Es un día trascendental para la sociedad colombiana, reconocido por propios y extraños, porque se ha cerrado un ciclo del conflicto armado, con la ceremonia en Mesetas, Meta, de dejación de armas individuales de las FARC – EP, marcando un punto de quiebre al decidir esta guerrilla pasar de las armas a la palabra, pasar del alzamiento armado a la lucha política, en el marco de la legalidad y con las reglas de juego de la democracia en Colombia.

Este es un proceso de dejación de armas individuales que culmina hoy 27 de junio de 2017 con la entrega de 7.132 armas, la mayor parte de ellas ya almacenadas en los contenedores de la Misión de la ONU, y que deberán ser extraídas de las zonas y puntos transitorios máximo al 1 de agosto, luego de trazarse y llevarse a cabo parte de una hoja de ruta definida a finales de mayo para la dejación de armas y tránsito a la legalidad de las FARC-EP.

Este hecho se materializa luego de la declaración hace poco más de diez meses del cese bilateral del fuego y de hostilidades que ha sido cumplido a cabalidad tanto por la guerrilla como por las Fuerzas Militares. Así mismo, de lograr culminar la movilización a las zonas veredales y puntos transitorios de normalización de más de 6.800 guerrilleros en el mes de febrero. Compromiso que se suma a la destrucción de 77 caletas de las 900 con armamentos y explosivos reportadas a la ONU por la misma insurgencia, y que sería culminado para el 1 de septiembre. Ya para aquel momento, las FARC-EP habrán cumplido parte importante de su tarea para reincorporarse a la vida civil y constituirse en un movimiento político, tras haber abandonado la vía militar como una de sus formas de lucha desde hace 53 años.

En sí mismo, este acontecimiento marca diferencias significativas con anteriores acuerdos de paz con otras guerrillas, en la relación hombre–arma entregada. Como lo señalan los registros existentes, en la negociación con el M-19 se entregaron 280 armas por 917 desmovilizados en 1990; en el caso del EPL se entregaron 600 armas y se reinsertaron 2.200 hombres en 1991; con la Corriente de Renovación Socialista, CRS, (disidencia del ELN) en 1994  se dio la desmovilización y reinserción a la vida civil de 600 integrantes de ese movimiento, 300 de ellos armados. De otro lado, con la desmovilización de 31.689 miembros de las AUC entre 2003 y 2006, fueron entregadas 18.024 armas.

Para el acuerdo de paz que actualmente se implementa con las FARC, las cifras de entrega de armas son muy superiores a los procesos mencionados, no solo por la dejación de armas individuales constatadas por los registros de la ONU (7.132 armas en relación con más de 6.800 guerrilleros concentrados) sino porque aún hace falta tener el registro de la totalidad de armas que se encuentren en las 900 caletas, lo que seguramente aumentará la relación existente.

De tal manera que uno de los aspectos fundamentales del hecho ocurrido, es la separación hombre–arma, como bien lo señaló el analista León Valencia en un foro reciente en Medellín. Se acaba una relación unitaria, reciproca y de coordinación entre ambos factores, hombre y arma, que demuestra la voluntad consciente de tránsito a la vida civil y política de la insurgencia, donde el arma se transforma a la palabra, como el instrumento para la lucha en el universo de las ideas políticas. El monopolio de las armas se reconoce en el Estado, pero a su vez este también asume la responsabilidad de garante de la vida e integridad de los Otros que han renunciado a las armas para ejercer la contienda política. He aquí uno de los sentidos profundos de la negociación del actual conflicto armado.

Sin embargo, a pesar de las cifras y constatación de los hechos de paz de la guerrilla de las FARC y la voluntad demostrada por el gobierno de Juan Manuel Santos de sacar adelante el proceso, la sociedad colombiana aún no se entusiasma ni celebra como ocurrió en las negociaciones anteriores. Esto nos lleva a pensar en una política del reconocimiento, en la cual ese Otro sea digno de valor y respeto. El reto es superar el odio y la polarización para transitar los caminos de la reconciliación social y política. Ello supone una profunda transformación de la cultura política que nos embarque en un proyecto cultural más solidario, conviviente y democrático para las futuras generaciones del país. En últimas, abrir la puerta a la relación hombre–palabra.

*Las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no comprometen al Instituto Popular de Capacitación (IPC).

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