Preocupación dejó entre campesinos y afros del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó la intervención de la Unidad de Restitución de Tierras durante la asamblea general de socialización y validación de la caracterización de afectaciones al territorio y las pretensiones de la demanda de restitución, realizada entre el 21 y 22 de julio en la comunidad de La Punta.

Entre los asuntos que más preocupan a las comunidades afros y campesinas reclamantes en el proceso, están las dilaciones de la Unidad para presentar la demanda de solicitud de restitución; la precariedad que tuvo el informe de caracterización de las afectaciones al territorio; la persistencia de los desalojos adelantados por la Fuerza Pública; y la continuidad de amenazas y agresiones provenientes de algunos empresarios y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Tal vez fue el informe sobre la caracterización de las afectaciones al territorio el que levantó mayores críticas, porque el consejo construyó un documento que fue entregado a la Unidad de Restitución de Tierras (URT), pero esa institución presentó un informe que para Borlyn Valencia, líder de la comunidad La Loma y exrepresentante legal del consejo Comunitario, no refleja la problemática territorial.

“Desde el año 2014 venimos haciendo una caracterización de las diferentes problemáticas que les pasaron a las comunidades, pero hoy vemos con mucha preocupación que eso no se refleja en nada. Es muy preocupante que en la cuenca de La Larga, teniendo más de 2.240 familias, hoy se diga que solo 75 familias fueron desplazadas —como lo expusieron en la asamblea funcionarios de la Unidad de Restitución—, cuando sabemos que mucha más gente fue desplazada y ni siquiera el 1% figura en el documento que nos han venido a presentar aquí. Eso no se ajusta a la realidad”, manifestó Borlyn Valencia.

Socializacion auto 181 La Larga Tumarado en Macondo
Un estudio del Cinep revela que de las 107.064 hectáreas que comprende el título de La Larga Tumaradó, el 51% de la tierra está en manos de 6 grandes ocupantes, algunos de ellos acusados de usurpación o despojo violento; el 43% corresponde a tierras inundables y por ende improductivas; el 3%se encuentra titulado individualmente con anterioridad al título colectivo; y el 3% restante es apenas lo que tienen las comunidades afrodescendientes.

Hablar de las cuencas de los ríos La Larga y Tumaradó es hablar de un territorio complejo que comprende 48 comunidades y se extiende desde el municipio de Riosucio, en Chocó, hasta las veredas Macondo, Blanquicet y Nuevo Oriente en límites con el Urabá antioqueño. Un espacio que posee un título colectivo otorgado en el 2000 a las comunidades afros mediante la Resolución 2805 del Incora, pero que a la vez posee títulos individuales entregados a campesinos mestizos que colonizaron estas tierras entre los años setenta y ochenta, antes de que se creara el consejo comunitario.

A esto se suma la concentración de predios por parte de empresarios ganaderos, bananeros, madereros y palmicultores, muchos de los cuales están hoy investigados por despojo de tierras perpetrado durante la violencia paramilitar que en este territorio estuvo encabezada por el frente Alex Hurtado de las Autodefensas Unidas de Colombia, comandado por el empresario Raúl Emilio Hazbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’. Solo en Madre Unión, 66 familias se desplazaron en diciembre de 1996 tras los asesinatos de varias personas de esa comunidad[i].

Hoy la violencia persiste por cuenta del grupo posparamilitar de las AGC que sigue intimidando a las comunidades y a los reclamantes de tierras; el caso más reciente en la región fue el asesinato del reclamante Porfirio Jaramillo Bogallo ocurrido el 29 de enero de este año. Ver Ver Reclamante asesinado fue sacado de su casa con engaños

Lo que hay que analizar acerca de La Larga y Tumaradó, anota Martha Peña, investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC), “es que se trata de un territorio muy rico, con una selva rica y con el río Atrato. El contexto a observar es de disputa, tanto en el sentido de minería que está acabando con el río, la riqueza de los bosques y con la cultura, como por la ganadería y la acción de los empresarios. Eso pasa en varios territorios colectivos de la cuenca del Atrato”. Ver El complejo conflicto de la restitución en La Larga Tumaradó

Considerando el contexto, “es alarmante que hoy, después de casi tres años, la Unidad de Restitución, a 20 días de presentación de la demanda, no tenga la caracterización de las afectaciones al territorio, cuando desde el 12 de diciembre de 2014 el Juzgado de Restitución de Tierras de Quibdó emitió un auto que protege a las comunidades de La Larga y Tumaradó, y ordena el levantamiento de la caracterización”, recordó Carlos Páez, representante de la asociación de reclamantes Tierra y Paz y miembro del consejo comunitario.

La medida cautelar que refiere Páez, es el Auto 181 de 2014 emitido por el Juez de Restitución de Tierras de Quibdó para proteger a los campesinos y a las comunidades afros que reclaman predios en ese territorio. En éste, se ordena a las autoridades abstenerse de realizar desalojos a los reclamantes, brindar medidas de seguridad a la población, atender y caracterizar a las víctimas del conflicto y avanzar en el proceso de restitución de tierras. Ante la difícil situación que enfrentan las personas, la medida ha sido prorrogada cada seis meses hasta la fecha, al tiempo que se han exigido acciones de las instituciones del Estado.

Unidad de Restitución aún no presenta la demanda

El 16 de diciembre de 2016 a través del Auto 153, el Juzgado de Restitución de Tierras de Quibdó  prorrogó nuevamente las medidas cautelares sobre el territorio de La Larga Tumaradó, pero además le ordenó a la Unidad que dentro del término de la prórroga presentara “la demanda de restitución de tierras so pena de las sanciones a que haya lugar”.

Dicho plazo se cumplió y la demanda no se presentó, por eso en el Auto 053 del 16 de junio de 2017, el juez decidió compulsar copias para que la Fiscalía, la Procuraduría y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, investiguen al director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Urabá, Elkin Rocha Noriega, para verificar si ha incurrido en faltas penales y disciplinarias. Y puso el proceso en cabeza de la Dirección de Asuntos Étnicos de la URT.

La decisión responde al continuo aplazamiento que ha hecho el funcionario para socializar la caracterización y presentar la demanda de restitución, argumentando razones de inseguridad en el territorio.

De acuerdo con el Auto, el funcionario de la Unidad, con “la continuada dilación del cumplimiento de las órdenes dadas en el marco del presente proceso cautelar, ha venido contribuyendo a la prolongación y recrudecimiento de las acciones violentas contra la comunidad. Pues, su negación a la presentación de la demanda y al cumplimiento de otra serie de órdenes ha generado confianza en los actores ilegales, quienes cada vez más parecieran entender la violencia como una forma de manipulación para que los procesos de restitución no se inicien con la celeridad propia de la legislación transicional”[ii].

La disputa por la tierra ha generado un agudo conflicto con la restitución en diferentes zonas La Larga Tumaradó y ha originado agresiones a reclamantes que retornaron sin acompañamiento del Estado.
La disputa por la tierra ha generado un agudo conflicto con la restitución en diferentes zonas La Larga Tumaradó y ha originado agresiones a reclamantes que retornaron sin acompañamiento del Estado. En la foto, comunidad Madre Unión.

Al respecto, Alex Javier Londoño Pacheco, miembro de la comunidad El Cedro, expresó que “el hecho de que el territorio colectivo tenga su propia autoridad, no quiere decir que el Estado o los órganos de control se rehúsen a ejercer ese trabajo para que no haya irregularidades en lo más mínimo”.

El campesino llegó a la asamblea del pasado 21 de julio esperando avances en el proceso “con el ánimo de que sea entregada la demanda al señor Juez de Restitución de Tierras de Quibdó para que esto ya sea un hecho”. Pero se encontró con que las dificultades persisten, por lo que hizo un llamado “a los organismos de control para que hagan de manera urgente las necesarias, para que así no sigan vulnerando los derechos de nosotras las víctimas”.

La esperanza de Alex Javier es que la justicia llegue algún día, aunque haya que llevar a los estrados judiciales a sectores poderosos de la sociedad. Pero la lentitud del proceso, advierte, “es como una figura que ha manejado el Estado y eso nos va a dejar destruir, porque nosotros no podemos tener un goce efectivo a la realidad de los derechos que tenemos como víctimas”.

Aunque buscamos a Elkin Rocha, director de la URT en Urabá, para conocer su apreciación sobre estas situaciones y los avances del proceso de reclamación en La Larga y Tumaradó, no fue posible contactarlo ni recibir un mensaje de respuesta.

 

Una asamblea cargada de tensión

La asamblea de La Larga Tumradó debió convocarse hace varios meses, pero como se dijo anteriormente fue pospuesta en varias ocasiones. Finalmente se realizó el 21 y 22 de julio en la comunidad de La Punta, Chocó, tras el ultimátum dado en sus autos por el Juzgado de Restitución.

La convocatoria, cuenta Reinel Valencia Gamboa, fiscal de la Junta Directiva del Consejo Comunitario,  se hizo a cada una de las 48 comunidades que conforman el territorio. “Se invitó a cinco personas por comunidad, para que vinieran a la Asamblea de Cierre de Caracterización de Afectaciones al Territorio, iniciada desde 2014”.

Algo que cuestionaron algunos asistentes fue la presencia del director territorial de la Unidad, Elkin Rocha, porque al parecer de algunos líderes “él está impedido de seguir en el proceso de restitución de tierras de La Larga y Tumaradó, porque nosotros entendemos que ha habido negligencia de parte de Elkin Rocha”, expresó Reinel. No obstante, la decisión del juez no consigna algún impedimento al funcionario de la Unidad para participar del proceso.

Lo cierto es que el ambiente fue tenso y, según el fiscal del Consejo, por momentos la situación “trató de salirse de las manos, pero lograron controlarse las dificultades”.

En La Punta, Chocó, se realizó la asamblea del consejo comunitario de La Larga Tumaradó, donde comunidades afros con título colectivo y campesinos mestizos son títulos individuales luchan por la restitución de sus tierras en medio de constantes agresiones de actores armados y empresarios opositores al proceso.
En La Punta, Chocó, se realizó la asamblea del consejo comunitario de La Larga Tumaradó, donde comunidades afros con título colectivo y campesinos mestizos son títulos individuales luchan por la restitución de sus tierras en medio de constantes agresiones de actores armados y empresarios opositores al proceso.

Un comunicado suscrito por la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (Ascoba), el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (Cinep/PPP), con fecha del 1 de agosto, denunció las dificultades que rodearon la asamblea.

De acuerdo con el documento, previo a la jornada hubo intimidaciones de las AGC y grupos de seguridad privada “al servicio de los presuntos despojadores” contra líderes de las comunidades Cuchillo Blanco, Cuchillo Negro, Villa Eugenia, El Caimán, Buenos Aires, entre otras, para tratar de impedir su participación.

Ya durante el evento, “hubo presencia de personas al servicio de los presuntos despojadores, quienes tomaron fotografías, hicieron grabaciones de audio y realizaron videos de los participantes —incluyendo a los funcionarios de las organizaciones acompañantes y las entidades públicas presentes—, a pesar de que se había advertido la prohibición de estas acciones desde el inicio de la Asamblea. Dicha situación alteró al auditorio y generó un ambiente de desconfianza y zozobra en los participantes, especialmente, frente a posibles acciones de represión, amenaza e intimidación…”, denuncia el comunicado.

Y mientras se desarrollaba la asamblea, “en la comunidad de Cocuelo Palma Real (Pueblo Regado), unidades de la Policía Nacional (Comandancia Urabá), en un acto abiertamente contrario a las medidas cautelares emitidas por el juez de restitución de tierras de Quibdó (Auto interlocutorio 00181 de 2014), destruyeron una vivienda en construcción así como bienes de primera necesidad de una familia perteneciente al Consejo Comunitario”.

Para Martha Peña, investigadora del IPC, cuanto más tiempo pase sin que avance el proceso de restitución, “más se profundizarán el desarraigo y las dificultades de la comunidad para recuperar el territorio, ejercer soberanía y construir su proyecto colectivo y cultural. Y más se irá afianzando el poder de los empresarios”.

La investigadora concluye que “a la Unidad de Restitución le ha quedado muy grande el proceso en este territorio étnico”, pero también advierte que para sacar adelante un proceso reparador a las comunidades de La Larga y Tumaradó, se requiere “es la actuación de todos los órganos del Estado nacional y local. Si esto lo van a dejar solo a la Unidad de Restitución de Tierras es posible que no termine bien, en el sentido reparador de recoger toda la pretensión de un territorio étnico”.


[i] Colombia. (12 de diciembre de 2014). Auto 00181. Juzgado de Restitución de Tierras de Quibdó. P. 4.

[ii] Colombia. (16 de junio de 2017). Auto 053. Juzgado de Restitución de Tierras de Quibdó. P. 4-5.

3 Comentarios

  1. Creo que es muy interesante todo lo que dice, pero si las afectaciones son ya obvias para todos pues que el juez las decrete, y no se arme tal situacion

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