que las investigaciones que han hecho las entidades de control del Estado como la Contraloría y la Procuraduría sobre baldíos entregados de manera irregular.[29]
  • Antioquia tiene para el fondo de tierras 308.517 hectáreas[30] de baldíos adjudicados de manera irregular. La pregunta es, ¿cuándo los van a recuperar?
  • Realizar una audiencia pública en el departamento para que las entidades de control den a conocer que empresas y personas le adjudicaron baldíos de manera irregular.

4.5. Catastro multipropósito

  • Es urgente hacer catastro multipropósito en los municipios que presentan catastros demasiados antiguos. Esto con el fin de identificar realmente los predios y saber las tensiones que se presentan en esos territorios para no haber realizado actualización catastral.
  • Existen municipios de Antioquia que requieren con urgencia realizar el catastro multipropósito como los ubicados en la subregión de Urabá, porque cinco de sus once municipios lideran la mayoría de las solicitudes de restitución de tierra en Antioquia. Esto permitirá conocer, como lo denunciaba la directora de la Unidad de Restitución de Tierra de Antioquia, cuáles predios fueron manipulados con el fin de hacer desaparecer fichas prediales de campesinos despojados.
  • La ciudadanía tiene un papel fundamental para hacer control en la realización de los catastros multipropósitos con el fin de denunciar las irregularidades que se presentaron en algunos municipios con el tema del catastro.
  • Según un experto en el tema de catastros[31], la realización de un catastro multipropósito tiene un costo aproximado de 3.500 millones de pesos, es decir, que algunas autoridades municipales en compañía de una ciudadanía organizada, pueden solicitarle al Concejo Municipal destinar los recursos propios del municipio para hacerlo sin necesidad de esperar los dineros del Gobierno Nacional.
  • Se invita a la Alcaldía de Medellín a aportar en la realización de catastros multipropósitos en algunos municipios de Antioquia que presentan las mayores dificultades técnicas y financieras. Este apoyo sería una manera de apoyar los retornos y la reparación integral de las víctimas del departamento.

 

[1] Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. (2016). Colombia. P. 14

[2] Semana. (Febrero 24 de 2017). «En Colombia no sólo despojaron la tierra con plata o plomo». Recuperado de: http://www.semana.com/nacion/articulo/jorge-enrique-velez-superintendente-de-notariado-y-registro-habla-sobre-la-importancia-de-los-baldios-para-el-posconflicto/516627

[3] El primer derecho de petición se radicó el 19 de enero del 2017 con radicado 39178. El segundo derecho de petición se radico el 2 de marzo con radicado CE2017-004711.

[4] Por este motivo, se viene realizando una tutela para exigir la información

[5] Millonaria extinción de bienes a la esposa de alias “Otoniel”. Junio 21 de 2016. Para visualizar la nota visitar el siguiente link: http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/millonaria-extincion-de-bienes-a-la-esposa-de-alias-otoniel-AF4430435

[6] Plan de Desarrollo “Antioquia piensa en grande” 2016 – 2019. Pag 123. Para visualizar el documento visitar el siguiente link: http://www.antioquia.gov.co/images/pdf/ORDENANZA%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20DE%20ANTIOQUIA%202016-2019_FirmaEscaneada.pdf

[7] “El Estado no tiene ni idea dónde está la acumulación de baldíos”: Miguel Samper. www.verdadabierta.com. Mayo 4 de 2017. Para visualizar la nota visitar el siguiente link: http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/6625-el-estado-no-tiene-ni-idea-donde-esta-la-acumulacion-de-baldios-miguel-samper

[8] (http://www.elmundo.com/noticia/5-203-hectareas-de-tierra-se-han-restituido-en-Antioquia/43870)

[9] http://www.elnuevosiglo.com.co/index.php/articulos/05-2017-lupa-a-123-000-hectareas-de-baldios-vendidos

[10] IGAC (2012). Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia, pagina 112. Disponible en:  http://www.igac.gov.co/wps/themes/html/archivosPortal/pdf/atlas_de_la_distribucion_de_la_propiedad_rural_colombia.pdf

[11] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15517837

[12] «En Colombia no sólo despojaron la tierra con plata o plomo». www.semana.com. Febrero 24 de 2017. Para visualizar la nota visitar el siguiente link: http://www.semana.com/nacion/articulo/jorge-enrique-velez-superintendente-de-notariado-y-registro-habla-sobre-la-importancia-de-los-baldios-para-el-posconflicto/516627

[13] http://www.eltiempo.com/politica/justicia/terrenos-baldios-comenzo-plan-del-incoder-para-ubicarlos/16392634

[14]  Misión para la Transformación del Campo. Saldar la Deuda Histórica con el Campo. Marco conceptual de la Misión para la Transformación del Campo *.  Documento elaborado por: José Antonio Ocampo – Jefe de Misión.

 Bogotá D.C., Octubre de 2014

[15] Solicitudes de restitución de Tierras en Urabá. Apartadó (616), Arboletes (567), Carepa (219), Chigorodó (383), Murindó (6), Mutatá (724), Necoclí (566), San Juan de Urabá (28), San Pedro de Urabá (353), Turbó (2534) y Vigía del Fuerte (29)

[16] Resolución 112 del 28 de Agosto de 2013 ART. 1º—Priorización de las zonas de formalización. 2. Zonas con bajos índices de despojo (disperso o bajo).

[17] Entrevista a campesinos del corregimiento de San José de Apartadó

[18] Taller con reclamantes de tierra del 2 de mayo del 2017 en Arboletes.

[19]  Artículo 79 de la Ley 223 de 1995.

[20] Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Noviembre 24 de 2016. Pág. 19

[21] Relatoría del III Encuentro de Pensamiento Latinoamericano Tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible Octubre 5 y 6 de 2016 Medellín, Colombia. Pag 29

[22] Municipio piloto para un nuevo sistema de información catastral. Gobernación de Antioquia. Oficina de Comunicaciones. Medellín. Abril 27 de 2017.

[23] Entrevista al Abogado de Catastro Departamental Albeiro Rojas Buriticá. Marzo 7 de 2017.

[24] Tensión entre el gobernador y la Asamblea Departamental. www.elmundo.com. Abril 30 de 2017. Para visualizar la nota visita el siguiente link: http://www.elmundo.com/noticia/Tension-entre-el-gobernador-y-la-Asamblea-Departamental/51396

[25] Plan de Desarrollo “Antioquia piensa en grande” 2016 – 2019. Pag 123. Para visualizar el documento visitar el siguiente link: http://www.antioquia.gov.co/images/pdf/ORDENANZA%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20DE%20ANTIOQUIA%202016-2019_FirmaEscaneada.pdf

[26] Relatoría del III Encuentro de Pensamiento Latinoamericano Tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible Octubre 5 y 6 de 2016 Medellín, Colombia. Pag 29

[27] Solicitudes de restitución de Tierras en Urabá. Apartadó (616), Arboletes (567), Carepa (219), Chigorodó (383), Murindó (6), Mutatá (724), Necoclí (566), San Juan de Urabá (28), San Pedro de Urabá (353), Turbó (2534) y Vigía del Fuerte (29)

[28] Resolución 112 del 28 de Agosto de 2013 ART. 1º—Priorización de las zonas de formalización. 2. Zonas con bajos índices de despojo (disperso o bajo).

[29] “El Estado no tiene ni idea dónde está la acumulación de baldíos”: Miguel Samper. www.verdadabierta.com. Mayo 4 de 2017. Para visualizar la nota visitar el siguiente link: http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/6625-el-estado-no-tiene-ni-idea-donde-esta-la-acumulacion-de-baldios-miguel-samper

[30] La sumatoria de las hectáreas identificadas en la investigación del ex ministro y el último informa de la Controlaría General de la Nación.

[31] Entrevista a un experto en formalización de Tierras. Nombre reservado a petición de la fuente por razones de seguridad.