Comisión Nacional de Garantías de Seguridad rechazó declaraciones de Mindefensa sobre líderes sociales

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COMUNICADO PÚBLICO

Como integrantes de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en calidad de expertos y delegados de las Plataformas de Derechos Humanos, lamentamos el pronunciamiento del Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, indicando que la “inmensa mayoría de muertes de líderes sociales se deben a peleas de vecinos, faldas y por rentas ilícitas”.

Estas palabras trivializan uno de los problemas más graves que está viviendo nuestro país y ponen en evidencia una actitud de desconfianza hacia las denuncias de los líderes y defensores de derechos sobre multiplicidad de asesinatos y demás hechos victimizantes que son un ataque generalizado. La historia del país está colmada de denuncias desesperadas e indiferencia, en suma, de muertes que pudieron ser evitadas. Muchos de los hechos victimizantes contra la población en mención no son espontáneos y están relacionados con procesos de exigibilidad de derechos que afectan los intereses de agentes privados implicados o beneficiarios de la usurpación en el marco de la guerra; o han ocurrido en escenarios que deberían ser de construcción de la paz.

Los recientes hechos sucedidos en las comunidades de La Larga Tumaradó y Pedeguita Mancilla en el Bajo Atrato Chocoano son ejemplo de lo primero. Por eso, es importante el reciente pronunciamiento del Procurador General de la Nación, según el cual: “a diferencia de lo que se ha venido diciendo durante los últimos meses y por tantas personas, aquí sí existe una sistematicidad en relación con el asesinato de estos líderes sociales [de los consejos comunitarios] porque la relación con el conflicto de tierras es evidente. Aquí hay derechos territoriales de estas comunidades que están ligados a la forma como los están eliminando”. El jefe del ministerio público también llamó la atención sobre la responsabilidad del sector privado en el ejercicio de la violencia contra las comunidades y sus vínculos con grupos armados ilegales, asunto que debería ser objeto de preocupación del Ministerio de la Defensa.

Son ejemplo de lo segundo, la muerte de más de una decena de ciudadanos en el marco de protestas sociales, muchas de ellas por el incumplimiento de los planes voluntarios y concertados de sustitución de cultivos de coca; o por el asedio de las fuerzas militares contra las comunidades para imponer la erradicación forzada. Inquieta que hechos como los ocurridos el 5 de octubre en el municipio de Tumaco, en los que varios agentes de la Policía Antinarcóticos estuvieron implicados, aún no hayan sido esclarecidos y los empiece a cubrir el olvido.

En su alocución, el Ministro de Defensa guarda silencio sobre otros hechos victimizantes que cotidianamente son denunciados y que determinan el devenir de esta democracia. Abundan las amenazas individuales y colectivas contra poblaciones que en muchos casos fueron víctimas directas o indirectas en el pasado. Para ello, sus autores, sobre los que ninguna autoridad parece tener noticia, se sirven de panfletos (apócrifos o no), utilizados como un mecanismo de terror porque apelan a la memoria viva de la violencia ejercida por los grupos paramilitares (de antes y de ahora). Algunas de ellas se han materializado y en otros casos han restaurado el miedo que modifica comportamientos, conducido al desplazamiento forzado y suprimido las libertades de expresión y asociación. Resulta, por
eso, turbador que no se reconozca la gravedad de lo que es una práctica generalizada contra poblaciones específicas, que se ignore que se trata de un injusto contra bienes jurídicamente protegidos y que tiene impactos nocivos en el orden político.

En declaraciones a la prensa, el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que la mayoría de homicidios de líderes sociales de deben a peleas de vecinos, faldas y por rentas ilícitas. Foto: @mindefensa
En declaraciones a la prensa, el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que la mayoría de homicidios de líderes sociales de deben a peleas de vecinos, faldas y por rentas ilícitas. Foto: @mindefensa

El Ministro de Defensa también afirmó: “si tuviera alguna información de que una organización, una persona, una instancia dedicada a asesinar líderes sociales en Colombia, yo sería el primero en salir a decirlo”. La sistematicidad no se configura solamente cuando existe un plan o política de exterminio por parte de una organización determinada, sino también cuando existe una práctica tolerada. En este caso, la omisión recurrente en el deber de protección por parte del Estado es signo de tolerancia de las distintas formas de agresión contra líderes sociales y defensores. El Estado ha sido incapaz de adoptar medidas efectivas para prevenir la ocurrencia de los asesinatos, muchos de ellos antecedidos por amenazas, modificando las circunstancias en las que tienen lugar.

Respecto a la responsabilidad de los crímenes, el silencio sobre las autorías intelectuales es inquietante. El director en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, ha explicado que “El 75% de los asesinatos en 2017 han sido ejecutados por sicarios, es decir que alguien está pagándole a alguien para matar a estos defensores de derechos humanos” y que “un número significativo de los asesinatos de este año se relacionan con el proceso de paz; no en forma directa, pero sí en el contexto del proceso de paz, por los cambios en las dinámicas de poder que están teniendo lugar”. Asimismo, ha advertido que “Pueden ser intereses económicos locales, pueden ser intereses políticos locales, en muchas ocasiones pueden ser grupos armados ilegales que no están interesados en transformar la economía. Hay una oposición a la transformación de la realidad colombiana”.

En estas condiciones, cabe temer que las garantías de no repetición, sobre las que recalca el Acuerdo Final para la terminación del conflicto, no estén dadas. Es razonable preguntarse si la democracia colombiana continuará estando cimentada en la sangre derramada, si no se está gestando una nueva guerra.

Por eso, es importante recordar el llamado de atención que ha realizado el señor Procurador respecto a la obligación que tienen las distintas autoridades de operar un cambio en su respuesta para impedir las agresiones contra comunidades, líderes sociales y defensores de derechos humanos, para que sea otro el rumbo de nuestra historia. De lo que se trata, dijo Fernando Carrillo Flórez,

“es que pare inmediatamente esta máquina de guerra. Si estamos en pos conflicto […], la principal amenaza en este momento de la consolidación de la paz en Colombia es precisamente la forma como están eliminando nuestros líderes sociales. Eso tenemos que impedirlo. Ese es un desafío que además compromete a todas las agencias de seguridad y de investigación del Estado. Por eso, queremos hacer de nuevo un llamado […] a todas las autoridades, a no estigmatizar y a cerrar esa brecha de desconfianza ante las denuncias de los líderes y defensores de derechos territoriales en las regiones. Muchas veces las palabras de ellos se ponen en entredicho y lo que viene es la eliminación de quien hace previamente la denuncia. Eso no puede continuar de esa manera”.

Bogotá, 19 de diciembre de 2017

FRANKLIN CASTAÑEDA
Delegado Plataforma de DH

GUSTAVO GALLON GIRALDO
Delegado Plataforma de DH

VILMA LILIANA FRANCO R.
Experta

JAIME CAYCEDO TURRIAGO
Experto

CAMILO GONZALEZ POSSO
Experto

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