El debate electoral para la Presidencia de la República, faltando ocho meses para los comicios de mayo de 2018, tiene hoy 30 precandidatos de los cuales 26 decidieron lanzarse por firmas. El desafío que tienen es recolectar las rúbricas suficientes y válidas —equivalentes al 3% del total de votos válidos de la anterior elección presidencial—, y presentarlas en diciembre de 2017 para obtener el aval. Partiendo de los datos arrojados por las encuestas recientes, realmente cinco o seis aspirantes tienen opción de ser presidentes. A los demás les queda la opción de sumar ante candidaturas más fuertes por el camino de alianzas o coaliciones políticas, así como por medio de acuerdos con distintos sectores.
De este panorama llama la atención la cantidad de aspirantes a la Presidencia de Colombia, pero, más aún, la estrategia de que la mayoría lo haga a través de la recolección de firmas, incluso aquellos que han sido identificados plenamente con su colectividad, como es el caso de German Vargas Lleras del partido Cambio Radical.
Este fenómeno atípico podría explicarse de varias maneras. Una de ellas, y quizás las más preocupante, es que muchos de los aspirantes quieran hacerle el quite a los debates en la sociedad frente a procesos de corrupción, relaciones con grupos ilegales y caudillismo, en los cuales han estado involucrados muchos de ellos o sus colectividades. Esto pone de presente que la opción de las firmas mengua la importancia de los partidos políticos en Colombia, que hoy gozan de bajo prestigio, con una imagen desfavorable por encima del 70% según las encuestas, debido a que varios de sus dirigentes los han convertido en empresas electorales para repartir avales, establecer alianzas criminales, robar el erario público y garantizar la permanencia de sus feudos familiares en esas colectividades y en las instituciones del Estado. A esto se suma la polarización reinante frente a la paz. Por eso hoy, varios políticos se quieren desmarcar de esos partidos que incluso ellos mismos debilitaron.
De otro lado, la proliferación de candidaturas por firmas es producto de la división y fragmentación que hay en los partidos políticos. Después de la Constitución del 91, que rompió con el sistema bipartidista, se produjo una atomización que ha sufrido transformaciones. Para el año 2002 existían en Colombia 59 movimientos políticos, pero luego vino la reforma política del 2003 que reguló dicha situación planteando que son partidos políticos, con personería jurídica reconocida, los movimientos que logren superar el umbral del 2% en las elecciones legislativas, de tal manera que quedaron 13 en escena luego de las elecciones de 2010 y tras la devolución de la personería jurídica a la Unión Patriótica en 2013.
En este aspecto, es evidente que la fragmentación está relacionada con la falta de cohesión e identidad ideo política en los partidos. Basta mirar el debate de principios del Partido Liberal con Viviane Morales; o la distancia de Juan Carlos Pinzón, del Partido de la U, con la defensa del proceso de paz. Lo que ocurre hoy, es que la mayoría de precandidatos quiere aparecer en el espectro del centro político, incluso los de tendencias reconocidas de ultraderecha, como el caso de los aspirantes del Centro Democrático; o de izquierda, como Clara López.
Como resultado de lo anterior, estamos ad portas de las elecciones presidenciales de 2018, y en Colombia se han vuelto más importantes las personas-candidato que los partidos. Este es un terreno fértil para la egolatría, los personalismos y los oportunismo de muchos de los precandidatos, algunos de los cuales se convierten en ‘pequeños reyecitos’ que buscan cortesanos, una extendida pasarela ante los medios y la ciudadanía, y los beneficios propios de ser candidato.
Una democracia sin partidos políticos fuertes, es una democracia débil, y la exaltación del candidato por encima de las colectividades políticas tiene riesgos inminentes: no hay debate programático e impera el marketing; emerge una democracia de emociones y no de razones; se tienden a perder los controles en los procesos de imputabilidad política a los copartidarios y electores, lo que puede derivar en liderazgos caudillistas y proclives a prácticas autoritarias; se empobrece el papel de la ciudadanía como sujeto político al cual solo se llama a votar por el candidato y no por las ideas y el espectro político que representa; se vuelve frágil la representación política al poder otorgado; y se debilitan los procesos de control ciudadano a las ejecutorias del poder.
La permanente crisis en la que viven las instituciones colombianas, se ha debido en parte a la pérdida de confianza y credibilidad en nuestra dirigencia política, que no representa a la ciudadanía que vota por sus dirigentes, sino a los intereses particulares y a su círculo cercano. En esta lógica las prácticas de corrupción, cooptación y alianzas poco santas están a un paso.
No obstante, la estrategia de aspirar por recolección de firmas puede tener como efecto no esperado una politización de la sociedad; puede ser una oportunidad para abrir el camino a procesos de movilización ciudadana y transformar las reglas de juego del país.
Lo que hay que alertar, es que las elecciones de 2018, tanto para la Presidencia como para el Congreso, marcarán de manera contundente el futuro de la paz en Colombia y la alineación de los bloques de poder frente a su construcción o destrucción. Pero en el fondo, el engaño está en aparentar lo nuevo, para continuar en lo viejo, dígase corrupción, repartición de privilegios, escurrir el erario público y enriquecer a amigos y benefactores, eludir la justicia y posar de salvadores.
* Las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y en nada comprometen al Instituto Popular de Capacitación (IPC).
