Comunicado público – 11 de julio de 2017
Desde el año 2015 se ha venido incrementando la presencia de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el corregimiento de San José de Apartadó en una operación estratégica que busca controlar la vida, la acción y los recursos de las comunidades en esa zona del Urabá antioqueño.
El hecho más reciente ocurrió en la madrugada de este martes 11 de julio cuando paramilitares pintaron al menos 20 viviendas en la cabecera del corregimiento con las siglas AGC y mensajes como: “llegamos para quedarnos”. A lo que hay que recordar que ya en abril de 2016 el mismo grupo había hecho pintas en varias viviendas del lugar incluso sobre los letreros de Comunidad de Paz, sin que en ninguna de estas ocasiones las autoridades detuvieran la incursión pese a que en el corregimiento hay una estación de policía y una base de la Brigada XVII del Ejército.
Es necesario aclarar ante la opinión pública nacional e internacional que esta situación presenta signos de aceleración en coincidencia con la salida del Frente 5 de las FARC-EP lo que indicaría que no sería el Estado colombiano el que está copando el territorio dejado por ese grupo insurgente tras el acuerdo de paz, sino que seria los grupos posparamilitares, en este caso las Autodefensas Gaitanistas.
Un recordatorio de hechos es el siguiente: El 27 de octubre de 2015, en la vereda Arenas Bajas, los habitantes se encontraron con paramilitares que los señalaron como auxiliadores de la guerrilla y amenazaron con retomar la zona a sangre y fuego. El 2 de noviembre de 2015 líderes comunitarios atendieron un desplazamiento masivo de campesinos ante las amenazas de paramilitares en la vereda La Esperanza de donde salieron 47 familias. El 21 de marzo de 2016, la comunidad denunció enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros en la vereda La Hoz. El 3 de febrero de 2017 la Comunidad de Paz de San José de Apartadó denunció que paramilitares violaron a una jovencita en la vereda La Hoz y amenazaron a varios de sus líderes. El 17 de mayo de 2017, voceros de la Asociación de Campesinos de San José de Apartadó (Acasa) denunciaron el desplazamiento de dos de sus líderes por amenazas de los paramilitares. Y el 7 de julio, habitantes de la vereda La Cristalina denunciaron una incursión de los paramilitares en la que también pintaron letreros con las iniciales AGC sobre la escuela y varias viviendas.
Es de anotar que desde el año 2009 el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, en informe de riesgo Nº 003-09 del 17 de febrero, alertó sobre la presencia de grupos posparamilitares patrullando la carretera que conduce al corregimiento San José de Apartadó, específicamente en Caracolí. Y en agosto de 2013, Acasa registró que el ingreso de paramilitares a La Hoz y Rodoxalí generó el desplazamiento masivo de treinta familias de esas veredas.
También es necesario dar a conocer que estas acciones ocurren en un territorio con fuerte presencia del Ejército y la Policía y, en ese sentido, no se puede argumentar que no se tiene conocimiento de los hechos que allí vienen sucediendo.
Así mismo, el Gobierno nacional a través del Proceso Social de Garantías directamente en su momento con el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo —quien el 24 de febrero de 2017 hizo un reconocimiento en San José de Apartadó a los defensores de derechos humanos—, y del Vicepresidente, Óscar Naranjo —quien el 22 de abril de 2017 se reunió en Apartadó con autoridades locales de Urabá para reiterar compromisos en seguridad— tienen un conocimiento pormenorizado del proceso de asentamiento paramilitar en la región de Urabá y en particular en San José de Apartado.
De igual forma llamamos la atención sobre la postura asumida por la Alcaldía de Apartado y la gobernación de Antioquia que mediante acciones mediáticas, como se ha puesto de moda, hacen presencia fugaz en una vereda para “supuestamente” demostrar que no está ocurriendo nada, como lo hicieron en su momento la Alcaldía de Apartadó y la Brigada XVII del Ejército en la vereda Rodoxalí, y como sucedió recientemente con la Secretaría de Gobierno de Antioquia, Víctoria Eugenia Ramírez, en la vereda La Cristalina.
Este video circuló por redes sociales en Urabá
Lo que se hace necesario es frenar este fenómeno que se viene denunciando antes de que sea inmanejable. No se puede permitir el desplazamiento de una sola familia del corregimiento.
Por ello exigimos:
- Protección de la comunidad y, para su permanencia en el territorio, la presencia de la Comisión de Garantías de Seguridad derivada del Acuerdo de Paz firmado en el Teatro Colón.
- De la Fiscalía General de la Nación, un avance sobre las investigaciones penales tendientes a esclarecer las responsabilidades sobre este fenómeno que desplaza comunidades, se apropia de sus territorios, sus riquezas y medios de vida mediante acciones de amenazas y violencia directa.
- De la Procuraduría General de la Nación, investigaciones disciplinarias por la actuación de todas las autoridades locales, regionales y nacionales respecto a estos hechos. Y de ser el caso, que la Fiscalía adelante las investigaciones penales a que haya lugar en este campo.
- De la Defensoría del Pueblo, un plan urgente y especializado en la protección de las y los líderes del corregimiento.
- De la Personería de Apartadó, un informe sobre cuales medidas de prevención y protección en materia de derechos humanos se vienen aplicando respecto a esta situación.
- De la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (Uariv), la implementación de un macro plan de prevención del desplazamiento forzado y de retorno de las familias desplazadas que en los últimos 20 años se vieron obligadas a abandonar su territorio.
- De la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución de Tierras, la aceleración en los procesos de titulación de predios, formalización y restitución de tierras.
Instituto Popular de Capacitación —IPC
11 de julio de 2017
