Tras seis meses de haber sido expedida la Ley 1820 de 2016, “por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales”, menos del 30% de los presos políticos de las FARC han sido beneficiados con esas medidas, contempladas en los Acuerdos de Paz suscritos en noviembre entre esa guerrilla y el Gobierno Nacional.

Debido a esa situación, organizaciones sociales y políticas participaron este jueves en una jornada carcelaria nacional para exigir la aplicación de la Ley y, por ende, la libertad de los prisioneros políticos. En el caso de Medellín, la movilización se concretó a través de un plantón realizado enfrente del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

En esta ciudad la jornada fue convocada por el equipo de la Corporación Nibaru, una organización jurídica que hace parte de la coalición nacional “Larga vida a las mariposas” y que trabaja por la defensa y liberad de los prisioneros políticos de las FARC en cárceles de los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba.

Desde las cárceles, los prisioneros políticos han enviado mensajes al Gobierno Nacional exigiendo su libertad. Foto: Corporación Nibaru.
Desde las cárceles, los prisioneros políticos han enviado mensajes al Gobierno Nacional exigiendo su libertad. Foto: Corporación Nibaru.

Según datos de la Coalición, presentados por Nibaru, “de 3.400 personas reconocidas por las FARC como sus prisioneros, solo 2.400 han sido certificados por el Alto Comisionado para la Paz. A estos últimos, les han otorgado 285 amnistías, 264 libertades condicionadas y 283 traslados a zonas veredales, para un total de 832 beneficiarios de la Ley 1820”.

Al respecto Urbano Rico, coordinador de Nibaru, aseguró que faltan por excarcelar aproximadamente 2.500 prisioneros políticos, que equivalen a más del 70%. De estos, añadió, algunos tienen sus procesos atrancados en la justicia ordinaria –cuando deberían pasar a la Jurisdicción Especial de Paz–, y otros, a los que se les concedió algún beneficio de excarcelación, no se les ha hecho efectiva la medida.

Aseguró, además, que el plantón era la forma de vincularse con la huelga de hambre en la que se encuentran alrededor de 1.400 prisioneros políticos en 24 centros de reclusión de distintas regiones del país. A este acto de desobediencia, que inició el lunes e irá hasta mañana, se unieron Jesús Santrich, miembro del Estado Mayor de las FARC, y algunos excombatientes que se encuentran en zonas veredales.

Prisioneros políticos en Antioquia

Paola Duque, representante legal de la Corporación Nibaru, informó que para el caso de Antioquia, los prisioneros políticos reconocidos por las FARC suman 127. Según indicó, estas personas se hallan recluidas principalmente en las cárceles de Bellavista, Pedregal e Itagüí; otras se encuentran en establecimientos penitenciarios de subregiones como Urabá, Bajo Cauca y Magadalena Medio.

De las 127 solicitudes de excarcelación de ese grupo de prisioneros, precisó, les han sido concedidas aproximadamente 55 amnistías, 12 libertades condicionadas, 15 traslados a zonas veredales, y aproximadamente unas 25 formas de excarcelación mixtas: personas que fueron amnistiadas y recibieron libertad condicionada, o que fueron amnistiadas y trasladadas a zonas veredales.

Por otro lado, puntualizó que 40 de esas 127 solicitudes han sido denegadas, “algunas de manera inexplicable” por lo cual se encuentran en fase de apelación, y  otras “están pendientes para ser resueltas en primera instancia, aun cuando fueron presentadas hace más de dos o tres meses, y la Ley establece que el término máximo para resolver este tema de las libertades es de diez días”.

En ese sentido, y refiriéndose a la totalidad de prisioneros políticos, expresó su preocupación por situaciones como las de personas que no han sido reconocidas por jueces y fiscales como militantes de las FARC por no tener aún las certificaciones emitidas por el Alto Comisionado para la Paz. Sin ese requisito, cerca de 900 presos no pueden acceder a los beneficios de excarcelación.

También le preocupa el hecho de que la fecha límite para la liberación de los presos políticos era el pasado 20 de junio, pero por las respuestas negativas y los retrasos de las autoridades judiciales, ellos podrían quedar en un estado de indeterminación. “En este momento tenemos la incógnita de qué va a pasar con quienes no han sido liberados para la fecha, porque se supone que las zonas veredales se acaban también”.

Gobierno y Rama Judicial habrían incumplido

Urbano Rico, Paola Duque y Patricia Llano, también integrante del equipo de la Corporación Nibaru, coincidieron en que el origen de la problemática que viven los prisioneros políticos de las Farc –quienes padecen, igual que el restos de reclusos, el hacinamiento y demás violaciones a los derechos humanos en las cárceles– radica en que el Estado y su Rama Judicial han incumplido con la aplicación de la Ley.

Por eso rechazaron y denunciaron, a través de un comunicado, “la actuación de algunos jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, jueces de conocimiento y fiscales que desconocen abiertamente la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de 2017, y de paso desconocen la vigencia legal de la Jurisdicción Especial para la Paz”.

Asimismo, criticaron que esas autoridades judiciales estén tomando decisiones sobre la situación de los presos políticos “basadas en valoraciones subjetivas, con una alta carga política e ideológica –asociada a sus posturas con respecto a los Acuerdos de Paz– que les impiden resolver favorablemente las solicitudes de amnistía e indulto, libertades condicionadas o traslados a zonas veredales”.

Ante eso, anunciaron que continuarán defendiendo jurídicamente a los prisioneros políticos reconocidos por las FARC entre quienes se hallan guerrilleros que fueron capturados y continuaron militando desde las cárceles, milicianos y colaboradores, y líderes sociales estigmatizados y criminalizados, para que puedan acceder a sus derechos y participen en la implementación de los Acuerdos de Paz.

No hay comentarios

Dejar respuesta