Comunicado Público

Medellín, 7 de julio de 2017

La noticia sobre la detención del Secretario de Seguridad de la Alcaldía de Medellín, Gustavo Villegas Restrepo, con base en una investigación de la Fiscalía General de la Nación, genera perplejidad, incertidumbre e inseguridad a la ciudadanía y a las instituciones. Para el Instituto Popular de Capacitación (IPC), esta situación demuestra el fracaso de la política de seguridad del Alcalde, Federico Gutiérrez, sobre la cual nuestra organización ha hecho múltiples alertas y advertencias. Ver Política de Seguridad de Medellín cae en el populismo punitivo

El 25 de noviembre de 2015, el alcalde electo para la ciudad de Medellín,  Federico Gutiérrez, anunció por las redes sociales que la “seguridad no es de izquierda ni de derecha, es un derecho y es un punto de partida” además enfatizó que la ciudad requiere recuperar su seguridad y por ello proclamó que quien estaría al frente de la tarea central de su mandato era Gustavo Villegas. Designación que de inmediato generó dudas, resquemores y fundados cuestionamientos, pues muchas organizaciones sociales y periodistas salieron a debatir con argumentos y circunstancias lo inconveniente para la ciudad de ese nombramiento, ya que el nuevo encargado de la seguridad tenía  una historia de acciones y relaciones que generaban un manto de duda, poca confianza y credibilidad,  sin embargo  y a pesar de ello el nuevo alcalde, Federico Gutiérrez, desconociendo la participación política en el diseño de políticas públicas y  las situaciones de vulnerabilidad y desigualdad en los diversos territorios, lo impuso sin mayor argumentación.

El nombramiento de Gustavo Villegas al cargo de secretario y toda la estrategia de seguridad ha sido la consigna central del actual de alcalde de Medellín. Desde el primer día de su gobierno anunció el incremento policial, de tecnologías y la militarización del centro y algunas de las comunas de la ciudad y, muy a pesar de los hechos que en otrora  vivió la ciudad como la operación Orión, el enfoque privilegiado por el alcalde electo y  su secretario de seguridad designado ha sido la coerción, la confrontación, el enfrentamiento por redes sociales, lo mediático, es decir el populismo punitivo materializado en su mayúsculo nivel.

La alcaldía de Federico Gutiérrez en sus 18 meses de gobierno ha dado rienda suelta a un espectáculo mediático, consistente en la persecución de ínfimos actos delincuenciales, en aras de mostrar eficiencia en la acción institucional contra el delito, pero sin evidenciar, de manera certera, cuáles son los resultados, en términos estructurales, de dichas ejecutorias.  El rumbo de acción trazado no conduce a una resolución sostenible en el tiempo de los problemas de derechos humanos y seguridad de la ciudad

En consecuencia desde el IPC requerimos:

1. Ante la gravedad de la imputación formulada, y la solidez de los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General en contra del señor Gustavo Villegas, esperamos que el resultado del proceso penal se dé en un marco de respeto por las normas del Estado Social de Derecho, en particular las referidas a la observancia del debido proceso y la presunción de inocencia, derechos fundamentales que le asisten a cualquier persona, y que se constituyen en parámetros insoslayables de legitimidad en la actuación de cualquier rama del poder público.

2. Objetamos todo tipo de afirmaciones conjeturales tendientes a desvirtuar la actuación de la Fiscalía General de la Nación y de la rama jurisdiccional, provenientes de medios de comunicación, funcionarios públicos y miembros de organizaciones de la sociedad civil; fundadas en especulaciones que pretenden de antemano absolver de cualquier responsabilidad al señor Villegas, las cuales incluso se difundieron irresponsablemente, sin haberse surtido siquiera las primeras audiencias preliminares y etapas procesales que deben seguirse en la actuación penal, para al menos tener un mínimo de información que permitiera valorar la actuación de la Fiscalía. Si bien es cierto que el exsecretario de seguridad ha ocupado diferentes cargos públicos, y que puede gozar de ciertas cualidades o virtudes personales, ello no es óbice para que haya podido incurrir en una conducta sancionable en el ámbito penal.

En este sentido, hacemos un llamado a rodear y respetar la actuación de la Fiscalía y de la rama jurisdiccional, de tal forma que no se afecte su autonomía e independencia al momento de apreciar la responsabilidad que se le pueda o no atribuir al señor Gustavo Villegas.

3. Demandamos que el alcalde, Federico Gutiérrez, así como la Fiscalía General de la Nación, expongan a la ciudadanía en general, cuáles son las políticas de negociación y sometimiento a la justicia que se han venido desarrollando con estructuras criminales de la ciudad. Resulta inadmisible que mientras el alcalde Gutiérrez reniega y cuestiona el actual proceso de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, el cual se ha desarrollado de manera pública y transparente; se hayan venido adelantando presuntamente procesos clandestinos y brumosos con estructuras criminales de la ciudad, que ha conducido a la entrega de miembros de las mismas a las autoridades, con el agravante de que dichos procesos no se han llevado con la observancia de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Mucho más grave aún es que, tal parece ser, estos procesos de sometimiento a la justicia estarían conduciendo a una gran operación de lavado y legalización de activos obtenidos de forma criminal, además de mantener incólumes a las élites políticas y económicas que han sostenido y se han beneficiado del accionar de la criminalidad en la ciudad. Es inverosímil creer que los problemas de violencia armada y criminalidad organizada en la ciudad, pasan exclusivamente por las bandas y combos que hacen presencia en los diferentes territorios, sin ningún tipo de respaldo en las altas esferas sociales, políticas y económicas. Son varios los indicios acumulados, los cuales pasan por las comprobadas actitudes aquiescentes, conniventes y cómplices de personas que han ocupado cargos claves en la institucionalidad pública (Fiscalía, Policía, Alcaldía, etc.); así como por las sindicaciones que el gobierno estadounidense ha realizado en contra de varios empresarios regionales, señalándolos de ser financiadores o partícipes de estructura criminales.

4. Consideramos que Medellín requiere una política de derechos humanos integral, en lugar del artificio de la seguridad, que mantiene anestesiada a la ciudad con la oferta de medidas represivas y autoritarias espectaculares, que no transforman los problemas estructurales de nuestro entorno. Es este el momento, para superar la obnubilación con la reducción de indicadores, obtenidos a partir de acuerdos non sanctus con la criminalidad para proyectar una imagen de ciudad segura, mientras la mayoría de la población permanece expuesta a situaciones de precariedad económica y riesgo para la vida e integridad personal, por factores medioambientales o de mala atención en salud.

5. Es necesario que se establezca un proceso diáfano y público que conduzca al desarme de las estructuras criminales de la ciudad, con la garantía plena de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, develando sobre las diferentes rutas que se han seguido en Medellín para consolidar un modelo mafioso de control territorial.

Instituto Popular de Capacitación (IPC)

Medellín, 7 de julio de 2017