Como parte de su proceso de reparación colectiva, el IPC convocó al coloquio “Leyendo la realidad de mi municipio de cara a los planes de desarrollo vigentes y las acciones del movimiento social de derechos humanos”. Esta actividad se realizó el pasado 27 de noviembre en el municipio de Copacabana y contó con la participación de líderes sociales de ese municipio y de Bello.

Según Diego Sierra, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC, el objetivo del coloquio fue “construir colectivamente, con integrantes del movimiento social de derechos humanos, una lectura de la situación actual de los municipios del Norte del Valle de Aburrá, haciendo énfasis en las inconsistencias que se presentan en relación con los planes de desarrollo locales”.

A partir de la conversación que el equipo del IPC sostuvo con los participantes, se realizó un diagnóstico rápido de las organizaciones sociales que están presentes en los territorios, las agendas de derechos humanos que abarcan y su relación con los planes de desarrollo municipal. Con este insumo, se propondrán recomendaciones para fortalecer tanto los planes como las organizaciones y sus agendas en el Valle de Aburrá.

Una de las conclusiones iniciales a las que llegaron los investigadores del IPC, y que plantean como recomendación, es la necesidad de que las administraciones municipales –acompañadas por las organizaciones sociales– repiensen los modelos de crecimiento y desarrollo territorial, como medida para generar condiciones favorables a la satisfacción de los DD.HH.

¿Qué tipo de organizaciones hay en los territorios?

Durante el espacio de conversación con los participantes, Daniel García, líder de Copacabana, afirmó que si bien en su municipio no hay presencia de grandes organizaciones que trabajen por los DD.HH., sí hay pequeños colectivos con apuestas políticas, que generan movilización en torno a temas que van desde el medio ambiente, la movilidad sostenible, la educación y la cultura, la violencia de género, etc.

Entre los colectivos que destacó se hallan En Bici por Copa, que promueve el uso de medios de transporte limpio como apuesta por la movilidad sostenible. También Copa Bazar, que realiza encuentros mensuales con pequeños productores agrícolas y emprendedores para, además de comercializar productos y servicios, dialogar sobre temas como soberanía alimentaria.

Por su parte León Fredy Muñoz, líder y político de Bello, comentó que en su municipio son fuertes las organizaciones juveniles que desarrollan actividades comunicativas y culturales. A través de autogestión, estas organizaciones se han movilizado en momentos coyunturales, como la votación del plebiscito por la paz, y han expresado sus intenciones de incidir en política.

Entre esas organizaciones enumeró medios alternativos –como Somos Pueblo– que se articulan al movimiento social para promover la cultura, la paz, el medio ambiente, etc. Asimismo, recordó que hay otras organizaciones que le hacen seguimiento a la actualidad de su municipio y convocan a actividades como trueques, bazares, muestras culturales y jornadas de resistencia juvenil.

Ambos participantes coincidieron en afirmar que, si bien en sus municipios hay pequeños colectivos y organizaciones un poco más grandes que nutren la movilización social –ya sea porque promueven los derechos económicos, sociales y culturales (Desc) o los derechos colectivos y del medio ambiente–, buena parte de ellas no se auto-reconocen como parte del movimiento de DD.HH.

Planes de desarrollo: ¿promueven el movimiento de DD.HH.?
León Fredy Muñoz, líder y político del municipio de Bello.
León Fredy Muñoz, líder y político del municipio de Bello.

Aunque en la presentación del plan de desarrollo “Bello, ciudad de progreso” se menciona la importancia de “la garantía y protección de los derechos humanos”, y posteriormente se relaciona con la misión del sector de justicia y seguridad ciudadana –y dependencias como las Casas de Justicia–, Muñoz aseguró que el documento poco se corresponde con la realidad del municipio.

Desde su percepción, en ese municipio los DD.HH. no son prioridad; y tampoco el apoyo a las organizaciones que, desde su labor, los promueven y defienden. “No hay espacios ni siquiera de convergencia entre los colectivos y la administración local. Y menos destinación de recursos para sus labores; les toca hacerlo todo desde la auto gestión”, comentó.

Algo similar ocurre en Copacabana, donde el plan de desarrollo “Copacabana somos todos” tiene un enfoque de derechos. Según García, a pesar de ello hay limitaciones para que los colectivos accedan a recursos “para generar cambios sociales desde las bases”. Y añadió que los gobernantes locales “deberían atender las dinámicas que están promoviendo los colectivos que le apuestan a pequeñas iniciativas, para que el desarrollo se vaya gestando desde pequeños núcleos”.

Aun así, las organizaciones de ambos municipios insisten en participar en los escenarios donde se decide la distribución de los recursos, sin descuidar su labor: generar pequeños impactos en la población a través de la visibilización de problemáticas locales, la oposición a las decisiones que no generan bienestar para los ciudadanos y la convocatoria de los mismos a la movilización social.

Otro factor relevante que identificó el equipo del IPC a partir de la conversación con los líderes es la falta de garantías por parte de la institucionalidad para el accionar de las organizaciones sociales. Al respecto, Muñoz afirmó que en Bello los colectivos están resistiendo a la criminalidad, que continúa ganando control territorial –inclusive hasta la subregión Norte de Antioquia– y legitimidad entre ciertos sectores.

Ese fenómeno se estaría extendiendo hacia Copacabana. En palabras de García, la criminalidad –a través de expresiones como el microtráfico y la extorsión– estaría desviando la labor de los colectivos y sus líderes. Eso sumado “a los corruptos que administrativamente les ponen obstáculos con falsas órdenes que distorsionan la realidad”.

Desarrollo territorial, fundamental en agendas de DD.HH.
Daniel García, líder social del municipio de Copacabana.
Daniel García, líder social del municipio de Copacabana.

Los líderes que participaron en el coloquio adujeron que generar condiciones favorables para la actuación de las organizaciones sociales implica no solo atacar la criminalidad connivente con miembros de la fuerza pública y la clase política, sino repensar, también, el modelo de crecimiento y desarrollo territorial que se está imponiendo en los municipios del Valle de Aburrá.

Respecto al caso de Bello, León Fredy Muñoz aseguró que en ese municipio “el modelo de crecimiento, basado en la construcción y el comercio, no está en perspectiva de desarrollo”. Esto se evidenciaría en la incorporación de “espacio ambiental” al perímetro urbano, mediante la flexibilización de las normas de construcción, y sin contar con la respectiva planeación vial, de espacio público, etc.

Otra crítica que expresó Muñoz es que tales construcciones no están obedeciendo a las necesidades de infraestructura destinada a servicios como vivienda, salud, educación y movilidad para una población que va en aumento (aproximadamente 835.400 habitantes); tanto así que los asentamientos informales cada vez crecen más hacia las laderas, profundizando la conurbación y sus efectos.

En Copacabana, sostuvo Daniel García, las condiciones tienen a parecerse cada vez más a Bello. En ese municipio se estarían incrementando las construcciones verticales, sin contemplar las carencias en movilidad e infraestructura para el acceso a los servicios de salud y educación de sus habitantes (cerca de 70.200). Además, habría una tendencia a la reducción de las zonas verdes.

Partiendo de estas reflexiones de los participantes, Marta Cardona, facilitadora del coloquio e investigadora en residencia del Observatorio, rescató dos cuestiones que a su modo de ver son fundamentales para buscar soluciones a las condiciones adversas en los municipios, y que, por lo tanto, tendrían que tener prioridad en una agenda integral de DD.HH.

La primera cuestión es que los municipios deberían revisar conjuntamente el modo en que están planificando el desarrollo territorial, articulándose con las localidades con las que limitan en el Valle de Aburrá. Y la segunda, reconocer y potenciar los pequeños colectivos que están proponiendo formas de transformar sus realidades inmediatas, incluso sin tener el apoyo de las administraciones municipales.

Cabe resaltar, finalmente, que el coloquio fue una de las actividades contempladas por el IPC en su plan de reparación como sujeto colectivo de incidencia nacional, y que a través de esta se pretende retomar la labor que la organización venía realizando hasta el año 2014 en relación con el diagnóstico y actualización de las agendas del movimiento social de DD.HH. en los municipios del Valle de Aburrá.

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