Comunicado

La Corte Constitucional emite sentencia en favor de campesinos de la vereda Guacamayas en Urabá, anulando una decisión adversa de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín. La Corte Constitucional da la razón a los reclamantes de tierras y reconoce que sí hubo violencia generalizada en la zona, razón por la cual les deben restituir las tierras a estas familias.

21 familias campesinas denunciaron haber sido desplazadas entre los años 1996 y 1997 por miembros del Frente Arlex Hurtado de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quienes cometieron diversos delitos de homicidios y masacres, lo que creó un contexto de violencia generalizada en ese territorio y llevó a que los parceleros vendieran a bajos precios. Hoy estas tierras se encuentran en manos de la empresa Inmobiliaria e Inversiones ASA S.A, de propiedad de Humberto Duque y de los ganaderos, Jaime Uribe, Arley Muñoz y Francisco Castaño.

La Corte Constitucional mediante sentencia SU-649 de 2017 anuló las decisiones tomadas por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Medellín y ordena emitir un nuevo fallo, acorde con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. El fallo que había emitido la Corte Suprema de Justicia tenía como fundamento normas de la Ley de Justicia y Paz que aplicaron para los paramilitares desmovilizados de las autodefensas y no para las víctimas del conflicto armado. Asimismo también se aplicaron normas que ya habían sido derogadas.

Este nuevo fallo de la Corte Constitucional se convierte en un precedente de aplicación de la ley más favorable a las víctimas que buscan la restitución de sus tierras.

La Fundación Forjando Futuros, el Instituto Popular de Capacitación IPC y Tierra y Paz reciben con beneplácito esta sentencia porque facilita que las víctimas obtengan una reparación integral.

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