A través de un sondeo de opinión, realizado por investigadores del IPC entre mayo y julio de 2017, la mayor parte de los actores comunitarios, sociales e institucionales encuestados en Segovia e Ituango señalaron que empresas minero-energéticas, como Gran Colombia Gold e Hidroituango, violan derechos de las comunidades y sus territorios.
Mónica Rojas, investigadora del IPC y coordinadora del proyecto “Derechos sin estigmas: estándares de DDHH, empresa y veeduría ciudadana en 2 municipios de la región de Nudo de Paramillo”, explicó que a través del sondeo se midió la percepción de 201 actores locales sobre los impactos que han generado las empresas minero-energéticas en la situación de derechos humanos de ambos municipios.
En efecto, 102 actores de Ituango y 99 de Segovia –tanto de cascos urbanos como de zonas rurales– respondieron la encuesta, que constó de 37 preguntas de respuesta única y múltiple. Entre ellos, se contaron campesinos, mineros, comerciantes, funcionarios públicos, entre otros, quienes participan en procesos sociales o trabajan en instituciones públicas.
1. El 65,2% de los encuestados considera que las empresas violan derechos
Más de la mitad de los encuestados, específicamente el 65.2%, plantearon que las empresas minero-energéticas violan derechos humanos de las comunidades donde están asentadas; frente a un 14,9% que respondieron lo contrario. El resto de los participantes, equivalente al 19,9%, dijeron que no sabían o se abstuvieron de indicar respuesta alguna.
Respecto a los derechos vulnerados por las empresas, los actores locales describieron: daños al medio ambiente (fauna, flora, aire y fuentes hídricas); impedimentos para la tenencia de la tierra y la permanencia en el territorio, debido a desplazamientos; dificultades para acceder a trabajo digno y pérdida de la actividad tradicional, entre otros.
En relación con ello, el 57,2% de los encuestados coincidieron en que son mayores los impactos negativos que generan las empresas minero-energéticas en las comunidades y sus territorios, en comparación con los efectos positivos. No obstante, un 29,9% respondió que son mayores los efectos positivos, otro 10% contestó que las empresas no han generado impacto y un 2,9% no respondió.
En ese sentido, los participantes adujeron que los principales impactos son, en su orden, afectaciones al medio ambiente; despojo de tierras y/o venta forzada a bajo precio; amenazas y/o agresiones a personas y comunidades; impedimentos para la movilidad y el transporte en el territorio. Y agregaron otros como la contaminación, las afectaciones a la salud y el desempleo.
2. Tensión entre empresas-comunidades-Estado
Sobre la relación empresas-comunidades, el 54,7% de los encuestados señaló que las empresas asentadas en sus municipios no consultan de forma libre e informada a las comunidades antes de empezar a desarrollar sus proyectos minero-energéticos. Esa sería una de las causas principales de conflictos, junto con la ausencia de espacios de socialización durante el desarrollo de los proyectos.
Además el 68% de los participantes afirmó que el nivel de posibilidad que tienen las comunidades para hacerles control social a las empresas minero-energéticas es “Bajo”. De hecho, el 86% de los encuestados no conoce procesos de veeduría a las empresas en sus municipios y consideran que no hay suficiente formación para realizar ese proceso, con sus respectivos riesgos.
Y ante posibles casos de conflictos entre empresas y comunidades, el 69.2% de los actores encuestados prevén que las instituciones del Estado protegerían a las primeras por encima del bienestar de las comunidades. De ahí que el 49.3% de los participantes desconfíen de la institucionalidad de sus municipios como actores capaces de resolver esos posibles conflictos.
3. Empresas deben respetar, proteger y reparar
La Organización de las Naciones Unidas divulgó en 2011 el “Marco Ruggie”, que pretende imponer tres principios rectores para mediar en la relación empresas y derechos humanos. Aunque aún no es vinculante, les exige a las empresas respetar los DDHH, al Estado proteger a las comunidades y, a ambos, reparar el daño ocasionado por el accionar empresarial.
Partiendo de ese planteamiento, el 83,6% de los participantes en la encuesta indicaron que las empresas minero-energéticas que hacen presencia en sus municipios están obligadas a respetar los DDHH; mientras que el 5,5% eligieron la opción “algunas veces”. Los demás, dijeron no saber o prefirieron abstenerse de responder.
Tanto el “Marco Ruggie” como la respuesta anterior aplican no solo para Gran Colombia Gold e Hidroituango, pues “si bien fueron señaladas por los encuestados como las empresas más grandes y las que más impactos generan en las comunidades y sus territorios, hay otras compañías extractivas que también tienen títulos para explorar y explotar recursos minerales”, afirmó Soledad Betancur, investigadora del IPC.
Por otra parte, el estudio reveló que “los actores locales consideran que las empresas minero-energéticas presentes en sus territorios pueden aportar a la construcción de paz, a través de acciones como el cuidado del medio ambiente; la inversión social en salud, educación y vivienda; la generación de empleos dignos y el fortalecimiento a espacios de participación ciudadana”, concluyó la investigadora Mónica Rojas.
El sondeo de opinión fue realizado por el IPC como parte de las actividades del proyecto “Derechos sin estigmas: estándares de DDHH, empresa y veeduría ciudadana en 2 municipios de la región de Nudo de Paramillo”, que cuenta con el apoyo del Programa de Derechos Humanos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Relacionado
