En la vereda La Unión, corregimiento Cañón de Iglesias del municipio de Tarazá, fue asesinado el líder de sustitución de cultivos de uso ilícito Miguel Pérez, miembro de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac) e integrante de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam).

El cuerpo del campesino fue encontrado en las afueras de su casa con un impacto de bala. Lo que se trata de esclarecer es si el asesinato de este hombre, que era presidente de la Junta de Acción Comunal de su vereda, está relacionado con su labor como líder del proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en esa zona del Bajo Cauca antioqueño.

Según Víctor Tobón, vocero de Marcha Patriótica en Antioquia, los grupos paramilitares vienen señalando de “sapos” a los campesinos que lideran la sustitución voluntaria, principalmente a los integrantes de Asocbac que han impulsado este proceso.

“Toda la junta directiva de la organización, compuesta por 10 personas, está en riesgo, principalmente el presidente y la secretaria de la asociación quienes han recibido amenazas por su labor”, afirmó Tobón.

La situación más crítica se presenta en los corregimientos Barro Blanco, El Doce y Cañón de Iglesias, donde asesinaron a Miguel Pérez, quien había reportado la presencia de hombres armados en el territorio.

De acuerdo con lo que informó en su momento el líder asesinado, el grupo armado que ingresó a la zona les prohibió a los campesinos hacer parte del plan de sustitución voluntaria y sembró minas antipersona en la mayor parte de los cultivos de hoja de coca para evitar su erradicación.

Margarita Palacio, secretaria de Asocbac, informó que los grupos paramilitares, “a través de mensajeros, han mandado a decir que no podemos hacer pedagogía de paz ni de sustitución”.

Y reveló que el riesgo que existe sobre la organización se debe además a las denuncias que se han hecho sobre la presencia de grupos armados en los territorios dejados por las FARC y sobre el incumplimiento al acuerdo de paz en el sentido de que la Fuerza Pública no ha hecho presencia en esas zonas.

Para Víctor Tobón la situación de los campesinos cultivadores de coca es muy grave, porque a las amenazas y ataques de los grupos paramilitares para que no sustituyan, se suma “la arremetida de la erradicación forzada por parte de la Fuerza Pública, en medio de la lentitud y los retrasos del proceso de sustitución”. Ver: erradicación choca de frente con la sustitución

A nivel departamental se han firmado cinco acuerdos voluntarios de sustitución en los municipios de Tarazá, Cáceres, Anorí, Ituango  y Campamento, en el Norte y Bajo Cauca de Antioquia. Sin embargo, dice Tobón, “esos acuerdos se han quedado en promesas, la gente no está viendo la inversión en el territorio. Han llegado algunos aportes pequeños, sobre todo en Anorí, pero más allá de los subsidios los campesinos están pidiendo carreteras, seguridad, inversión social, producción agrícola, comercialización, y todo eso está en vilo”.

Lo que concluyó el vocero de Marcha Patriótica, es que existen muchos intereses en torno a los cultivos de uso ilícito que obstruyen la sustitución y ponen en riesgo a los liderazgos. Por ello pidió que se acelere la implementación del acuerdo de sustitución voluntaria.