Tagual es un resguardo indígena ubicado en la vereda La Po del municipio de Segovia, nordeste antioqueño. Sus habitantes pertenecen a la etnia Emberá Eyabida (gente de la montaña). Las familias indígenas llegaron allí desde 1940 provenientes de los departamentos de Chocó, Risaralda y Antioquia (de los municipios de Jardín y Ciudad Bolívar). Entonces, ante la riqueza de estas tierras, llamaron a su nuevo hogar Nệrua, que significa tierra en oro. Hoy ese mineral es una de las mayores amenazas para esta comunidad cuyo territorio está siendo titulado por el Estado colombiano a grandes empresas para la explotación minera.

En Tagual La Po habitan 79 familias, cerca 470 indígenas, revela Luis Fernando Baquiaza González, líder de la comunidad. “La mayoría somos agro-mineros, en qué sentido, trabajamos la minería pero también trabajamos la agricultura. ¿Por qué no se trabaja la agricultura como para comercializar? Porque en Segovia y Remedios no nos da la agricultura porque traen todos los productos y los granos de otras partes. Cuando nosotros salimos a vender un bulto de plátano o de yuca, nos dicen: «no hermano, estamos trayendo el plátano de El Valle, de Urabá; el maíz de Medellín». Entonces no nos justifica. Por eso sembramos la yuca, el plátano, el maíz, el arroz, para el mismo consumo de nuestro territorio”.

Pero en la actualidad esta comunidad siente que su resguardo, que fue constituido en 1996, está en riesgo porque, dice Luis Fernando, el Gobierno le está dando prioridad a las multinacionales, “en el sentido de que a los indígenas, a los afrodescendientes y a los campesinos, el Gobierno nos quita el valor del trabajo impidiéndonos hacer minería. Y lo digo porque el nordeste ha vivido hace más de 200 años de la minería. Yo, cuando tenía ocho o nueve años, veía que mi familia y mis hermanos trabajaban minas. Hasta estas épocas sentimos que somos mineros ancestrales, mineros propios de nuestros territorios”.

Hoy por hoy, los mineros informales y ancestrales están siendo perseguidos porque no poseen títulos mineros, mientras que la extracción de oro está concentrada en manos de la empresa Zandor Capital, filial de la multinacional Gran Colombia Gold, que tiene 9.000 hectáreas tituladas para la explotación de oro en el distrito minero Segovia-Remedios. Entre éstas hay 2.800 hectáreas que la empresa tiene tituladas a perpetuidad a través del Reconocimiento de Propiedad Privada.

Luis Fernando Baqueaza, líder indígena de Tagual La Po.
Luis Fernando Baqueaza, líder indígena de Tagual La Po.

Lo más grave, es que esa apertura del Gobierno con las grandes mineras ha llegado al punto de entregar títulos de explotación que están asentados dentro de resguardos como Tagual La Po. Por el momento, añade Luis Fernando, los empresarios “están quietos, pero va a venir una época en la que esos títulos se van a ir madurando para ejercerse los trabajos”.

De acuerdo con un informe del Observatorio de Territorios Étnicos, presentado por el ecólogo Nicolás Vargas Ramírez en marzo de 2012, para esa fecha el 13% del resguardo Tagual – La Po había sido titulado a la minería. Es decir, de las 1.835 hectáreas que componen el resguardo, 245 están tituladas para la exploración de minerales.

Sin embargo, esta no es la comunidad nativa más afectada por esa problemática en Antioquia. El estudio del observatorio revela que los resguardos de Jenaturadó en Dabeiba y La María en Valparaiso tienen titulado el 100% de su territorio para minería. Y puede decirse lo mismo del resguardo Jiguamiandó en Urabá con el 99% titulado.

 

Afros también están siendo afectados por las empresas

La problemática que viven los indígenas Emberá Eyabida la sufren otros pueblos étnicos en Segovia, aunque en diferente medida y nos solo con empresas mineras. En el caso del consejo comunitario del corregimiento Fraguas – Machuca es un consorcios viales el que viene afectando su territorio.

Margie Mosquera, secretaria de la Junta de Acción Comunal de Comunidades Negras de Fraguas, dice que “ahorita la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) está construyendo la carretera y no ha hecho consulta previa, y se basa en que no tenemos una resolución del Ministerio del Interior. Ellos están construyendo y nosotros como comunidad no sabemos en qué nos va a afectar eso ni cómo van a reparar el daño ambiental que han hecho, porque han talado muchos árboles”.

El hecho de que el consejo de Fraguas no haya recibido aún la resolución ministerial, al parecer le resta capacidades a esta comunidad para actuar frente a las empresas, esto pese a que el consejo ya cuenta con plan de etnodesarrollo desarrollado con el acompañamiento de la corporación autónoma regional Corantioquia con una proyección a 2025.

Precisamente en dicho plan, se consigna como una de las principales amenazas al territorio afrodescendiente el proyecto vial Autopistas de la Prosperidad que conectará a Antioquia con el Caribe a través de carreteras de doble calzada de cuarta generación. En el documento, quedó consignado que “Las Autopistas de la Prosperidad se construyen sin darle cumplimiento a la consulta previa y sin respetar la presencia ancestral de las comunidades negras en el territorio”.

Por eso Margie concluye que “en este momento la ANI está vulnerando nuestro derecho a una consulta previa porque no se han reunido con la comunidad para saber el impacto ambiental, los beneficios y perjuicios que va a generar la construcción de esa vía”.

Problemáticas como las que viven las comunidades de Tagual y Fraguas reflejan la proliferación de los conflictos entre empresas, gobiernos locales y comunidades, que derivan en la vulneración de los derechos humanos a raíz de las operaciones empresariales.

Estas situaciones muestran a su vez que hay incumplimientos del Marco Ruggie en derechos humanos y empresa aprobado por Naciones Unidas en 2011, con avances en 2014 cuando se aprobó la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas trasnacionales y otras empresas. Dichos principios rectores exigen a las empresas respetar los derechos humanos, al Estado proteger a las comunidades y a ambos a reparar el daño ocasionado por el accionar empresarial.

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