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Presentación

Diego Herrera Duque, presidente IPC [*]

En un terreno azaroso se mueve la implementación del Acuerdo de Paz firmado el 24 de noviembre de 2016 en el teatro Colón de Bogotá entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la insurgencia de las Farc. A un año de su firma, puede decirse que el proceso se ha desarrollado bajo el fantasma que dejó el plebiscito por la paz, realizado el 2 de octubre de 2016 con la intención de que los colombianos refrendaran los acuerdos. La estrecha mayoría que votó por el NO mostró que nos movemos en una sociedad polarizada y carente de consenso político, y de paso dejó ver que el camino para implementar los seis puntos del acuerdo final estaría minado de obstáculos. Hoy la realidad es tozuda. En un año han convertido la paz deseada en una “paz pírrica”. El balance tiene sus menos y sus más, pero parece haber más menos que otra cosa.

Uno de los aspectos fundamentales es que efectivamente se acabó el conflicto armado con las Farc, grupo guerrillero que hizo dejación de armas y pasó a constituirse en partido político, denominado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). El “silencio de los fusiles” ha traído resultados contundentes en la disminución de homicidios, secuestros y víctimas de minas antipersonal. Lógicamente, eso es resultado de que del escenario de la guerra hayan salido 6.804 guerrilleros que entregaron 8.994 armas (Kroc, 2017, p. 19).

Pero también es cierto que el proceso de amnistía y reincorporación de los excombatientes va muy regular. Y que la política de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito contemplada en el acuerdo, que se propuso sustituir 50 mil hectáreas en un año, de manera concertada con los campesinos, no avanza según lo esperado: al mes de octubre solo se habían sustituido 12 mil hectáreas (Caracol. 2017). En cambio, desde el programa nacional de erradicación forzada, la Fuerza Pública ha erradicado más de 47 mil hectáreas este año, según datos del Ministerio de Defensa (El Colombiano. 2017), con el lastre de que los operativos policiales han ocasionado fuertes choques con los campesinos que exigen la sustitución voluntaria y que ya han puesto muertos en medio de las manifestaciones.

A lo anterior se debe agregar que en el país ha aumentado el control territorial y social de grupos paramilitares en las zonas dejadas por las Farc, los cuales también han venido coaccionando a campesinos para incrementar la siembra y producción de cultivos ilícitos, y han aumentado la violencia con asesinatos y amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos. A la fecha, solo en Antioquia han sido asesinados 20 defensores de DD.HH., según reportó el nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) en su informe anual de derechos humanos para el año 2017. La mayoría de estos asesinatos han ocurrido en las zonas rurales y periféricas del país, y muchas veces con las consabidas alianzas criminales entre grupos armados ilegales, sectores de instituciones del Estado y privados.

Lo que se observa, entonces, es un Estado que no cumple a cabalidad con los compromisos emanados del Acuerdo de Paz; un grupo en proceso de reincorporación que ha cumplido con la mayoría de sus compromisos pero que se ve en aprietos para mantener la cohesión interna y desarrollar su actividad política sin armas, y una ciudadanía que, en su mayoría, sigue mirando con desdén y sospecha lo pactado en La Habana y la irrupción de las Farc en la vida social y política del país.

Las consecuencias saltan a la vista. Un Gobierno sin la fuerza y los medios suficientes para garantizar la unidad y sacar las reformas emanadas del acuerdo con la guerrilla, sin un plan claro para los retos del posconflicto, y desarticulado en su intervención en la Estrategia de Respuesta Rápida para la consolidación de lo pactado. Un Congreso, una Fiscalía y unas cortes mutilando las aspiraciones de verdad y justicia planteadas desde el acuerdo, sacando a los terceros y agentes del Estado (no militares) para garantizar la impunidad, obturando la posibilidad de apertura política a las fuerzas políticas minoritarias, garantizando la permanencia sin controles de prácticas políticas burocráticas, clientelares y corruptas de la dirigencia y sus partidos. Y ni que decir de la prometida reforma al campo, que ni siquiera estuvo en la discusión de la agenda legislativa. Con razón el amplio respaldo recibido de organismos internacionales, que siguen mirando con reparo lo acontecido en el primer año, mientras las víctimas ven que la retórica de su centralidad en el acuerdo es solo eso, retórica.

A la esperanza de la paz y las reformas democráticas que contenía el acuerdo logrado en La Habana, se le viene atravesando, como históricamente ha sido costumbre, la dirigencia política (y sus partidos), la dirigencia económica (y sus gremios) y la iglesia más tradicional que ha gozado de los beneficios de la guerra (con sus distintos credos). Parece que todos necesitan mantener la construcción de un enemigo interno, la polarización del país y sostener el miedo como factores de control y ordenamiento de la sociedad.

Esta dinámica se vio reflejada en la agenda del procedimiento legislativo especial para la paz, denominado fast track. De más de 40 normas que se requería fueran aprobadas, el Congreso solo aprobó 8, sin contar el limbo en el que fueron puestas las Circunscripciones Especiales de Paz (Semana, 2017). Dinámica que estuvo atravesada por el cálculo electoral para los comicios a la Presidencia y al Congreso de la República en 2018, en los que la agenda de paz se convirtió en el patito feo de la discusión electoral. Pocos se quieren meter con él, y quienes lo hacen, buscan atacarlo con mentiras y odios como estrategia electoral para capitalizar los votos del NO y el menosprecio ciudadano por la paz.

En un ambiente de incertidumbre para la implementación del acuerdo de paz, en la realidad política y social del país no han sido pocas las distintas manifestaciones ciudadanas de movimientos y organizaciones sociales, sectores políticos y privados progresistas, y de distintas comunidades étnicas y territoriales, que se han venido expresando por la defensa de lo acordado en la negociación política y denunciando los mecanismos de distorsión y recorte que, por parte distintos sectores de poder, se vienen operando en la implementación.

En este contexto presentamos el Boletín No. 20 del Observatorio de Paz y Derechos Humanos del IPC, que bajo diversas perspectivas de naturaleza sociopolítica, jurídica, histórica, académica y filosófica, trata de articular tres ejes de discusión vigentes a la construcción de paz en el país, en  relación con problemas urbano-rurales relevantes al contexto actual, y en una coordenada analítica dialógica en varios campos: seguridad y  derechos humanos en la ciudad de Medellín; minería, empresa y derechos humanos, y memoria y  verdad.

En el campo de la seguridad y los derechos humanos encontramos dos ejes de discusión. De un lado, el debate que durante los últimos años se ha venido haciendo con el seguimiento y análisis a las políticas y la acción institucional en materia de seguridad en Medellín, que viene profundizando negativamente sus indicadores en materia de homicidios, desplazamiento intraurbano y fenómeno extorsivo, acompañada del daño a los derechos humanos fundamentales de la ciudadanía, sobre el cual cabalga, sin reparo, “el milagro de la ciudad”. En síntesis, a la urbe innovadora y competitiva le va bien, pero también a la ciudad subterránea y criminal. Ambas se benefician y se relacionan entre sí. De otro lado, se propone un debate con nuevas coordenadas de análisis alrededor de la consolidación de la práctica del feminicidio, que tiene como sustrato fundamental una ideología neoliberal y un conservadurismo que operan sobre el carácter productor y reproductor de lo que se ha denominado el nuevo patriarcado.

En el campo de Empresa y Derechos Humanos, a partir de un estudio de caso alrededor de la empresa Mineros S.A y su actividad extractiva sobre el río Nechí en el Bajo Cauca antioqueño, se ponen de presente los problemas de la política minera en Colombia en relación con las irregularidades de la acción institucional, que busca favorecer las empresas mineras, y con la falta de regulación frente a la explotación de recursos naturales no renovables. Esto termina generando mayor daño ambiental, profundizando la inequidad y la desigualdad en las comunidades de influencia, y socavando la injusticia fiscal frente a la tributación de la industria minero extractiva, lo cual se convierte en un despojo del patrimonio público, en detrimento de la sostenibilidad ambiental, económica y social del país. Es una lógica donde el Estado protege a las grandes empresas extractivo-mineras, pero no a las comunidades y los territorios donde estas se asientan.

Por último, en el campo de memoria y verdad, encontramos perspectivas y llamados urgentes a partir de distintos trazos. Primero, una reflexión que nos trae a la memoria lo acontecido en la ciudad de Medellín en los últimos 30 años frente a la eliminación sistemática de defensores de derechos humanos, como realidad pasada y presente. Segundo, la reconstrucción de la memoria colectiva del caso del IPC alrededor del daño ocasionado por la violencia política como práctica persistente durante 35 años, a la cual se ha enfrentado desde procesos de resistencia política que han garantizado su existencia y vigencia. Tercero, un diálogo necesario para tiempos de posconflicto donde se ponen de presente los desafíos de la memoria para el reconocimiento de la verdad. Finalmente, una reflexión profunda en distintos tiempos alrededor de las concepciones humanas sobre la muerte en distintas sociedades, y el llamado a convocar la vida para sobreponerse a aquellas visiones sobre la muerte que se imponen y sobre el miedo paralizante que nos anula.

Esta publicación pone elementos de análisis para la discusión acerca de la implementación del acuerdo de paz, un análisis necesario en distintos temas y perspectivas que nos recuerdan que la paz va más allá de lo acordado en La Habana, pero que guarda estrecha relación con esa promesa aún incipiente de paz construida en los territorios, con las personas y el país nacional.

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[*] Trabajador social, magíster en Educación y Desarrollo.

Referencias:

Caracol Radio (22 de octubre de 2017). Gobierno desmiente que sustitución de cultivos ilícitos esté detenida. Recuperado de: http://caracol.com.co/radio/2017/10/22/nacional/1508683904_701292.html

El Colombiano (25 de noviembre de 2017). Fuerza Pública ha erradicado más de 47 mil hectáreas cultivos ilícitos. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/colombia/fuerza-publica-ha-erradicado-mas-de-47-mil-hectareas-cultivos-ilicitos-NC7765834

Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz (2017). Informe sobre el estado efectivo de implementación del acuerdo de paz en Colombia. Indiana, EEUU: Universidad de Notre Dame.

Semana (1 de diciembre de 2017). El fast track debilitó la gobernabilidad de Santos. Recuperado de: http://www.semana.com/nacion/articulo/se-debilita-la-gobernabilidad-de-santos-tras-el-fin-del-fast-track/549222