Por katalina Vásquez Guzmán

Año tras año, Carol Vanessa Restrepo va perdiendo color. También John Alexander, Luis Javier Laverde y otros cientos de rostros que se desdibujan en las fotos empastadas que sus viudas, huérfanos y amigos portan colgadas al cuello. Desaparecieron en el occidente de Medellín hace dos décadas, o poco menos, y, con miles de días de llanto y espera, el papel que guarda sus miradas se ha ido rasgando como el corazón de sus familiares que encuentran consuelo apenas en sus recuerdos y la solidaridad.

“Porque el Estado nos da la espalda. Desde hace más de un año estamos esperando que la Alcaldía se reúna con la Vicefiscal, para ver cómo sigue lo de las excavaciones, y nada. Se ‘chutan’ la pelota entre todos, nos ignoran”. Dice Margarita Restrepo, la mamá de Carol Vanesa, una estudiante de 17 años que fue desaparecida en el año 2002 en la Comuna 13 de Medellín junto a John Jairo y Cristian. De los tres compañeros, solo se sabe que unos hombres se los llevaron a la parte de arriba de la comuna, por esa época en que el occidente de la ciudad era un campo de guerra.

Margarita, de brazos fuertes y piernas andariegas, es lideresa comunitaria y es hoy una voz que no se calla en su exigencia por la verdad y la búsqueda de los desaparecidos. Su clamor lo expresa junto a otras mamás e hijas, como Rubiela, Katerine y Alejandra; o a esposas como Luz Elena y Amparo; valientes integrantes del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad que en 2016 recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos humanos, entregado por Diakonia, y en diciembre de 2017 fue reconocido como sujeto de reparación colectiva ante la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a Víctimas. Pero lo que aún no logran, es que el Estado colombiano concrete un Plan de Búsqueda para La Escombrera.

Apoyadas por la obra religiosa y social Madre Laura Montoya y la Corporación Jurídica Libertada, las mujeres se niegan a rendirse ante la ineficiencia del Estado y la indolencia de un amplio sector social. Este año se cumplieron 20 años de la Operación Orión, realizada por la Fuerza Pública en la Comuna 13 en octubre de 2002, y poco o nada se avanzó en la búsqueda de los desaparecidos que, según versiones de la comunidad y de exparamilitares como Juan Carlos Villada, alias “Móvil 8”, estarían enterrados en el sector conocido como La Escombrera, conformado por una arenera y dos depósitos de escombros. Aun así, como cada año, las víctimas aprovechan estas fechas conmemorativas para mostrar que su lucha sigue en pie.

Pero la falta de verdad y el esclarecimiento de los hechos es uno de los principales obstáculos de esta lucha que se libra en medio de la incertidumbre. Saber ¿Cuántos cuerpos hay bajo la arenera? o ¿Cuántos en el depósito de escombros? Es aún algo incierto. “Ni idea”, responde Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, explicando que su organización ha documentado 132 casos de desaparición en la Comuna 13  desde 1998, y recordando que fue un auto del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín el que habló de 300 cuerpos posiblemente enterrados en ese lugar.

La Alcaldía no se enfoca en La Escombrera

“Este año estuvimos estancados, pero es algo que veníamos viviendo desde el 2016 cuando la Alcaldía realizó unas pruebas con una empresa española y no nos tomaron en cuenta, nos llamaron para contarnos que la iban a hacer, y a nosotros nos pareció ridículo”, explica Adriana Arboleda.

En un comunicado de diciembre de 2016, las víctimas y organizaciones que las respaldan expresan que están en desacuerdo con las pruebas tecnológicas anunciadas por la Alcaldía. “Lo más preocupante de esta situación es que la Alcaldía de Medellín pretenda contratar una intermediación privada para la búsqueda de los desaparecidos, desconociendo que el proceso debe realizarse mediante la formulación e implementación de un Plan Integral de Búsqueda, el cual a la fecha no existe y ha sido imposible concretar a lo largo del año 2016, y que tiene que ser dirigido por la Fiscalía General de la Nación en concertación con las organizaciones de víctimas, derechos humanos y trabajo forense”, y agrega que no comprenden porqué la Fiscalía aceptó la realización de “esta arbitrariedad. Desde diciembre de 2015 las organizaciones hemos insistido en que el proceso de búsqueda de los desaparecidos debe ser liderado por esta entidad, garantizando la participación de las víctimas, y no por la alcaldía de Medellín. La municipalidad tiene obligaciones administrativas que debe cumplir, entre ellas proceder con el cierre inmediato de la Escombrera y la Arenera para proteger el lugar, lo que reiteradamente se ha negado a hacer, y de garantizar las condiciones adecuadas de funcionamiento de los cementerios públicos”.

¿Cuál fue el resultado de acción? Le preguntamos a Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, quien aclaró que, primero, la empresa no fue contratada sino que la actividad fue un aporte voluntario de los españoles que encontraron los restos de Cervantes y, segundo, que efectivamente no hubo hallazgos óseos, solo la conclusión de que la búsqueda podría tardar años y debería realizarse de manera sectorizada.

Esto último estaba claro desde que iniciaron las excavaciones en el año 2015. Fue cuando con bombos y platillos se inició la remoción de 20 mil metros cúbicos de tierra que dejaron un hueco de 20 metros de profundidad donde las víctimas lloraron, se tomaron de las manos para orar y se abrazaron una vez más ante la frustración de no encontrar pistas de sus esposos, hijos y papás.

Lo único que se encontró en aquella ocasión fueron algunos restos óseos de animal y empaques plásticos de comestibles, algunos del año 2002, lo que los haría coincidir con las fechas de inicio de los enterramientos que denuncian las mujeres y la comunidad desde entonces. Frente este tipo de indicios, las víctimas no comprenden porque ante tantos testimonios, los desechos de las construcciones siguen formando montañas de millones de metros cúbicos de escombros que hacen cada vez más difícil buscar a los desaparecidos.

Para doña Margarita la explicación es muy simple: “Al Estado no le conviene que se sepa lo que pasó allí, que se saquen los cuerpos, porque ellos mismos fueron los culpables. Por eso nos tienen en el olvido. Pero nosotros no olvidamos a los nuestros… Yo todos los días pienso en Carol Vanesa, y yo sé que todas las víctimas hoy tenemos todavía el dolor y a lo mejor hasta más fuerte, porque mire: el 16 de diciembre de 2015 —cuando culminó el primer ciclo de excavaciones de búsqueda—, salimos de allá. Salimos con una tristeza porque no encontramos a nadie, pero salimos con fe. Y mire, se cumplieron dos años, y han sido dos años perdidos”.

Gobiernos que van y vienen

Con el cambio de año, también cambió el gobierno local. Federico Gutiérrez pasó a ser el nuevo Alcalde de Medellín y meses después, en 2016, también cambió el Fiscal General de la Nación. Ampliamente conocido por su afinidad con sectores como Cambio Radical y el Centro Democrático, el nuevo Fiscal, Néstor Humberto Martínez removió funcionarios, aceleró ciertas investigaciones y dejó de darle prioridades a otras. En ese tránsito, el proceso de La Escombrera se ha ido diluyendo.

Habría que decir además que Jorge Enrique Vélez, quien en la actualidad es uno de los principales líderes de Cambio Radical, el partido del Fiscal, fue el Secretario de Gobierno durante la Operación Orión, cuando que Álvaro Uribe Vélez, hoy líder del Centro Democrático, se estrenaba en la Presidencia de Colombia ordenando personalmente las operaciones militares de 2002 como inicio de su cuestionada Política de Seguridad Democrática que derivó en aumentos de los reportes de violaciones de derechos humanos y en graves crímenes como las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército en su afán de mostrar resultados en la lucha contrainsurgente.

Ninguno de ellos ha respondido por no haber protegido a la población civil ante los llamados desesperados de líderes sociales que denunciaron la participación de paramilitares en los operativos de la Fuerza Pública. Esto lo declaró también el exjefe paramilitar y excomandante del Bloque Cacique Nutibara, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, tras su extradición a Estados Unidos, y ex combatientes como  Juan Carlos Villada, “Móvil 8”, quienes habrían señalado los puntos donde enterraron a las víctimas en La Escombrera.

Villada habló de tres puntos donde habría enterrado unas 50 personas, por eso se establecieron 3 polígonos para iniciar las excavaciones forenses. Pero apenas se logró destapar una. ¿Por qué? Entre los gobiernos que se iban y los funcionarios que llegaban las diligencias se dilataron y cambiaron los planes, literalmente.

En noviembre de 2015 la Alcaldía de Aníbal Gaviria, en boca de Jorge Mejía Martínez, Consejero de Convivencia, comprometió 750 millones de pesos para continuar la búsqueda en La Escombrera tras el cierre del polígono 1 en diciembre de ese año. Se confiaba que en 2016 se continuaría la búsqueda pero el polígono 2 apenas quedó señalado con cintas. La Fiscalía cesó su gestión. Y las víctimas continuaron pidiendo mayor rigor en la investigación antes de “seguir destapando a la loca”, decían. Esos recursos no fueron invertidos en La Escombrera como se esperaba y mientras tanto la Alcaldía actual optó por otro camino.

Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía, explicó que, efectivamente, no hay un plan de búsqueda ni acciones específicas para buscar a los desaparecidos de La Escombrera, pero sí se está construyendo uno a nivel municipal pues la Alcaldía no puede enfocarse en un solo caso y tiene el deber de atender todas las víctimas y territorios.

En la Fiscalía, por su parte, mantuvieron silencio desde entonces. Esa institución no volvió a reunirse con las víctimas. Carlos Arcila dice que con apoyo de la Personería han enviado dos solicitudes de reuniones a la institución desde diciembre de 2015 sin lograr respuesta. “Nunca fue lo mismo porque sacaron a la persona que nos entendía, que sí estaba comprometida”, dice Margarita recordando a Catherine Heyck, quien fungió como directora de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas durante el proceso de excavación y fue removida de su cargo en 2016, tras realizar denuncias de corrupción al interior de la institución.

Hoy la Vicefiscal General, María Paulina Riveros no da la cara ni a las víctimas ni a la Alcaldía de Medellín. Desde inicios de diciembre de este año la Agencia de Prensa IPC contactó a sus jefes de prensa y envió derecho de petición y solicitud de entrevista tanto a la Vicefiscal como a la actual directora de la Unidad de Justicia Transicional, Mery Patricia Conejo, que tiene a cargo el tema desaparición forzada a nivel nacional, sin obtener respuesta. En la Fiscalía de Medellín aseguran que no tienen nada que decir del asunto pues el tema es del resorte nacional.

Adriana Arboleda explica que aunque la Corporación no estuvo ni está de acuerdo en “destapar” La Escombrera por partes, hasta no tener una investigación seria y un plan que no ponga a la expectativa a las víctimas para remover su dolor y producir más frustración, apoyaron decididamente las excavaciones de 2015. “Ese año presentamos el plan de búsqueda, la Fiscalía respondió con un plan más puntual, más referido a la Arenera y, entendiendo la importancia de abrir una investigación mucho más amplia, empezamos a discutir el procedimiento de cómo sería. También la Fiscalía avanzó en documentación de casos, e intentamos ponernos de acuerdo en la metodología de esa investigación, pero llegado diciembre de 2015 todo se frenó”, explica la abogada cuya organización, junto a un equipo jurídico del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH), llevó el caso ante la CIDH el año pasado.

El freno, dice Adriana, “coincidió con la nueva administración municipal. Con esta Alcaldía nosotros no hemos logrado tener un diálogo, un desarrollo. Ellos estructuraron su propia dinámica de desaparición forzada, tienen un Plan de Búsqueda con su enfoque, y  aunque siempre hablan de Comuna 13 realmente ellos no han hecho ninguna intervención allá y todo ha estado concentrado a las acciones del Cementerio Universal”.

En dicho camposanto se entregó un mausoleo para los restos de los desaparecidos que se han logrado encontrar y también se proyectan exhumaciones de los cuerpos no identificados que están enterrados en sus bóvedas y que corresponderían, según explica Carlos Arcila, no solo a casos de conflicto urbano como el de La Escombrera o la Comuna 8, donde también la práctica de desaparición fue muy amplia, sino a venganzas del narcotráfico de los años ochenta en adelante.

El estancamiento en la búsqueda de los desaparecidos en La Escombrera coincide también con los cambios en la Fiscalía. “Ese es un gran problema —dice Adriana Arboleda— Pues ellos concentraron toda la expectativa en el Polígono 1 y de ahí en adelante no ha pasado nada”. A esto suma que en el segundo semestre de 2017, el fiscal de exhumaciones Gustavo Duque, fue trasladado a otro cargo. “Tavo”, como le dicen afectuosamente las víctimas, es conocido por sus exitosos procesos en la exhumación de cuerpos y es considerado como una persona comprometida con la búsqueda de los desaparecidos más allá de los jefes o gobiernos de turno.

Según Carlos Arcila, el año entrante otros actores entrarán en la escena de la búsqueda de La Escombrera como el partido político de las FARC y la guerrilla del ELN, quienes habrían operado allí hasta el 2002 y probablemente también enterraron gente en ese lugar. Pastor Alape, vocero político de las FARC, le dijo a la Agencia de Prensa IPC que, en reuniones con Alcaldía y otras instancias, su organización se comprometió a aportar información sobre posibles enterramientos de su parte, pero también a buscar a hombres y mujeres de sus filas que probablemente estarían enterrados en ese sitio. “Nuestro compromiso con la reconciliación debe dejar de ser nombrado, y estamos dispuestos a actuar, aportar, informar, pero yo veo muy lento todo eso, parece que la Alcaldía tiene poca claridad sobre cómo seguir este tema y sería muy importante escuchar no solo a los ex combatientes sino sobre todo a las víctimas”.

De momento, Margarita y Adriana coinciden en que, además de la reparación colectiva, el que viene debe ser un año para que el tema Escombrera despegue una vez más. En especial por la anhelada puesta en marcha de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas que se pactó en el Acuerdo de Paz y que ya escogió incluso Directora, pero que todavía no está creada ni tiene presupuesto asignado. La Comisión de la Verdad, que tiene varios antioqueños como comisionados, también es una luz de esperanza para estas mujeres que no solo quieren saber dónde están sus desaparecidos sino también qué pasó y quiénes fueron los responsables de la violencia en su comuna.

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