Como represalia por un operativo de la Fuerza Pública sobre el río Nechí, en el que las autoridades quemaron maquinaria de minería informal de oro en el Bajo Cauca: cuatro dragones, dos retroexcavadoras y un buldócer, habitantes y mineros del corregimiento Cuturú del municipio de Caucasia extendieron un cable a lo ancho del río y retuvieron dos lanchas de la empresa Mineros S.A.

El ataque a los botes de la empresa se debió a que los operativos de la Policía y la Armada Nacional contra la minería informal fueron ordenados a raíz de varios amparos administrativos interpuestos por Mineros, compañía que concentra la mayoría de los títulos de explotación minera en la región.

Era de mañana aun cuando los manifestantes obligaron a 14 empleados de la empresa a descender de las lanchas y luego le prendieron fuero a los botes, manteniendo retenidas a las personas hasta las diez de la noche de ese jueves 14 de diciembre cuando ocurrieron los hechos. La liberación fue posible gracias a la mediación de Naciones Unidas y la Alcaldía de Caucasia.

Lo que refleja esta situación, explica Fabio Builes, fiscal de la junta directiva de la Asociación de Mineros del Bajo Cauca, es el camino sin salida al que han llegado los mineros tradicionales ante la persecución del Gobierno que, según él, “tiene un plan sistematizado para acabar la pequeña y mediana minería, no por los daños ambientales que hagamos nosotros sino para entregarle esa zona a las multinacionales sin importarle la suerte de toda esta gente que, en el Bajo Cauca, vive de la minería de oro”.

En esta región, anotó Builes, más de 120 mil personas derivan su sustento de la pequeña y la mediana minería de oro. “Aquí no hay otras fuentes de empleo y lo que genera trabajo es la minería o los cultivos de coca. A raíz de los ataques continuados hacia los pequeños y medianos mineros de 2012 hacia acá, los cultivos ilícitos se incrementaron porque la gente no se puede dejar morir de hambre, o barequea y saca su oro, o se va a sembrar coca, no hay más de otra”.

Esta problemática fue discutida en el II Foro Minero Derechos Humanos, Empresa y Territorio, realizado el 15 de diciembre en Caucasia por el Instituto Popular de Capacitación (IPC) con el apoyo de Misereor y la Unidad Nacional para la Atención Integral a Víctimas (Uariv).

La discusión giró en torno al eje Minería, ordenamiento territorial y posconflicto: hacia la reparación integral¸ en este sentido, Soledad Betancourt, investigadora del IPC, expresó que parte de la problemática con la minería informal en el país se debe a la acumulación de títulos mineros en manos de empresas multinacionales con el aval del Gobierno. En el caso de Mineros S.A. la compañía tendría 36.904 hectáreas con títulos a perpetuidad heredados de la corona española. En esos Reconocimientos de Propiedad Privada (RPP), la minera es dueña del suelo y del subsuelo.

Lo que se orquestado, anotó Betancourt, es una estrategia en la que se desconocen los derechos del minero tradicional y se le criminaliza, al punto de convertirlo casi que en un enemigo interno, para otorgarles todos los privilegios a las multinacionales.

Eso podría explicar por qué aunque los mineros informales han llegado a acuerdos con el Estado, éste no les ha cumplido. En 2013, recuerda Fabio Builes, “hicimos un paro de 52 días, logramos un acuerdo con el Gobierno nacional,  fueron cuatro puntos específicos de los cuales el Gobierno no cumplió ninguno, a pesar de que esos acuerdos fueron avalados como garantes por la Comisión Quinta del Senado, la ONU y la iglesia católica”.

Y es que detrás del mercado de concesiones mineras a las multinacionales, advierte Betancourt, hay influyentes políticos del país, como es el caso del Exministro de Minas y Energía del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Hernán Martínez. “Ese señor, es miembro de la junta directiva de Gran Colombia Gold —que ha generado un fuerte conflicto en Segovia y Remedios— y de Pacific Rubiales —que terminó en Quiebra—. Fue él quien armó todo el negocio de Reficar, y hoy está siendo investigado en tres procesos: uno en Pacific Rubiales, otro por el desfalco de Reficar y otro por Prodeco, una minera de carbón que tiene un detrimento patrimonial cercano a 60 mil millones de pesos”.

Todo este andamiaje, ha terminado favoreciendo principalmente a empresas canadienses que en los últimos años han captado importantes negocios de producción de oro en Colombia. Detrás de esas transacciones, denunció Betancourt, estarían “el magnate canadiense,  Frank Giustra, y el expresidente estadounidense, William Bill Clinton, quienes tienen una fundación con la que andan diciendo que hacen filantropía y van andando por el mundo”.

Pero el problema no es solo para los mineros informales, advierte Betancourt, también para las comunidades y grupos étnicos que están viendo vulnerado su derecho al territorio y a la consulta previa. Por ello, en el caso particular del Bajo Cauca, la investigadora del IPC puso una alerta.

“Los canadienses tienen la disputa por la entrada a la serranía de San Lucas, por eso negaron la expansión de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra en ese sector. En los mismos documentos de las mineras canadienses ya se habla de la importancia que a futuro podría tener esta serranía en la producción de oro”, reveló Betancourt.

 

Un proyecto regional de vida para el Bajo Cauca

El II foro minero en Caucasia contó con la participación de voceros de organizaciones comunitarias, sociales, étnicas y gremiales provenientes de las regiones del Nordeste, Norte y Bajo Cauca antioqueños.

Foro Minero Caucasia 15 dic

Jorge Eliecer Rivera Franco, representante del movimiento Ser Ciudadanos, presentó las conclusiones del foro que, según dijo, “se constituyen en un insumo importante para la construcción de un Proyecto Regional De Vida”.

Entre los puntos expuestos se destacan la apuesta de los campesinos por permanecer en sus territorios, “lo que podría interpretarse como una decisión de rescatar y consolidar la economía campesina con las innovaciones y reconversiones pertinentes. Igualmente, la intención de construir un proyecto regional auto sostenible, que podríamos asimilar a una propuesta de desarrollo endógeno – pluriétnico”, expresó Rivera.

También, se planteó la necesidad de mantener una unidad regional que propenda por la vigencia del Estado social de derecho y, por ende, de los principios y fundamentos de los Derechos Humanos. En este proceso, agregó el representante social, se reivindicó “la importancia de reivindicar el valor del conocimiento vivencial y académico para defender nuestros derechos y territorios, en otras palabras, continuar pensando y haciendo”.

Y sobre todo, se habló de la necesidad de implementar modelos de minería ancestral y de pequeña escala responsable. Para ello, indicó Rivera, se hace necesario “movilizar la región en pro de una reforma urgente al Código de Minas vigente para terminar con el ‘limbo jurídico’ que ha generado la incoherencia de la normativa vigente. Dicha reforma, debería contar con participación de los actores territoriales”.

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