Hace poco más de dos años, cuando se anunció desde la mesa de negociación en La Habana, Cuba, la creación de la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición (CEV) en Colombia, ante las reacciones negativas que suscitó dicho anuncio, advertíamos que la verdad es y seguirá siendo un tema en disputa. Pero además dijimos que este mecanismo de justicia transicional nacería en un ambiente político adverso y polarizado, y por lo tanto no gozaría de un amplio consenso social y político en la sociedad colombiana. El tiempo va dando la razón, para desgracia de muchos que creemos en la importancia de la verdad como derecho de las víctimas y de la sociedad, y su interdependencia con la justicia en Colombia. Ver: la Verdad en Disputa I
No son pocos los sectores académicos, económicos y políticos que, una vez definidos los 11 comisionados de la CEV por el comité de escogencia, incluso antes, han mostrado los dientes para impedir que el derecho a la verdad se constituya en un mecanismo de reconocimiento y restablecimiento de la dignidad de las víctimas, y de esclarecimiento de lo sucedido, así como de los responsables de la tragedia que ha dejado la guerra en Colombia.
La combinación del silencio, el miedo y la mentira, ha sido una estrategia de sectores de poder del país para eludir la responsabilidad frente a su participación en el conflicto armado y los beneficios que han obtenido con la lógica de la guerra. Le temen a una verdad “responsabilizante” que transforme la gramática de la guerra por la de la paz, ya que por esa vía pueden perder los beneficios logrados. Es una estrategia que profundiza la impunidad y amplia el déficit de verdad.
Razón tuvo el escritor William Ospina cuando llamó la atención en una intervención en la que dijo: “Cuando pienso en la violencia colombiana y en la creencia que algunos tienen, de que nuestra sociedad está condenada fatalmente a la violencia o a la intolerancia o a la corrupción, me digo que cuando en una sociedad hay hechos dolorosos y crueles que se repiten década tras década, más bien lo que hay es un error de diseño, una mala interpretación de lo que somos, algo que no acaba de ser descifrado que no permite que la sociedad fluya por causes de solidaridad, de entendimiento y de prosperidad”[i]. Lastimosamente, los intérpretes de lo que somos, del país nacional y regional, han sido unas élites mezquinas, que apropian y reproducen un relato excluyente y estigmatizante de nuestra realidad, de la diferencia y la pluralidad.
El acuerdo de paz, en sus mecanismos de justicia transicional incluyo guerrilleros, agentes del Estado y terceros civiles. Y hemos visto que, simultáneamente, mientras el país conocía la composición de la CEV, también asistíamos al debate en el Congreso de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y al concepto de exequibilidad de la Corte Constitucional del acto legislativo 01 de 2017. El resultado es ya conocido por todos: condicionalidades a la participación política de los ex combatientes, más impunidad para agentes del Estado y terceros civiles, menos garantías para las víctimas, exclusión de sectores de la sociedad civil en los mecanismos transicionales, quitarle competencias y autonomía a los jueces y magistrados elegidos para la JEP.
De ahí que el binomio Verdad y justicia, sea una de las mayores preocupaciones de la mal llamada dirigencia gremial y política, que han centrado sus esfuerzos en desarticular y despojar de sentido a lo acordado en la negociación política entre gobierno e insurgencia en la justicia transicional. Es evidente que la práctica legislativa tiene ribetes extorsivos de varios representantes y sus partidos (Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador, sectores liberales y de la Unidad Nacional) frente al avance en la reglamentación de los acuerdos de paz. Muchos han sometido su decisión a los apetitos burocráticos, a sus intereses electorales de corto plazo y a la repartición del erario público para sus prácticas corruptas. El resultado de esta operación política seguirá siendo la impunidad y una democracia restringida.
En dicho contexto, la CEV como mecanismo extrajudicial autónomo, imparcial e independiente, adquiere mayor relevancia, pues parte de su tarea fundamental será construir ese relato comprensivo de la historia de violencia a la cual hemos estado sometidos por varias décadas, con una narrativa que responda a qué pasó, por qué pasó y quiénes han sido los responsables, lo que necesariamente revelará la verdad oculta sobre sectores empresariales, políticos, religiosos y grupos armados ilegales que han sido determinantes en el desarrollo del conflicto. Un relato cuyo sustrato fundamental será la voz de las regiones, de las distintas víctimas y de los distintos sectores que participaron del conflicto. Sin dicha verdad, bajo la salvaguardia del reconocimiento y del esclarecimiento, no habrá reparación ni garantías de no repetición para las víctimas en Colombia, y menos las posibilidades de reconstruir el tejido social, la dignidad de los territorios y un amplio proceso de reconciliación.
En el ambiente hostil y adverso en el que nace la CEV, es necesario reiterar la necesidad de que la sociedad colombiana organizada, y no organizada, la rodee y se movilice políticamente; porque en sus manos queda la larga trayectoria de saberes y experiencias en documentación de las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario construida durante años, y la posibilidad de construir un relato que permita superar las heridas dejadas por la violencia en el país y de aprender que el Otro diferente no es un enemigo sino una posibilidad.
* Las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y en nada comprometen al Instituto Popular de Capacitación (IPC)
[i] Ver: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/09/04/el-ipc-conmemoro-35-anos-de-historia-compartida/
