Despojo de tierras en las cuencas de La Larga y Tumaradó: reclamos por la verdad y la restitución

Desde Riosucio (Chocó) hasta Turbo (Antioquia), comunidades afros y mestizas sufrieron el despojo de tierras en un periodo de violencia en medio del cual se expandió la agroindustria del banano, la ganadería y la palma. Hoy, aún entre agresiones, las víctimas del territorio colectivo esperan la restitución y exigen verdad sobre la participación del empresariado en la usurpación de predios.

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“El despojo comenzó en el departamento de Córdoba. Los campesinos fueron saliendo. Acá llegamos de Bolívar, Córdoba, Sucre, San Juan, Alto y Medio Atrato. A esto le decían ‘La Carretera’. Un privilegio es que aquí había aguas. Todo estaba conservado. Esto eran tierras baldías con animales silvestres, no había afectación. El único peligro era la serpiente. A mi papá lo mató una serpiente”. De esa manera, el 15 de octubre de 2017, Mario Castaño Bravo recordaba la llegada de su familia en los años setenta a la comunidad La Madre Unión en el Bajo Atrato chocoano. El líder reclamante de tierras era conocedor del pasado de su pueblo y también de todas las amenazas que hoy acechan al territorio colectivo, actualmente solicitado en restitución para las comunidades afros y mestizas de la Larga Tumaradó. De lo que aún no tenía idea, era de su propio destino: un mes y once días después, el 26 de noviembre, Mario sería baleado por los paramilitares frente a su esposa y sus hijos.

Junto a Mario han muerto otros 21 líderes de restitución de tierras en Urabá asesinados desde el año 2008 cuando la Ley de Justicia y Paz — Ley 975 de 2005 abrió la puerta para que los campesinos despojados de sus fincas en medio de la violencia paramilitar pudieran acceder a la restitución de sus antiguas fincas. Pero la tramitología y las presiones de los terratenientes que se negaban a devolver los predios incidieron en que el proceso se estancara. Luego vino la ley 1448 de 2011 —Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Los campesinos pensaron que esta vez sí recuperarían rápidamente sus tierras. Sin embargo, el asunto no ha sido más fácil. Los trámites judiciales y administrativos se han dilatado y los terratenientes han emprendido una fuerte oposición a la restitución que combina todas las formas de lucha: desde estrategias jurídicas y políticas, hasta intimidaciones y ataques a los labriegos.

# Líder o reclamante de tierras asesinado Fecha del homicidio
1 Juan Agustín Jiménez Vertel 20 de julio de 2008
2 Alexander Gómez 25 de julio de 2008
3 Valdiris Padrón julio de 2008
4 Benigno Antonio Gil Valencia 22 de noviembre de 2008
5 Gualberto Hoyos 14 de octubre de 2008
6 Jaime Antonio Gaviria 5 de diciembre de 2008
7 Argénito Díaz 14 de enero de 2010
8 Albeiro Valdéz Martínez 11 de mayo de 2010
9 Hernándo Pérez Hoyos 19 de septiembre de 2010
10 David de Jesús Góez 3 de marzo de 2011
11 Alejandro Antonio Padilla Morelos 17 de noviembre de 2011
12 Leoncio Manuel Mendoza Mejía 26 de noviembre de 2011
13 Manuel Ruíz 24 de marzo de 2012
14 Samir de Jesús Ruíz Gallo 24 de marzo de 2012
15 Reinaldo Domicó 1 de enero de 2013
16 Arlenis Reyes 1 de agosto de 2013
17 José Cartagena 10 de enero de 2017
18 Porfirio Jaramillo 29 de enero de 2017
19 Jesús Alberto Sánchez Correa 19 de agosto de 2017
20 Mario Castaño 26 de noviembre de 2017
21 Hernán Bedoya 8 de diciembre de 2017

Reclamantes de tierras asesinados en el Urabá antioqueño y chocoano a diciembre de 2017. Fuente: Instituto Popular de Capacitación (IPC)

Dispuestos a exigir la devolución de sus tierras, varios reclamantes retornaron sin acompañamiento institucional a sus antiguas fincas. Mario Castaño fue uno de ellos. Junto a otras 25 familias retornó en 2014 a La Madre Unión en Riosucio (Chocó). Como pudieron, los campesinos levantaron casas de madera y declararon el territorio como zona humanitaria de biodiversidad en un intento por protegerse de las amenazas, la quema de sus viviendas, la destrucción de sus cultivos y las agresiones físicas que los actores armados y los empleados de los empresarios les han ocasionado. Fue ante este tipo de ataques que el Juez Primero de Restitución de Tierras de Quibdó emitió el Auto 00181 del 12 de diciembre de 2014, el cual dictó medidas cautelares de protección a los reclamantes.

Las primeras familias que llegaron a Madre Unión vinieron a finales de los setenta, relata un habitante de esta comunidad quien pidió proteger su identidad. “Todos llegaron por el río La Larga. El primero que llegó fue Ramón Hernández con su familia. Luego llegaron los Arteaga. Todos los que llegaban después se asentaban donde Ramón Hernández y de ahí subían a colonizar tierras. Pero en 1997 salimos desplazados”.

Por ese entonces los paramilitares rondaban el territorio amenazando a los campesinos para que vendieran sus tierras. Como muchos se negaban a salir, vinieron los asesinatos y las masacres. A la familia de Mario Castaño le tocó dejar sus tierras el 17 de septiembre de 1997 cuando se desplazaron hacia Belén de Bajirá. Diecisiete años después Mario regresaría para liderar junto a otros reclamantes los procesos de conformación de zonas humanitarias y de biodiversidad en La Larga Tumaradó.

Aunque Mario y otros campesinos mestizos habían llegado desde los setentas y ochentas, en el año 2000, mediante la resolución 2805, el Incora constituyó a las cuencas de los ríos La Larga y Tumaradó como territorio colectivo de comunidades afrodescendientes. Mestizos y afros han convivido desde siempre y desde 2008 libran una lucha conjunta por la restitución de las 107.064 hectáreas que conforman el consejo comunitario, de la cuales el 51% de la tierra está en manos de 6 grandes ocupantes, algunos de ellos acusados de usurpación o despojo violento, según indica un estudio del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep)[i].

El logro más reciente de esta lucha fue la radicación de la demanda de restitución del territorio colectivo presentada por la Unidad de Restitución de Tierras el 1 de diciembre de 2017 ante el Juzgado Primero de Restitución de Tierras de Quibdó. La demanda cobija a cerca de 5.000 personas asentadas en las cuencas de los ríos La Larga y Tumaradó. En la acusación, empresarios como José Vicente Cantero, Jaime Uribe Castrillón, Wilmer Dorance Romero, Francisco Castaño, y empresas mineras como la AngloGold Ashanti Colombia, han sido acusados de participar en el despojo de tierras en esta región.

La responsabilidad del empresariado en el despojo

En su estudio, Los pilares del despojo en Urabá, la investigadora Paola Andrea Posada estableció que “las modalidades de despojo más comunes en Urabá han sido las ventas forzadas, la falsedad de títulos, ventas con lesión enorme y bajos precios, adjudicaciones irregulares de baldíos y vías de hecho como el englobe de parcelas mediante cercos. Otro tipo de despojo como el abandono, de acuerdo con la conceptualización que se ha hecho en este trabajo, fue el más significativo en este territorio”[ii].

Son tal vez los casos de Chiquita Brands y su filial Banadex, así como el de Banacol y el Fondo Ganadero de Córdoba, algunos de los que mejor ejemplifican la manera como distintos empresarios incentivaron el paramilitarismo para hacerse a tierras en distintas regiones del país y, en este caso particular, en el Urabá chocoano, cordobés y antioqueño.

El encargado de manejar la relación con los terratenientes, según versiones libres de exjefes paramilitares de la zona, fue el entonces comandante del Bloque Bananero, Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias Pedro Bonito, quien a través de la Convivir Papagayo recibía los aportes de empresarios y ganaderos de la región para distribuirlos a las AUC[iii].

En versión libre del 3 de septiembre del 2010, dentro del proceso de Justicia y Paz, Hasbún Mendoza señaló con nombre propio a más de 200 ganaderos, palmicultores y bananeros de Urabá como los financiadores del bloque que él mismo comandó. En la lista, que entregó a la Fiscalía, aparecen compañías como Uniban, Banafrut y Banadex, entre otras[iv].

Lo paradójico de esta situación es que casos como el de la multinacional Chiquita Brands permanecen en la impunidad en Colombia, mientras que en Estados Unidos el juez federal Royce Lamberth condenó a esa compañía a pagar una multa de 25 millones de dólares, luego de que esta se declarara culpable de hacer más de 100 pagos a paramilitares colombianos.

En el caso del Fondo Ganadero de Córdoba, el 10 de febrero del 2014 se conoció de la captura cinco personas: el entonces gerente de esa agremiación en el departamento de Córdoba, Carlos Sotomayor Hodeg; el empresario de nacionalidad mexicana Benito Molina Velarde, accionista mayoritario y miembro de la junta directiva; el abogado Carmelo Esquivi; el notario de Montería, Miguel Puche Yáñez; y Orlando Enrique Fuentes Hessen, también miembro de la junta directiva.

De acuerdo con la Fiscalía, “el proceso se relaciona con los hechos ocurridos durante los años 1994 y 1995, cuando los hermanos Vicente y Carlos Castaño, jefes máximos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) despojaron de sus tierras a más de 130 familias campesinas de la región de Tulapas, zona rural de los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, desde el Golfo de Urabá hasta la zona baja del departamento de Córdoba”[v].

La investigación del ente acusador indica que el 1 de diciembre de 1997 en la finca La 52 —uno de los primeros predios despojados en Tulapas— se concretó un acuerdo entre la Casa Castaño y el Fondo Ganadero de Córdoba para evitar el retorno de los campesinos desplazados y adelantar la legalización de las propiedades despojadas. En este acuerdo estuvo presente Sor Teresa Gómez, hermanastra de los Castaño, quien dentro de las AUC tuvo la tarea de legalizar predios valiéndose de compraventas y falsos títulos de propiedad, en muchos casos a través de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor).

Otro caso relevante de despojo implica a la Comercializadora Internacional Banacol, compañía colombiana que, según un informe de la Comisión Intereclesial de Justicia Paz, se valió del paramilitarismo para acumular tierras en las comunidades negras y mestizas de Curvaradó y Juaguimandó en el departamento del Chocó.

El estudio de la Comisión Intereclesial indica que Los paramilitares, con la complicidad por acción y omisión de la Brigada 17 —del Ejército— y de la policía Urabá, argumentando el combatir a la guerrilla, asesinan, desaparecen, torturan y desplazan; empresarios vinculados con esas estructuras criminales se apropian de los territorios que legal y tradicionalmente son de las comunidades; autoridades al servicio de empresarios pretenden la legalización fraudulenta de estos territorios, el gobierno nacional respalda más del 95% del total de la inversión ilegal; se implementa el agro negocio de palma aceitera sobre las ruinas de viviendas, cementerios y locaciones comunitarias de las comunidades; se acrecienta la ganadería extensiva y transnacionales del plátano, el banano, la piña y [la] yuca, de la mano con paramilitares, ven la oportunidad para ensanchar la frontera agrícola y hacerse con un suelo de gran calidad[vi].

 

Lugares de memoria en La Larga Tumaradó

La Madre Unión, a donde pertenecía Mario Castaño, es solo una de las 49 comunidades que hacen parte de La Larga Tumaradó. En todas ellas, los afros y los mestizos sufrieron la violencia y el despojo de sus tierras. Las huellas de ese pasado están en lugares emblemáticos como el puente de La Pala, destruido en un enfrentamiento entre paramilitares y guerrilla; y el río Bajirá, por donde bajaban las personas asesinadas.

En un recorrido por el territorio, el Centro Nacional de Memoria Histórico (CNMH), con el acompañamiento del Cinep, recogió de primera mano los testimonios de los pobladores de la zona sobre la violencia que ha sufrido la región. A grandes rasgos, de acuerdo con el estudio de caracterización de afectaciones territoriales realizado por el Cinep, a petición de la Unidad de Restitución y ACDI/VOCA, en La Larga Tumaradó se identifican cinco grandes impactos.

El primero, Juan Sebastián Ospina Mendez, investigador del Cinep,  fue que cerca del 85% de la población que habitaba el territorio colectivo se desplazó a centros urbanos como Turbo, Chigorodó y Carepa. A la par llegaron personas de otras regiones, víctimas de la violencia, traídas por los empresarios para trabajar en sus fincas. Eso ha generado hoy una fuerte disputa por el territorio. El segundo, la transformación a las formas tradicionales de producción que fueron afectadas por la agroindustria. El tercero, la pérdida de prácticas tradicionales y culturales, así como de espacios de socialización. El cuarto, un cambio radical en la forma como las personas se relacionaban con sus predios, pues se perturbó el derecho de propiedad colectiva, al punto que los grandes ocupantes y empresarios buscan legalizar la ocupación y el despojo mediante compraventas y títulos fraudulentos. Finalmente, el daño ambiental, con una fuerte modificación de cauces de agua y deforestación.

En el recorrido por la zona, el centro nacional memoria visitó las comunidades de Villa Eugenia, Cuchillo Blanco, California, La Pala, La Punta y Madre Unión, en los municipios de Turbo, Belén de Bajirá y Riosucio. En ellas, “encontramos las huellas de lo que eran las comunidades antes, lugares de conflicto donde hubo confrontaciones de los grupos armados, la ausencia de especies animales que antes se consumían y cultivos que antes se podían hacer y hoy no, porque el suelo está afectado por la explotación maderera y la ganadería intensiva. Eso ha repercutido en falta de alimentos y agua potable para la población”, concluye Javier Díaz, investigador de la Dirección para la Construcción de la Memoria del CNMH.

De entre los muchos testimonios que entregó la comunidad en el recorrido del CNMH, emergió en Villa Eugenia, municipio de Turbo, el relato del “Arca de Noe”, una edificación grande construida sobre un predio que hoy es reclamado por campesinos. “La casa fue hecha por un empresario. Ahí se reunían los duros: José Vicente Cantero, Wilmer Romero, ‘Don Berna’ —Diego Fernando Murillo, ex jefe  paramilitar— y Carlos Castaño —excomandante de las AUC—. Ahí hacían fiestas, reuniones con prostitutas y compraban guagua. Todo esto alrededor era ganadería extensiva entonces”, narra un habitante de la vereda que pidió proteger su identidad.

Otro lugar de memoria es el sitio donde se erigían los antiguos campamentos de la empresa Maderas del Darién en la comunidad de La Pala, municipio de Riosucio. Allí, los paramilitares habrían instalado una base de operaciones en un predio que también hoy está siendo reclamado por campesinos y que está ubicado a escasos metros del caserío principal.

En el caso de Madre Unión, el mismo Mario Castaño recordaba en octubre de 2017 que en inmediaciones del cerro La Madre existió una base de los paramilitares y que aún hoy el sitio es lugar de refugio para el paramilitarismo. Lo particular es que en esa zona la empresa minera “AngloGold Ashanti hizo un hueco como de 20 o 30 metros supuestamente buscando guaca. Y allá donde tiene la mayoría Francisco Castaño —uno de los empresarios acusados de despojo en la zona— hicieron otra exploración”.

Frente a este tipo de denuncias, Martha Peña, investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC), pregunta “¿por qué históricamente el Estado colombiano no ha protegido a estas comunidades campesinas y afrodescendientes del despojo y el desarraigo?, pese a su reconocimiento como territorio colectivo, y ¿por qué incluso ha expedido licencias a algunas empresas que han sido acusadas de violar los derechos colectivos de las comunidades? Con esa forma de actuar el Estado incurre en una contradicción porque, por un lado, promueve la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras mientras, por el otro, concede títulos mineros sobre esos mismos predios, algo así como un segundo despojo”.

Por ello, concluye Martha Peña, resultan importantes sentencias como la T-622 de 2016, expedida por la Corte Constitucional, que “reconocen el territorio de una manera más amplia y, en este caso particular, reconoce al río Atrato como sujeto de derechos y abre el camino para confrontar las ambiciones expoliadoras de empresas mineras que han tratado este territorio como el Nuevo Dorado”.

Denuncias e historias como las aquí relatadas dejan mucho que pensar acerca de la forma como se concretó el despojo de tierras en regiones como La Larga Tumaradó, y sobre la manera como se desarrolló la expansión empresarial en muchas zonas del país. Habrá que esperar que estos macro casos de despojo sean investigados por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad para que se puede revelar cómo fue la participación del empresariado en el conflicto armado colombiano y, particularmente, en los territorios afectados por la violencia.


[i] Guerrero Juan Pablo et. Al., Comunidad de Aprendizaje Comparte, aportes desde el Cinep al módulo 2: identificación de las experiencias económico productivas, Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep/Programa por la Paz), Bogotá, abril de 2012, p. 3.

[ii] Moncada Carvajal, Juan José, Posada, Paola Andrea, et. al., 2011, “Los pilares del despojo”, en Realidades del Despojo de Tierras, Instituto Popular de Capacitación (IPC), Medellín, p. 198.

[iii] Comisión Colombiana de Juristas, 2008, 27 de febrero, “Impunidad cobija a jefe paramilitar Raúl Hasbún en Urabá”, en Boletín N° 24: Serie sobre los derechos de las víctimas y la aplicación de la ley 975, Bogotá, p. 2, disponible en Internet: http://www.coljuristas.org/documentos/boletines/bol_n24_975.pdf

[iv] Canal Capital, 2012, 9 de julio, “Raúl Hasbún alias Pedro Bonito destapó la ‘paraeconomía’ en Urabá”, en canal de Youtube de Canal Capital, disponible en Internet: https://www.youtube.com/watch?v=1yndb4WLaeo

[v] Fiscalía General de la Nación — Colombia, 2014, septiembre, Informe de casos de connotación, p. 8.

[vi] Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2012, mayo, Colombia: Banacol, empresa implicada en paramilitarismo y acaparamiento de tierras en Curvaradó y Juaguimandó, Hands off the Land Alliance, p. 4.

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