Por Katalina Vásquez Guzmán y Yeison Camilo García

A punto de cumplirse 20 años de sus asesinatos, las víctimas de la masacre que aún estaban en El Aro salieron del pueblito por última vez. Fueron llevadas a loma de mula como cuando se enfermaban, o salían al caserío vecino, al parque de Ituango o a Puerto Valdivia para comprar insumos o tramitar papeles. Los restos mortales de los campesinos, que las Autodefensas acribillaron el 22 de octubre de 1997, fueron llevados cuesta abajo envueltos en plástico, convertidos, dos décadas después, en fragmentos óseos o en cenizas depositadas en pequeñas bolsas que ya en nada se parecen a un cuerpo humano. Custodiados por el equipo de la Fiscalía General de la Nación que los exhumó y se los llevó a Medellín, primero, por el tradicional camino de herradura, luego por la vía que está construyendo el consorcio contratado por Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

Mientras en las montañas del Norte se concretan los planes que la clase empresarial antioqueña trazó para estas tierras: construir la hidroeléctrica más grande América Latina, para la comunidad de El Aro y, en general las víctimas de Ituango, la reparación sigue siendo un sueño y más aún la justicia. La Granja y Santa Rita, otros corregimientos de Ituango, fueron igualmente golpeados en la incursión paramilitar que arreció justo en el año de creación de la “Sociedad Promotra de la Hidroeléctrica Pescadero S.A” con una ordenanza de la Asamblea de Antioquia y con el impulso y financiación, entonces como hoy, de la Gobernación de Antioquia.

Muchos millones, aguas y muertos han corrido desde entonces en las zonas que empezaron a ser privatizadas, en principio por los primeros descendientes de los españoles y años después por mestizos como la familia Angulo, considerada la principal terrateniente de esta zona, y por otros grupos familiares y de “amigos” que se aliaron para conquistar este sector estratégico donde se unen Briceño, el Bajo Cauca y el enorme y rico municipio de Ituango, el más extenso de Antioquia. Allí, hay que recordar, tuvo presencia histórica la guerrilla de las FARC, hasta inicios de este año cuando marcharon a concentrarse en la vereda Santa Lucía para dejar las armas.

A parte de Hidroituango, de que las FARC ya no están en los lugares más apartados del municipio, y de que los grupos posparamilitares están avanzando en copar los territorios que dejó la insurgencia, son pocas las cosas han cambiado en El Aro después de la masacre. La inspección de policía y la oficina de llamadas fueron abandonas, y la mayoría de las casas incendiadas por los ‘paras’ tras la masacre siguen deshabitadas, a pesar de que fueron reconstruidas en parte.

Los caminos empedrados siguen ahí, aunque arruinados en parte, y las tiendas y cantinas se mantienen iguales; las heredaron los hijos, sobrinos y primos de aquellos que murieron en la masacre. Y aunque están sumergidos en la cotidianidad de un mundo que poco ha cambiado, los familiares de las víctimas no pierden la dignidad y no renuncian a seguir exigiendo que el país les devuelva la mirada, como lo imploraron del 22 al 26 de octubre de 1997 cuando los paramilitares arribaron al caserío con lista en mano. Esa semana asesinaron, violaron las profesoras, torturaron a los niños, echaron fuego sobre las viviendas e hicieron reunir a los sobrevivientes en la plaza principal junto a los cadáveres que solo algunos lograron enterrar con permiso de “Junior”, el joven comandante paramilitar que se sentó a dirigir los operativos, a distribuir armamento y a decidir quién se iba a echar bala con la guerrilla mientras las mujeres cocinaban en medio del parque y los demás lloraban y rezaban en el atrio de la iglesia ante los cuerpos ya sin vida de sus seres amados; los mismos que veinte años después, antes de terminar 2017, fueron desenterrados de una fosa común en el corregimiento El Aro.

Hay confesiones, pero las investigaciones no avanzan

Ahora que las últimas evidencias de la masacre están en poder de la misma Fiscalía, no se sabe en qué avanzarán o retrocederán las investigaciones. Han pasado los años y esa institución ni siquiera ha abierto investigaciones contra el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, pese a que en 2015 el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín compulsó copias a ese despacho con pruebas testimoniales de su participación por acción y omisión en la tragedia.

En cuanto a la verdad, que empezó a ser entregada por los jefes paramilitares que se acogieron a Justicia y Paz, sí hubo grandes avances desde que los desmovilizados empezaron a aportar en el marco de justicia y paz, pero el proceso se quedó en veremos con la extradición de los principales jefes paramilitares, ordenada por el entonces presidente Uribe Vélez.

Por eso, pese a sus mutilaciones tras su paso por el congreso, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, pactadas en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC suponen un rayo de esperanza para estas comunidades que no han encontrado respaldo pleno en el Estado que, como lo confesó alias Salvatore Mancuso, fue el que entregó coordenadas y mapas de El Aro para realizar la masacre y el mismo que hizo caso omiso de las denuncias y se negó a proteger a la población dejándola a merced de los grupos armados.

Tal vez por eso hoy la desconfianza en el Estado sigue siendo fuerte incluso con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que al parecer les causa a los pobladores del corregimiento más amarguras que alegrías, pues varios campesinos comentan que a pesar de las múltiples visitas y promesas de la Unidad, no han llegado las reparaciones individuales ni colectivas. Lo mismo ocurre con las alcaldías, las gobernaciones y el Ejército, instituciones de las cuales dicen solo se acuerdan de El Aro a fin de año para mandar juguetes y natilla, y para tomarse fotos que van a dar a sus informes de gestión.

La relación con EPM y el consorcio que está a punto de terminar la carretera que rodea el Río Cauca y conecta a Puerto Valvidia con el Valle de Toledo, no es muy diferente. Hace dos meses, en octubre, cientos de personas ocuparon el puente sobre el río Cauca y se sembraron en tierra en una acción performativa para denunciar que el proyecto empresarial acabó con sus vidas y que está relacionado directamente con el conflicto armado que mostró una de sus peores caras en El Aro.

Por el asesinato de 16 personas,  el desplazamiento de 500 personas más, la destrucción del caserío que quedó en cenizas, el rompimiento del tejido social y familiar, el robo de mil cabezas de ganado, la violaciones sexuales, el terror, las torturas, los traumas, y el olvido que todavía vive este pueblo alejado y aporreado, apenas dos personas han ido a la cárcel. Y aunque existe una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado colombiano, pocas cosas han cambiado en el paisaje de los acusados, mientras el aspecto del pueblito sigue mutando con la soledad.  Muchos se están yendo ahora que se firmó la sustitución voluntaria de la hoja de coca, pues dudan de tener con qué sobrevivir en esta lejanía.

Pero otros sacan fuerzas y esperanzas en la promesa de una carretera y los proyectos productivos que traería la paz. José, con cuatro hijos, se niega a salir de su terruño y prefiere seguir viviendo del jornal y exigiendo que, además de carretera para sacar los productos del campo y los enfermos, la escuela ofrezca hasta el grado once para así no tener que separarse de sus pequeños al llegar a bachillerato. De esa forma, podrá enseñarles, como sus abuelos y padres lo hicieron con él, la pasión por la tierra y la devoción al cielo que cada noche de este fin de año descubre las estrellas en las noches claras para, al día siguiente, dar paso a un sol radiante que alimenta el fríjol, el plátano y el nacimiento del agua, que EPM exportará a partir de 2018 desde esta montaña fértil y hermosa que sigue siendo El Aro.

Reparar para construir futuro

Por la masacre y el desplazamiento en el corregimiento de El Aro “todos tuvimos afectaciones”, aseguró Tulio Mejía. En ese momento, algunos de los habitantes recibieron ayudas humanitarias por determinados montos. Sin embargo, agregó el presidente de la JAC, no todos han recibido las indemnizaciones concernientes a las reparaciones individuales.

En esto insistieron algunos pobladores del caserío y de las veredas San Luis, Organí Bajo y Organí Alto, quienes se reunieron el pasado 16 de diciembre en la caseta comunal, para conversar sobre los impactos del conflicto armado, las necesidades de sus comunidades y el proceso de reparación que actualmente le corresponde a la Unidad para las Víctimas.

Lenis George, habitante del caserío, contó que ella recibió cuatro ayudas humanitarias; luego le escribieron que “ya había superado la vulnerabilidad” y que debía esperar la indemnización. Por su parte, Albeiro Jaramillo, habitante de San Luis, relató que a pesar de haber perdido 35 cabezas de ganado y que le quemaran su casa, por lo cual tuvo que desplazarse, no ha recibido ningún tipo de reparación.

Aparte de la reparación individual a las víctimas directas de la masacre, el corregimiento de El Aro fue reconocido por la Unidad para las Víctimas como sujeto de reparación colectiva –también lo son La Granja y Santa Lucía en Ituango–. Sin embargo, consideran que también en este caso la labor de esa dependencia del Estado se halla inconclusa.  Aunque en 2005 el Estado fue condenado por las masacres de El Aro y La Granja y pagó desde entonces las indemnizaciones a las más de 200 víctimas que demandaron, quienes se desplazaron y sufrieron afectaciones podrían ser más de 500 personas. Algunos de ellos, que siguen en El Aro, consideran que la reparación no ha sido completa, y señalan ineficacia en la medida colectiva.

Ellos recordaron que desde hace aproximadamente dos años no tienen acompañamiento de la Unidad para avanzar en la ruta de reparación, que debe a conducir a identificar las medidas reparadoras. Para Isabel Gutiérrez, habitante de Organí Alto, y para otros padres de familia, la mayor necesidad del corregimiento es que haya al menos un colegio con el bachillerato completo y mejoramientos para las escuelas veredales.

Entre tanto, exigen que empresas como Interconexión Eléctrica (ISA) y EPM, que desarrollan proyectos energéticos en su territorio, cumplan con sus obligaciones. De la primera, esperan que invierta 50 millones (más otros 10 millones que pondría la Alcaldía de Ituango) tal como lo priorizó la comunidad: mejoramiento de la infraestructura física de la escuela que hay en el caserío.

De la segunda, EPM, esperan mucho más: continuidad en la financiación de un profesional que atienda a la comunidad en el puesto de salud del caserío, pues la enfermera terminó contrato el noviembre; al menos un tanque de agua potable para la escuela, pues allí no hay cómo filtrar el líquido, y la construcción de una carretera que los acerque a Puerto Valdivia y les reduzca tiempos y gastos en la producción y transporte de los productos agrícolas.

Temen nueva arremetida de grupos paramilitares

Además de sus necesidades, los habitantes las veredas se refirieron en privado a la que es quizás su mayor preocupación: las condiciones de seguridad posteriores a la reintegración de los excombatientes del Frente XVIII las FARC. Si bien en el caserío hay presencia del Ejército, que tranquiliza a la comunidad, en las veredas han notado presencia de grupos paramilitares que ejercen control territorial.

De hecho, el pasado 14 de octubre se realizó un consejo de seguridad en el municipio de Ituango, que tuvo como objetivo verificar denuncias que circulaban por redes sociales sobre presencia de grupos criminales en El Aro. En aquella oportunidad participaron autoridades locales, líderes sociales de la región y miembros de la Policía y Ejército.

Posteriormente Jorge Romero, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, informó a través de medios nacionales que dos días después del consejo de seguridad se presentó un enfrentamiento entre militares del batallón Jorge Eduardo Sánchez y alrededor de diez presuntos miembros del Clan del Golfo en la vereda Filadelfia. En esa ocasión, dos hombres fueron capturados e incautados un fusil, munición y documentos.

Aunque no fue posible comunicarse con Elizabeth Álvarez, secretaria de Gobierno de Ituango, para indagar por las condiciones de orden público en El Aro, vale recordar que en una entrevista realizada a principio de año ella explicó que ese corregimiento está ubicado en un corredor estratégico que une las subregiones Norte y Bajo Cauca de Antioquia.

Según indicó, El Aro es uno de los corregimientos de Ituango con presencia de cultivos ilícitos, que son considerados por los grupos armados como fuente de financiación; además tiene salida al río Cauca, lo cual posibilita la distribución del narcotráfico. Y, como si fuera poco, es territorio de influencia de proyectos minero-energéticos que movilizan grandes sumas de capital.

El abandono, secuela de la masacre

Con las caras y brazos curtidos por el sol, y con las penas que los actores armados han dejado tras su paso, los habitantes de El Aro mantienen la fe en Dios y la Iglesia Católica, que aunque lleva medio año sin asignar un párroco para el corregimiento dice que no los abandona y abre las puertas de la parroquia en diciembre colmando de vida un pueblo de 160 personas, cuatro cantinas y 48 casas.

Una fe similar le tienen a los funcionarios y a los forasteros — aunque cada vez con menos devoción—,  que no dejan de asomar cada año para preguntar cómo van las cosas, para ofrecer una que otra ayuda o hasta para anunciar la llegada del famoso desarrollo. De esa palabra también han escuchado mucho en las reuniones de EPM e ISA Intercolombia, que pasará por estas montañas con su interconexión Antioquia – Cerromatoso.

Pero sobre lo que nadie llega a contarles, es en qué van las investigaciones y las capturas por la masacre y del desplazamiento; o que se sabe de la anhelada reparación. Abogados, no, no tenemos ahora, dice Tulio Hernán el actual presidente de la Junta de Acción Comunal quien, a pesar de que duda de cada nuevo visitante, hace la tarea de guiarlo, subirlo y bajarlo en sus bestias porque, siendo optimistas, algún día todo tiene que servir de algo.

A final de diciembre de 2017, en una reunión más, y todavía sin comprender para qué la Fiscalía acababa de llevarse los cuerpos de las víctimas que estaban en su improvisado cementerio, la comunidad sigue preguntándose cuándo van a pagar los responsables de su tragedia, cuándo llegarán las reparaciones justas, y cuándo se reconocerán las verdades que muchos ventilan y otros desmienten. De hecho, en noviembre pasado fue capturado uno de los Angulo, la familia con más tierra en Ituango y señalada por algunas personas de ser promotora del narcotráfico en la región. Jaime Alberto de Jesús Angulo tenía tres órdenes de captura por concierto para delinquir, homicidio agravado y hurto calificado, y estaba también requerido por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía por supuestamente ser promotor del paramilitarismo en la región desde la década de los 90.

El hermano de Jaime Angulo también está capturado por lo mismo, y además se le acusa de haber participado en el crimen del abogado Jesús María Valle, defensor de Derechos Humanos, quien a finales de los noventa venía denunciando las masacres ocurridas en la región, paralelas al sueño de desarrollo hidroeléctrico, señalando al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, y al comandante de la IV Brigada, Alfonso Manosalva, ya fallecido, de trabajar en connivencia con los paramilitares. Años después, en medio del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso y otros mandos medios de la organización repetirían dichas acusaciones, entre ellos el excombatiente Francisco Villalba, que participó en la masacre de El Aro, y que fue asesinado en 2009 tras denunciar que Álvaro Uribe Vélez habría ordenado la incursión a ese corregimiento.

“Es muy preocupante el asesinato de testigos que estaban ofreciendo la verdad sobre El Aro. El caso de Villalba estaba anunciado. Le dan permiso para ir a su casa por cuestiones de salud cuando no estaba enfermo de gravedad, como generando las condiciones para su asesinato. Luego, ¿por qué no se investiga cuando hay tantos testimonios? No sabría responder eso. Recordemos que la Fiscalía había absuelto a los hermanos Angulo de los procesos de paramilitarismo y del asesinato de Jesús María Valle, que luego la CIDH ordena reabrir como parte de la reparación a las víctimas, por considerar esa decisión de la fiscalía de precluir los procesos como “cosa juzgada fraudulenta”. Por eso reactivan las órdenes de captura y este año capturan a Jaime Angulo”, explica María Victoria Fallon del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH) quien representó a las 203 víctimas de El Aro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevando el caso hasta la Corte Interamericana que finalmente condenó al Estado en 2005.

Cansados de las promesas incumplidas y de la impunidad campante, los pobladores de El Aro se indignan cuándo recuerdan que sus asesinos se desmovilizaron, entregaron bienes, contaron verdades, y poco o nada ha pasado para ellos en materia de justicia, verdad y reparación. Algunos, además, se han enterado de que Isaías Montes Hernández, ex dragoneante del Ejército conocido como “Junior”, está en la cárcel de Itaguí. El exmilitar era quien dirigía los días del horror desde una esquina del parque que todavía muchos temer atravesar en medio de la oscuridad. Fue él quien escogió a la docena de hombres que arriarían el ganado robado hasta La Caucana, donde un militar dio la orden de toque de queda para evitar testigos en las calle cuando pasaron las reses y las subieron a camiones. Era el teniente Everardo Bolaños Galindo, quien más tarde fue destituido por la Procuraduría por su complicidad en los crímenes paramilitares de El Aro, y entonces se convirtió en el comandante “David” del Frente Belén de los Andaquíes. Ante un Tribunal de Justicia y Paz, el postulado declaró, según lo revela un documento publicado a finales de 2017 por la Magistrada de la sala, que

 “… la presencia de las autodefensas era muy marcada, estaba otra parte de autodefensas en La Carolina, en los Montes. La Carolina, era una finca de un hermano de Álvaro Uribe de nombre Santiago Uribe, posteriormente, en La Carolina siempre permanecía Ejército porque era la entrada hacia Ituango y ahí estaba un grupo de autodefensas, y más adelante hacía Medellín, hacía Santa Rosa estaba otro grupo de autodefensas lideradas por alias El Viejo, todo este grupo de autodefensas estaba en medio de la jurisdicción del Batallón”.

Hoy los campesinos de El Aro miran alrededor y se pregunta por qué, si el Estado tiene el deber de repararlos y han pasado ya 20 años, el caserío sigue sin acueducto, sin internet, sin agua potable, sin médico, sin bachillerato, sin canchas, y hasta sin cura. Muchos señalan que aunque unos pocos que demandaron ante la CIDH ya recibieron cuantiosas indemnizaciones, la comunidad en general sigue en el olvido. Y aunque esta comunidad fue declarada como sujeto de reparación colectiva por la unidad de víctimas, sus pobladores dicen que no se ha avanzado sobre lo qué quieren, lo que necesitan o lo que puede ofrecerles el Estado.


*Las oficinas de prensa de la Gobernación de Antioquia, la seccional de Fiscalías de Medellín y Antioquia, y la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación fueron consultadas por Agencia de Prensa de IPC sin recibir respuesta hasta la fecha de publicación de este reportaje.

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