Desde Medellín apoyaron paro minero en Segovia y Remedios

Cerca de 4 mil mineros permanecen en paro en esos dos municipios del Nordeste antiqueño. La protesta se desarrollaba de manera pacífica hasta el lunes 31 de julio cuando intervino el Esmad.

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Con plantones frente al centro administrativo La Alpujarra, las colonias de Segovia y Remedios que viven en Medellín respaldaron el paro de los mineros informales convocado por la Mesa Minera en esos dos municipios del Nordeste antioqueño, y rechazaron la manera violenta como intervino el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) para reprimir la protesta de los productores. Ver: Mineros de Segovia y Remedios protestan para exigir garantías de formalización

Son cerca de 150 personas, oriundas de los pueblos mineros de Segovia y Remedios, las que se congregan cada mañana en el centro de la ciudad para rechazar con pancartas y consignas la política minera del Gobierno de Juan Manuel Santos, el uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía y la presencia de la multinacional Grand Colombia Gold y su filial Zandor Capital en esos municipios.

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La convocatoria en Medellín, a los segovianos y remedianos, se extendió por la red social Facebook en el transcurso del martes. Un día después de que el Esmad ingresara al corregimiento La Cruzada, en Remedios, generando una fuerte confrontación con quienes se concentraban allí.

El enfrentamiento dejó 24 heridos, entre ellos un joven que perdió una de sus manos por manipular un artefacto explosivo, informó la Secretaría de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Correa. Así mismo se presentaron afectaciones a un tubo de agua y al colegio Ignacio Yepes Yepes en Remedios.

En los hechos más recientes, la Policía capturó a tres hombres y siete menores de edad sindicados de lanzar artefactos explosivos en medio de las protestas. Así mismo, se dio el desalojo de varios manifestantes que permanecían en el colegio Ignacio Yepes Yepes. Además, las autoridades confirmaron el asesinato de un joven de 17 años ocurrido en la madrugada del jueves cerca del sector La Electrificadora, donde fue baleado por hombres que se movilizaban en una motocicleta.

La situación se torna cada vez más tensa porque según denunció el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, desde el medio día del viernes “se ha visto ingresar por tierra (buses y tanquetas) y por aire (avión y helicópteros), refuerzos para el Esmad. La policía amenaza con movilizar alrededor de 1.000 integrantes del Esmad para levantar a como dé lugar la movilización, empezando por quienes se encuentran en La Electrificadora”.

La plataforma de derechos humanos recriminó “el tratamiento de guerra que se le está dando a la protesta social en Segovia y Remedios, el cual deja 28 personas heridas”.

Desde Medellín, durante el plantón del miércoles 2 de agosto, Javier Ávila, presidente de la Asociación de Comerciantes de Segovia, manifestó que “la protesta de los mineros empezó de manera pacífica desde el 20 de julio. Pero desgraciadamente el 31 de julio llegó el Esmad y entró a atropellar a los mineros que entonces reaccionaron”.

Yurani Ortiz, abogada especialista en derecho e integrante de una familia minera de la región, recordó que “por decreto departamental Segovia y Remedios son reconocidos como pueblos con minería ancestral, pero en este momento no le están dando soluciones a una manifestación pacífica sino que mandan al Esmad a reprimir al pueblo”.

Por eso, anotó: “las colonias de Segovia y Remedios estamos aquí acompañando a los mineros y diciéndole al Gobierno esa no es la forma, no nos humillen, no repriman al pueblo, no podemos ser revictimizados; Segovia ha sufrido mucho por actores violentos durante años, nos han tratado como han querido, pero allá hay gente buena y trabajadora que está diciendo: queremos trabajar en la legalidad, no somos criminales, ayúdennos señor Gobierno”.

Rechazaron presencia de la Gran Colombia Gold

Planton por Mineros Segovia 06

Segovia y Remedios, recordó Javier, son dos pueblos con más de 70 mil habitantes que viven de la minería ancestral hace más de 200 años. Pero como en el resto del país, los decretos y leyes derivados del Código Minero hacen inviable la legalización para los mineros tradicionales e informales. Política que se ha mantenido desde los gobierno de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, cuando se formuló y aprobó dicho código, así como el actual mandatario, Juan Manuel Santos a través de su Plan de Desarrollo.

El Gobierno no respalda a la minería informal ni le brinda condiciones para que se tecnifique, acceda a títulos mineros y legalice su actividad, han argumentado en varias ocasiones los pequeños productores. Pero en cambio, anotó Javier, “en Remedios y Segovia “el Gobierno apoya a una multinacional —Gran Colombia Gold—, que ilegalmente compró una empresa que era de los trabajadores: la Frontino Gold Mines”.

La historia se remonta a 1852 cuando la compañía francesa Minera de la Nueva Granada inició la explotación de oro en Segovia. En 1866 la empresa cambió de dueños y pasó a llamarse Frontino y Bolivia Ltda, que posteriormente se fusionó con la Marmajito Mine Limited dando origen a la Frontino Gold Mines Limited en 1931, administrada por ingleses hasta 1956. Luego se conformó la International Mining Corporación que operó en Colombia con el nombre de Frontino Gold Mines. La minera se declaró en quiebra en 1977 y entregó sus minas e instalaciones a los empleados para pagar la deuda de prestaciones sociales a 1.200 mineros y 700 jubilados. Pero en el 2010, cuando subieron los precios del oro, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez dio por terminado el concordato y liquidó la Frotino para venderla a la canadiense Medoro Resources que hizo la compra por un precio 200 veces menor al precio real[i].

Finalmente, tras una fuerte disputa jurídica que involucró a los empleados, al Gobierno y a la multinacional, la cual fue atravesada por una ola de violencia, ataques y asesinatos por parte de grupos paramilitares a los mineros tradicionales, la mina quedó en manos de la multinacional Gran Colombia Gold que hoy tiene 9.000 hectáreas tituladas para la explotación de oro en el distrito minero Segovia-Remedios. Entre éstas hay 2.800 hectáreas que la empresa tiene tituladas a perpetuidad a través del Reconocimiento de Propiedad Privada (RPP). Ver: BACRIM tienen amenazados a mineros de Segovia

Por eso, tanto en el paro de Segovia y Remedios como los plantones realizados en Medellín, una de las principales consignas dice: “Fuera multinacional Gran Colombia Gold”.

Y es que la única fórmula que han encontrado algunos de los mineros tradicionales para desarrollar su actividad en el territorio, ha sido a través de contratos de operación con la multinacional poseedora de los títulos. Lo que ha denunciado la Mesa Minera es que “esos contratos son injustos” pues las mayores ganancias por la explotación aurífera se las lleva la Gran Colombian Gold.

Jhomerson Ochoa de 23 años edad, es minero de socavón en una mina de Segovia desde hace cuatro años. Él dice: “Mi papá fue minero, mi abuelo fue minero, yo soy minero y, si nos dejan, mi hijo va a ser minero; si nos dejan porque es que ya no nos quieren dejar trabajar”.

Del trabajo de Jhomerson y su padre dependen más de 10 personas que conforman el grupo familiar compuesto por padres, hijos y nietos. “Nosotros dependemos de la minería y si llegan a sacarnos nos tenemos que defender”, comenta Jhomerson y se pregunta: “¿Qué nos vamos a poner a hacer tanta gente que dependemos de la minería en Segovia, donde somos más de 10 mil mineros que nos vamos a quedar desempleados a causa de una multinacional?”

El joven asegura que tras la llegada de la Grand Colombian Gold a Segovia y Remedios la situación de derechos humanos se complicó y la violencia contra los mineros informales se intensificó; “el pueblo va de para atrás, hay guerra, muertes, tengo compañeros que han sido asesinados con tiros de fusil incluso de la policía”. Aun así, comenta con tristeza, “tanto las autoridades como los medios de comunicación se ponen a favor de la multinacional que dice que nosotros somos mineros criminales, pero nosotros somos es mineros ancestrales”.

Mineros buscan negociar con el Gobierno

Minas Segovia_Foto Apus Producciones Segovia
Minas informales en Segovia. Foto Apus Producciones Segovia.

A quince días de protesta minera, los habitantes de Segovia y Remedios tienen dificultades con el abastecimiento de víveres debido a que el comercio cerró sus puertas para unirse a la manifestación. Para superar la situación, los directivos de la Mesa Minera anunciaron una reunión con los comerciantes para que los negocios abran sus puertas durante uno o dos días facilitando el reabastecimiento de la población.

De esa forma lo expresó Eliober Castañeda, presidente de la Mesa Minera, quien informó que los mineros adelantan acercamientos con los gobiernos nacional, departamental y local para buscar una solución a la problemática de la minería informal en el territorio.

A través de un comunicado, la mesa minera rechazó las agresiones contra los mineros y habitantes de Segovia y Remedios indicando que representan “una clara violación a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y a la orden emanada de la CIDH y la medida cautelar dada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, MC 548-15 del 01 de noviembre de 2016”.

Dicha medida protege a las comunidades mineras tradicionales y ancestrales de Remedios y Segovia, y ordena al Estado colombiano adoptar acciones para preservar la vida e integridad de los líderes mineros Eliober Castañeda Quintero, Jaime Alonso Gallego Gómez, Dionny Manfredy Ramírez Álvarez, Javier Antonio Ávila Ettien y Pablo Alberto Gómez, para que “puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos”.

En rueda de prensa desde la Gobernación de Antioquia, el Viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, rechazó las protestas y aseguró que “el Gobierno nacional y departamental siempre han tenido abiertos los canales de diálogo para la discusión acerca de la minería en Antioquia y en el municipio de Segovia”, siempre y cuando no se acuda a vías de hecho.

El funcionario afirmó que “la empresa —Gran Colombian Gold— sigue dialogando con las personas que tienen las unidades de producción minera en condiciones de ilegalidad, y estamos avanzando en un proceso de formalización importante”.

Según los datos del Ministerio desde que inició este proceso, en el año 2011, se han formalizado 36 unidades de producción minera, con cerca de 2.500 trabajadores, a través de contratos de operación.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, afirmó que el gobierno departamental llevará al territorio “una oferta de servicios que facilite a los mineros hacer el tránsito de la ilegalidad a la legalidad porque haciendo una mesa hemos trabajado duramente en la normatividad de la cual los mineros se quejan, pero lo que vemos es una falta de desinformación y desconocimiento de la norma”.

Entre tanto, el paro se mantiene en el Nordeste antioqueño, mientras que en Medellín las colonias de Segovia y Remedios han decidido acudir diariamente al centro administrativo La Alpujarra, a partir de las nueve de la mañana, para continuar respaldando a sus coterráneos y exigir una solución definitiva de parte del Estado.

 


[i] Hoyos, J. (25 de agosto de 2012). “Dios y el diablo en la tierra del oro”. Revista Semana, sección Crónica, recuperado de: http://www.semana.com/edicion-30-anos/articulo/dios-diablo-tierra-del-oro/263448-3

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