La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; la Escuela Nacional Sindical y el Instituto Popular de Capacitación; presentaron en Medellín el IV Informe Alterno al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales titulado Derechos Humanos para la Paz, publicación que surge como respuesta al informe presentado por el Estado colombiano sobre la situación de estos derechos en el país, y en la que se incluyen una serie de recomendaciones al Estado que tratan de reflejar las expectativas y demandas mayoritarias.

Para la elaboración de este informe, según Juan Bernardo Rosado, investigador de la Escuela Nacional Sindical, se propuso a organizaciones sociales del país con enfoque poblacional, territorial y de derechos, articularse para construir el documento, lo que llevó a iniciar un trabajo con alrededor de 80 organizaciones, que desde hace dos años se unieron en comisiones y presentaron propuestas que se pulieron y se juntaron para lograr este resultado final. De acuerdo con Rosado, las organizaciones del Pacífico fueron claves en este balance, y en general el logro más importante fue lograr “construir un diagnóstico con base en una enorme pluralidad”.

Informe DESC libro 2017
El informe DESC fue construido con los aportes de 80 organizaciones sociales y de derechos humanos del país.

Para Camilo Castellanos, vocero de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y editor del informe, esta es “una buena herramienta para que las organizaciones sociales ubiquen aspectos centrales de la problemática de los derechos en este momento en el país”, y además para que utilicen las recomendaciones como forma de hacer un reclamo legítimo cuando se presenta la privación de los derechos. Esto, sobre todo, en un contexto de posacuerdo como el que está experimentando Colombia, en el que los derechos sociales son fundamentales, pues el Estado se ve en la obligación de cumplir unos compromisos en materia de paz.

El punto de partida de los conflictos que hemos vivido en Colombia, según Castellanos, está en los derechos sociales, en el no reconocimiento de los derechos de los otros, que ha llevado al enfrascamiento en confrontaciones internas, en las que asuntos como el derecho a la tierra se ubican en el centro: “por la tierra matan, por la tierra desplazan gente”. Esa situación ha conducido a la prolongación de los diferentes conflictos. “Alguien dijo que la paz era producto de la justicia, y justicia es darle a cada cual lo que le corresponde. Si uno se pone a ver lo que le corresponde a cada uno es que le den un trato de ser humano, acorde con la condición humana, y el mejor reconocimiento a la dignidad humana es que se le respeten los derechos a la gente”, afirma Castellanos.

Uno de los resultados importantes de este informe son las recomendaciones que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hace al Estado, de las cuales se destacan tres aspectos:

  1. La situación de defensores

En la que el Comité hace un llamado al Estado para “investigar de manera exhaustiva y eficaz todas las denuncias de actos de violencia, amenazas y atentados contra la vida e integridad física de los defensores de derechos humanos, incluyendo los defensores de derechos económicos, sociales y culturales”, además de prevenir los actos de violencia y brindar protección adecuada. En este punto el Comité entiende los defensores como toda persona que lucha por la dignidad y la vida digna de los demás.

  1. La necesidad de respetar las consultas previas a las comunidades indígenas y a los pueblos afrocolombianos.

El Comité señala que no se pueden desarrollar proyectos de desarrollo en los territorios de estas comunidades sin antes consultarlas, y recomienda que las consultas se realicen “de manera ineludible y oportuna, tomando en cuenta las diferencias culturales de cada pueblo”.

  1. Las consultas sobre proyectos minero energéticos.

En este punto el Comité expresa preocupación porque no sean atendidas en estas consultas las decisiones de las comunidades, por eso hace un llamado al Estado para que se tomen las medidas necesarias que conduzcan a asegurar los resultados de las consultas y para que su implementación se realice de manera concertada con las comunidades afectadas. Además, se señala, es importante considerar que las regiones tienen vocaciones y que estas no se puede cambiar por otros tipos de intereses.

Estas recomendaciones marcan , según concluye el informe.

Una muestra de ello es la situación de las comunidades asentadas en zonas mineras, caso expuesto en la presentación del informe por Juan Esteban Jaramillo, investigador del Instituto Popular de Capacitación. Jaramillo hace parte de un equipo que ha documentado el caso de la empresa Mineros S.A. en el Bajo Cauca antioqueño, caso que según él sirve para ilustrar una situación bastante critica con relación a las posibilidades de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales en el escenario del posconflicto, pues afirma “la política minera, energética y ambiental que se está desarrollando actualmente por el gobierno colombiano hace inviable no solamente el goce de los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades (…) sino que, además, afecta una cadena de beneficios tributarios en las finanzas públicas, lo que viene generando una serie de crisis económicas”. Este asunto, concluye, ha conducido a una especie de privatización del patrimonio público que beneficia solo a las grandes empresas mineras.

Según el investigador, se está experimentado una situación crítica, pues mientras se ve un avance en el tema de titulación a las grandes empresas, los mineros ancestrales, tradicionales e informales, han quedado relegados y ven invisibilizadas sus posibilidades de acceder a algún tipo de ingreso para garantizar condiciones de bienestar. Además, les han hecho propuestas de reconversión productiva que pasan por encima de sus tradiciones y vocaciones.

De esta manera el informe alterno se convierte en un esfuerzo colectivo, construido con las múltiples voces de personas que comprenden los derechos económicos, sociales y culturales desde sus vivencias diarias en los diferentes territorios de Colombia. En esto se centra el valor de esta publicación, pues es un análisis desde la sociedad que hace consciente su situación en materia de derechos para realizar demandas y construir recomendaciones que permitan mejorar la situación de las comunidades. Corresponde al Estado escuchar estas voces para que estas propuestas se conviertan en realidad.

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