Un diagnóstico de derechos con enfoque territorial quedó plasmado en el IV Informe Anual de Derechos Humanos Caucasia 2017, elaborado por el Comité de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del municipio. Entre las muchas situaciones de interés que se identificaron se priorizaron algunos temas considerados necesarios de registrar por su actual situación en el territorio, y que se relacionan con las mismas temáticas abordadas en los informes anteriores.
El informe se concentra en abordar temas coyunturales durante el 2017 para el municipio, de esta manera en la sección 1 aborda los derechos humanos en el territorio e incluye temas como la desaparición forzada, la educación, el derecho a la salud y la diversidad, asuntos que fueron objeto de análisis para identificar el estado de cada uno en Caucasia durante el año que termina. Por su parte, en la sección 2 los temas centrales fueron las barreras de participación ciudadana en Caucasia, la insostenibilidad de la gran minería y el Comité de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Caucasia.
Según Orlando de Jesús Ávila, personero del municipio, lo que se puede deducir del análisis de los diferentes temas planteados en el informe es que los Derechos Humanos en Caucasia no presentan un marco muy esperanzador, pues aunque afirma que el municipio está en un estado de tranquilidad, comparado con una época difícil como lo fue el periodo 2008-2011, todavía en varios aspectos se encuentra en una situación preocupante.
De esa situación hace parte el tema de la desaparición forzada que, como lo resalta el informe, ha sido una situación que ha afectado a la subregión del Bajo Cauca y detrás de la que se encuentran “grupos armados que han hecho presencia en el territorio, pues ésta ha sido una de las formas en que establecieron su poder, prueba de ello son las cifras de desaparecidos que con los años se ha engrosado, y que aún en la actualidad no cesan”. Este asunto lo reafirma el personero cuando reconoce que detrás de la desaparición se encuentran diferentes actores armados y, lo más preocupante, es que se sospecha de la participación de actores oficiales.
Otro tema que Orlando Ávila resalta por su complejidad es la educación como servicio público esencial. Si bien en Caucasia es un derecho con cobertura y gratuidad, durante el 2017, según el informe, se hizo un recorte de recursos por parte del Ministerio de Educación al departamento de Antioquia que lo ha afectado, porque ha llevado a la interrupción del funcionamiento de los restaurantes escolares que beneficiaban a 11.980 niños y jóvenes en el segundo semestre, y se ha suspendido el servicio de transporte escolar de 560 niños y jóvenes, por el no aporte por parte de la Gobernación de la partida presupuestal. Como alerta el informe, esta situación puede afectar a una población en condiciones de vulnerabilidad y es una amenaza para la deserción escolar que tiene un alto porcentaje en el municipio, ya que, como afirma el personero municipal, “el 30% de los jóvenes y niños que están en capacidad de ir a la escuela no están yendo, tenemos un 30% de niños que no se matriculan y esa es una cifra bastante preocupante”.
A este panorama se suma también el tema de la salud, que aparece en el informe enmarcado en el contexto de crisis que se vive en el país. Pero según el personero municipal en Caucasia es un asunto agravado, porque allí no hay equipos adecuados para algunas intervenciones y tampoco se cuenta con especialistas, lo que ha provocado que muchas personas mueran esperando remisión hacia hospitales de Montería o Medellín, ya que las IPS de la zona urbana no cuentan con la posibilidad de brindar atención para muchas patologías o emergencias. La situación se agrava en la zona rural pues, como se registra en el informe, en la mayor parte del territorio no se cuenta con puestos de salud que brinden atención inmediata a la población.
Dentro del informe también se resalta la documentación de un asunto de gran impacto para el Bajo Cauca como lo es el tema de la minería, y en particular de la insostenibilidad de la gran minería, tema expuesto por Juan Esteban Jaramillo, investigador del Observatorio de Derechos Humanos del IPC, que registra desde el caso de la empresa Mineros S.A. que el Observatorio ha documentado desde el 2016 y que tiene gran relevancia dentro del informe porque, como afirma Juan Esteban Jaramillo, “el control que tiene Mineros S.A. sobre varios títulos mineros y varios reconocimientos de propiedad privada, afectan no solamente a la subregión si no, en particular, al municipio de Caucasia”, esto debido a la ubicación de los títulos sobre el borde del río Nechí.
De esta manera, se ha logrado identificar y presentar diferentes repercusiones que la presencia de esta minera ha tenido en la subregión del Bajo Cauca como los daños ambientales, afectación al patrimonio público por la explotación de recursos naturales no renovables y falta de garantías para el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales de las diferentes comunidades. Además, el investigador señala que el caso de Mineros S.A. presentado en el informe se encuentra dentro de un marco más grande, por lo que sirve para ilustrar el fracaso de la política minero extractivista en el país.
En materia de derechos, la situación expuesta por Juan Esteban Jaramillo deja ver las difíciles condiciones en las que se encuentran los habitantes de la subregión que se dedican a la minería mediana, pequeña, informal y tradicional, pues según afirma el investigador, estas personas aparecen como “una especie de vida residual en la construcción del orden económico en Colombia”, son criminalizados y perseguidos, “cuando en realidad lo que representan son actividades económicas informales que requieren acciones afirmativas del estado para formalización y para su protección”.
La solución de estos aspectos críticos implica la participación del Estado y en algunos casos de la comunidad, porque según Orlando Ávila, hay unas problemáticas complejas que plantean retos a largo plazo, sin embargo, señala la importancia de la creación de un informe de este tipo, en el que se pueden visibilizar las problemáticas de Caucasia y que sirve como diagnóstico para encontrar soluciones a las diferentes situaciones expuestas, que permitan mejorar la situación de Derechos Humanos en el territorio.
