El reconocimiento de que la tierra está al centro del conflicto y de que 8’115.153 víctimas registradas hasta el mes de mayo por la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral de Víctimas merecen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición tras el conflicto armado de 53 años, pone no solo al Gobierno y a las FARC sino al conjunto de la sociedad en el reto y la responsabilidad ética y moral de aportar a transformar esta realidad.
Esta presentación hace parte del boletín Paz para el Cambio
Antioquia tiene el índice más alto del país en concentración de la tierra, y uno de los más altos en despojo. Un 22% de la población desplazada a nivel nacional (1’614.058 personas) está en este departamento, al igual que muchas de las familias campesinas cultivadoras de coca.
Además del despojo violento y la adjudicación de tierras baldías, a través de procesos fraudulentos se viene beneficiando a los mismos empresarios y terratenientes que han acumulado tierra, poder y, en muchos casos, han financiado estructuras paramilitares. Entretanto, la restitución de tierras avanza a paso de tortuga y no repara a los campesinos despojados.
La promesa de los acuerdos que pretenden avanzar hacia un nuevo campo colombiano y promover una nueva política antidrogas, que no criminalice a los campesinos cultivadores de coca, sino que por el contrario los constituya en sujetos de derechos, entre ellos al derecho a la tierra, debe volverse realidad y por tanto es fundamental identificar como está el departamento para disponerse a la implementación de los acuerdos.
De 170 municipios priorizados en el país para la primera fase de implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 24 están en Antioquia. En ellos se requiere un proceso de articulación de los actores del territorio para que sean actores claves en el proceso de implementación.
Tener información veraz y oportuna es uno de los requerimientos para ello, por eso entregamos en este boletín algunos insumos, teniendo en cuenta que nos enfrentamos al reto de acercar a la realidad la formalización de 7 millones de hectáreas tierra y la creación de un fondo de 3 millones de hectáreas para labriegos sin tierra o para quienes acceden a ella de manera insuficiente, con el reto de que se avance en un proceso de concreción de una Reforma Rural Integral para la paz y la no repetición.
