Periodista de Caucasia denunció atropellos por parte de la Policía

Ya son dos las denuncias realizadas este año por el periodista Eder Narváez, corresponsal de Teleantioquia Noticias y director de NP Noticias en el Bajo Cauca antioqueño, por la presunta obstrucción de miembros de la Fuerza Pública a su labor periodística.

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Esta no es la primera vez que Éder Narváez denuncia una agresión por parte de la fuerza pública. El 21 de julio de 2013, el reportero fue golpeado por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) cuando hacía cubrimiento del paro minero. Foto: cortesía.

Cuando cubría una protesta estudiantil sobre la vía que de Caucasia conduce al municipio de El Bagre en el Bajo Cauca antioqueño, Éder Narváez, corresponsal de Teleantioquia Noticias y director de NP Noticias en el Bajo Cauca, fue intimidado por dos miembros de la Policía de Carreteras que hacían parte de la intervención policial para levantar la manifestación.

Así consta en la denuncia que interpuso el periodista ante la Personería de Caucasia el 15 de marzo. Los hechos ocurrieron en la mañana del 13 de marzo cuando los alumnos de la Institución Educativa del corregimiento Cacerí protestaban porque la Alcaldía de Caucasia no les había renovado el contrato del transporte escolar.

Éder afirmó que los estudiantes fueron reprimidos por los agentes de Policía, quienes le dijeron a él que “evitara grabar el procedimiento porque ellos no podían salir en cámara utilizando la fuerza con los jóvenes”. Y agregó que el uniformado Diego Daza lo agredió verbalmente tratándolo de amarillista, señalándolo con el dedo y acusándolo de originar la protesta estudiantil.

Ante esta situación, Éder expresó que sintió en riesgo su integridad personal debido al estado de alteración que presentaban algunos conductores y pasajeros de los vehículos que permanecían detenidos en el lugar a causa de la manifestación.

Lo particular, denunció el periodista, es que el propio comandante de la Policía de Caucasia, coronel Rodolfo Martínez, quien estaba presente en el lugar, “no hizo nada para controlar la actitud de los policías, por el contrario, se me acercó y me dijo en tono amenazante ‘ojo Éder, ojo Éder’ y se fue del lugar, lo que se podría configurar como una amenaza”.

Para conocer la otra versión del incidente, la Agencia de Prensa IPC llamó al comandante Martínez quien contestó el teléfono móvil, pero la llamada telefónica se cortó tan pronto como el coronel fue indagado por el tema. Aunque se le marcó nuevamente, no fue posible restablecer el contacto. Desde entonces la línea se encuentra en buzón de mensajes.

Denuncias vienen de tiempo atrás

La situación de Éder Narváez ya fue conocida por la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (FLIP) que recibió la denuncia del reportero y la presentó ante la dirección de Derechos Humanos de la Policía Nacional solicitando la apertura de una investigación contra los uniformados implicados en los hechos.

De esa forma lo dio a conocer Sebastián Salamandra, coordinador del Área de Defensa y Atención a Periodistas de la FLIP, quien declaró que “los periodistas, y cualquier ciudadano, están en todo su derecho constitucional de recolectar información de interés público por el medio que así lo desee; bien sea audio, video, o solo ser testigo de un operativo policial. Eso no es ninguna actividad contra la ley y sí lo es, por el contrario, lo que habría hecho la Policía, de acuerdo con la denuncia de Éder, de impedirle grabar y registrar estos hechos, y adicionalmente hacerle un comentario manifestando que habrá consecuencias negativas para él en caso de que publique esa información”.

Salamandra concluyó que el deterioro de la relación entre el periodista y la fuerza pública viene de tiempo atrás, según la información que ha recibido la FLIP desde 2017.

Al respecto, el Personero de Caucasia, Orlando Ávila, informó que ya son dos las quejas interpuestas por este reportero ante su despacho en lo corrido de 2018. La primera se registró el pasado 10 de enero cuando denunció que un miembro de la Sijin, sin identificarse inicialmente como integrante de la Policía, lo abordó de forma intimidatoria en momentos en que hacía cubrimiento de un homicidio.

En aquella ocasión, relató el personero, “hablamos con Claudia Sierra, funcionaria de la ONU. Ella le dijo a Éder que cuando hay escenas de homicidios hay unos protocolos que también tienen que ver con la prensa. Él dijo que no tiene problema en que le digan los protocolos, pero él dice que se siente intimidado porque cada que ocurren esos hechos lo excluyen y no le dejan actuar”.

De hecho, en esa primera denuncia, el reportero también se quejó por las dilaciones que ha venido haciendo la Policía para entregarle información relacionada con problemáticas de orden público en el territorio, lo que ha terminado por afectar su labor periodística.

Por esta razón, y con motivo de la denuncia más reciente, el personero y la funcionaria de la ONU convocaron al periodista y al comandante de Policía a una reunión el 19 de marzo buscando propiciar un diálogo que diera solución al problema. “Lamentablemente Éder Narváez no llegó, le estuvimos marcando al celular pero tenía el teléfono en buzón. Después ofreció disculpas porque tenía el teléfono descargado. Por eso estamos esperando concretar una nueva fecha”, explicó Orlando Ávila.

Finalmente el personero informó que las denuncias recibidas por ese despacho fueron remitidas a  la Procuraduría, que en estos casos tiene la competencia para investigar a la Fuerza Pública. Consultamos a esa institución y estamos a la espera de recibir un reporte sobre el estado del proceso.

Desde el año 2014 Éder Narvaez tiene medidas de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección por amenazas contra su vida. El caballero del Bajo Cauca: periodismo sin garantías

Orden público en el Bajo Cauca: un contexto sensible

El contexto actual del Bajo Cauca, donde ocurre esta situación entre el periodista y funcionarios de la Policía, es el de una región enfrentada a una grave crisis humanitaria que ha quedado en evidencia en los últimos meses.

Fue la Defensoría del Pueblo la que a finales de marzo de este año denunció la grave problemática humanitaria que atraviesa el Bajo Cauca junto al Norte de Antioquia y el Sur de Córdoba, al revelar que 2.192 personas (732 familias) se desplazaron de estos territorios entre el 1 de enero y el 9 de marzo de 2018. Esto a causa de las disputas territoriales entre grupos posparamiliares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Los Caparrapos, la guerrilla del ELN y disidencias de las FARC.

Ha sido tal vez este contexto el que ha suscitado una fuerte sensibilidad de las autoridades con problemas como el incremento de homicidios, del cual el periodista Narváez intenta dar cuenta en sus reportes. Un tema importante si se tiene en cuenta la función social del periodismo de informar a los ciudadanos sobre los acontecimientos que afectan a su comunidad y, en este caso, sobre la vulneración de los derechos humanos y principalmente del fundamental a la vida.

En este campo particular, hay que mencionar el aumento del asesinato de líderes sociales en Colombia, de los cuales tres de los hechos más recientes ocurrieron en el Bajo Cauca: José Herrera, cuyo cuerpo fue hallado hace una semana en el río Cauca a la altura de Caucasia, tras ser reportado como desaparecido; y Víctor Alfonso Zabaleta Oviedo, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Rizo, y Jorge Miguel Polanco Ávila, expresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Prieto, ambos de Cáceres, asesinados el 25 de marzo.

A esta grave situación humanitaria se suma la crisis institucional que de tiempo atrás vienen sufriendo algunos municipios de la región, con antecedentes como la captura del alcalde de Cáceres, José Mercedes Berrío; del concejal de Tarazá, Marío Eliecer Sierra; y de algunos miembros de la Fuerza Pública por presuntos vínculos con las AGC. Además de la suspensión al Alcalde de El Bagre, Ángel Mesa Castro, proferida por la Procuraduría mientras se le adelanta un proceso por presuntas irregularidades en un contrato de alumbrado público.

Por ello, contrario a los intentos de ocultar lo que pasa, territorios como el Bajo Cauca necesitan que sus problemáticas sean informadas no solo para exigir acciones efectivas de parte todas las autoridades a nivel local, departamental y nacional, sino también para propiciar la participación de los ciudadanos en la búsqueda de soluciones.

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