El pasado 13 de julio el Ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez, se reunió en Medellín con algunas organizaciones sociales y derechos humanos para analizar la situación en este campo en la ciudad y el departamento.
Luego del encuentro, el Ministro y las organizaciones llegaron a un acuerdo para desarrollar una agenda de trabajo que contribuya al debate público y al mejoramiento de las condiciones de derechos humanos en la región.
En entrevista con la Agencia de Prensa del IPC, el Ministro Rivera se refirió a los avances con la implementación del acuerdo de paz, el desmonte del paramilitarismo y la protección a líderes y defensores de derechos humanos en Colombia.
Ministro, ¿cómo van las iniciativas del fast-track para la implementación del acuerdo de paz con las FARC?
El Congreso ya aprobó tres actos legislativos y tres leyes, y en este momento tenemos en trámite siete iniciativas. El próximo 20 de julio vamos a radicar ante el Congreso otras reformas constitucionales y otras iniciativas de ley.
El propósito nuestro es culminar este año la implementación normativa del acuerdo. Creemos que tenemos mayorías en el Congreso para lograrlo y esperamos trabajar muy intensamente este segundo semestre de 2017 para terminar este trabajo de implementación normativa del acuerdo.
¿Cuáles son algunas de esas iniciativas que están en la agenda?
La Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es muy importante porque es la que desarrolla la reforma constitucional que creo la JEP, y es la que permitiría que los magistrados que van a estar elegidos el 26 de septiembre empiecen a trabajar en esta nueva jurisdicción de la paz.
En días recientes la Procuraduría le hizo una solicitud a la Corte Constitucional para que declare inexequible el decreto 902 de 2017, Ley de Tierras, ¿qué representa esto para el acuerdo de paz?
La Procuraduría está en la obligación de emitir sus conceptos ante el control de constitucionalidad que hace la Corte, el Gobierno está confiado que lo que ha expedido en materia de decretos está ajustado al acuerdo, y esperamos que la Corte lo declare exequible.
¿Cómo avanzan los procedimientos para el desmonte del paramilitarismo acordados en La Habana?
Ya está en trámite en el Congreso de la República una reforma constitucional que reivindica el monopolio de la fuerza y de las armas en cabeza del Estado. Además estamos trabajando desde la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en una serie de acciones para perseguir a estas organizaciones criminales que atentan contra el proceso de paz y ya se empiezan a evidenciar resultados. Se ha disminuido el número líderes sociales y de organizaciones de derechos humanos asesinados. La Fiscalía está capturando a los responsables de estos crímenes.
El tema de las garantías a defensores de derechos humanos está priorizado en la agenda del Gobierno. ¿Qué otras acciones se vienen desarrollando?
Es una absoluta prioridad para el Gobierno ofrecerles garantías a los defensores de derechos humanos y a los líderes sociales. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad viene trabajando en varias líneas de acción. Ya se conformó un cuerpo élite de la policía nacional para perseguir a estas organizaciones criminales que atentan contra defensores de derechos humanos y contra líderes sociales, y estamos perfectamente articulados con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de quienes integran estas organizaciones criminales que además vienen asesinando y amenazando a líderes sociales y defensores de derechos humanos.
En territorios como Bajo Cauca, Norte, Urabá, específicamente en San José de Apartadó, las comunidades vienen denunciando la expansión del paramilitarismo. ¿Cuál va a ser la actuación del Gobierno en esos territorios?
El Gobierno nacional tiene la convicción, la decisión y la determinación de perseguir a estas organizaciones criminales y ponerlas a buen recaudo de la justicia.
Hablando sobre el caso de Medellín, ¿cuál es la postura del Gobierno nacional frente a la propuesta de un proyecto ley para el sometimiento a bandas criminales en la ciudad? Iniciativa sobre la que al parecer venía trabajando el exsecretario de Seguridad, Gustavo Villegas, detenido por presuntos nexos con La Oficina
Para el Gobierno nacional las estructuras de crimen organizado tienen que ser sometidas a la justicia, y en eso el Gobierno no tiene ninguna duda, no hay lugar para pensar que el Gobierno esté evaluando algún tipo de negociación, de ninguna manera, lo único que el Gobierno ha expresado, y así ha actuado, es persecución a estas estructuras de crimen organizado. Hay que perseguirlas para someterlas a la justicia.
¿Qué tan grave es para la institucionalidad que sea detenido un Secretario de Seguridad por presuntos nexos con organizaciones criminales?
Nosotros frente a ese hecho lo único que expresamos es que respetamos las decisiones de la justicia, que será la que establezca si hay o no responsabilidad de esta persona.
