La región del Urabá antioqueño vuelve a ser epicentro del asesinato de un reclamante de tierras. Esta vez se trata de Jesús Alberto Sánchez Correa de 29 años de edad, quien fue baleado en un sector conocido como el embarcadero del Zungo, en el municipio de Carepa. Con su muerte ya son 20 los reclamantes asesinados en esta zona de Antioquia desde el año 2008.

El asesinato de Jesús Alberto ocurrió el sábado 19 de agosto cuando, a eso de las cuatro de la tarde salió de su taller de motos en El Reposo, municipio de Apartadó, para atender un servicio de reparación que le fue solicitado vía telefónica. Pero cuando llegó al sitio, dos hombres armados intimidaron al ayudante que le acompañaba y le ordenaron irse del lugar, tras lo cual procedieron a disparar en cinco ocasiones contra la víctima.

Un reclamante de la Asociación Tierra y Paz, que pidió la protección de su identidad, denunció que Jesús Alberto estuvo herido por más de una hora sin que la Policía fuera al lugar para auxiliarlo pese a que esa institución fue informada sobre el hecho.

“Llamamos a la Policía y lo que nos dijeron fue que ellos no podían ir a ese sector. Entonces qué triste que uno no cuenta con las autoridades en una emergencia”, relató el reclamante.

Aunque la familia llegó al sitio cuando Jesús Alberto aún se encontraba con vida, no logró que alguno de los vehículos que se desplazaba por el lugar los auxiliara para trasladarlo a tiempo a un hospital, generándose su muerte hacia las seis de la tarde.

Este es el segundo asesinato de un reclamante de tierras ocurrido este año en Urabá. El primer caso fue el de Porfirio Jaramillo Bogallo, asesinado el 29 de enero luego de que cuatro hombres lo sacaran de su casa con engaños.

Lo que preocupa al reclamante de Tierra y Paz, es que “no se ve interés de las autoridades en esclarecer la muerte de la gente. Cada día están asesinado más gente que son reclamantes de tierra y no pasa nada”.

Piden garantías para reclamantes

Jesús Alberto se había instalado en el caserío El Reposo de Apartadó hace poco más de un año, luego de que su familia fuera desplazada por segunda vez de la comunidad de Guacamayas, a donde habían retornado sin acompañamiento institucional para esperar la restitución.

Los Sánchez Correa reclaman el predio “El Descanso”, una parcela de 65 hectáreas, ubicada en el corregimiento Nuevo Oriente, que les fue despojada en los años noventa en medio de la violencia paramilitar y que actualmente está en manos de empresarios de la zona.

Tras su retorno, la familia tuvo que huir nuevamente del predio en junio de 2016 cuando hombres armados incursionaron a la zona, intimidaron a varios reclamantes, golpearon a Pedro Sánchez y a su hijo Jesús Alberto, y luego quemaron la vivienda de madera que habían construido.

Ese mismo año se registraron más de seis incursiones de este tipo en Guacamayas, las cuales ocasionaron el desplazamiento de varios reclamantes, pese a que esta comunidad hace parte del territorio de La Larga Tumaradó que está protegido con medidas cautelares emitidas por el Juzgado Primero de Restitución de Tierras de Quibdó a través del Auto 00181 de 2012, el cual ha sido prorrogado hasta la fecha.

Por ello, tras rechazar el asesinato de Jesús Alberto Sánchez Correa, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos que acompañan a los reclamantes de La Larga Tumaradó, aseguraron que las medidas proferidas en el auto 00181 “han sido desconocidas e incumplidas sistemáticamente por parte de la mayoría de las Instituciones encargadas”. Ver comunicado

Dicho pronunciamiento se dio a través de un comunicado que fue firmado por el Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó (Cocolatu), el Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (Cinep), y el Instituto Popular de Capacitación (IPC).

En el comunicado, las organizaciones le exigieron a la “la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) que garanticen el avance de la etapa judicial del proceso de restitución de derechos territoriales de COCOLATU (acumulando los procesos individuales que se encuentran dentro de este territorio), y la puesta en marcha del plan de reparación integral colectiva y en condiciones de seguridad para las víctimas de COCOLATU”.

También demandaron que las diferentes instituciones locales, regionales y nacionales que tienen responsabilidades emanadas del auto 00181 cumplan con las medidas exigidas, y pidieron a la Unidad Nacional de Protección agilizarla implementación de la ruta de protección colectiva para las comunidades de La Larga Tumaradó.

A la Fiscalía le exigieron celeridad con la investigación y judicialización de los responsables del asesinato de Jesús Alberto, y de los responsables de otros actos de violencia contra miembros del consejo comunitario.

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