La experiencia supone, ya lo he dicho, un acontecimiento exterior a mí. Pero el lugar de la experiencia soy yo. Es en mi (o en mis palabras, o en mis ideas, o en mis representaciones, o en mis sentimientos, o en mis proyectos, o en mis intenciones, o en mi saber, o en mi poder, o en mi voluntad) donde se da la experiencia, donde la experiencia tiene lugar”.

Jorge Larrosa
Artículo de opinión por Diego Herrera Duque, presidente del IPC

Es conocido por todos que la firma del Acuerdo de Paz fue un acontecimiento que no se volvió significativo ni movilizador para muchos ciudadanos en Colombia. Y cada día se incrementa la incertidumbre frente a la implementación del Acuerdo firmado entre el Estado colombiano y las FARC a finales del año 2016. Los hechos de las últimas semanas parecen no dar esperanza de que lo acordado llegue a buen puerto. A un año y medio de la firma, es notorio el incumplimiento del Estado en varias materias: políticas, presupuesto, agenda legislativa, reincorporación, corrupción en los fondos de la paz y desentendimiento del gobierno del presidente, Juan Manuel Santos, frente al tema.

Al desdén e incapacidad institucional del Estado colombiano se le agrega el problema de la disidencia y rearme de varios excombatientes que hoy se calculan en 1.300 hombres, el asesinato de 22 de ellos, y el riesgo latente de judicialización donde se nota la mano larga de la Fiscalía colombiana y de la DEA para impedir que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) cumpla con sus competencias.

Como si este oscuro panorama no fuera suficiente, se hizo realidad la alerta que previamente habían hecho varios sectores al Gobierno: el copamiento de zonas de influencia dejadas por las FARC de otras estructuras armadas ilegales con enfrentamientos a sangre y fuego por el negocio del narcotráfico y demás rentas ilegales, y por el control social y territorial, bajo la mirada ausente y precaria de la institucionalidad; mientras asistimos a un incremento extraordinario de asesinatos a líderes sociales; la mayoría de fuentes hablan de más de 200, con el peregrino argumento del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y del Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que atribuyen estos crímenes a líos de faldas, negándose a reconocer la sistematicidad del desangre.

A esto se suma una campaña electoral a la Presidencia en la cual los sectores de ultraderecha van dejando claro que la apertura política no será posible mientras ellos estén en el poder, manteniendo la posibilidad de reformar profundamente lo acordado, como el eufemismo perfecto para ocultar la idea de hacer trizas el Acuerdo, o “seguir tirándoselo” como diría hace poco el candidato liberal Humberto De la Calle. Esa misma ultraderecha, que aglutina distintos sectores de poder en el país, ya había hecho parte de la tarea al promover el odio y el miedo para votar por el No en el Plebiscito por la Paz, impedir la reforma política, negar las Circunscripciones de Paz a las víctimas y territorios que han sufrido la violencia, retrasar la agenda legislativa del procedimiento rápido (fast-track), recortarle las competencias a la JEP para salvar de responsabilidad en el conflicto a sectores de las élites políticas y empresariales, y ahora echarle la culpa a las FARC de los fracasos del proceso.

Pero dicha situación no puede verse como  excepcional del postacuerdo en Colombia. Basta con mirar otras experiencias de negociaciones de paz en Centro América, y parece que irremediablemente estuviéramos repitiendo una historia ya contada en otros lados frente a los obstáculos de la implementación de lo acordado.

En la semana del 23 al 25 de abril de 2018, se realizó en Medellín el Congreso Internacional “Para NO Volver a la Guerra. La historia de la paz y la paz en la historia”[1]. Parte de las experiencias allí narradas por sus protagonistas, evidencian algunos rasgos comunes frente a las dificultades que asisten al proceso de paz en Colombia, en una lectura comparada con las experiencias de El Salvador, Guatemala y México (con los zapatistas):

  • Incumplimiento del Estado como contraparte de los acuerdos firmados.
  • Aumento de la violencia social y precarización del derecho a la vida, que impide que la sociedad civil asuma como propia la paz.
  • Realización de acuerdos de paz en un contexto de imposición en América Latina de la economía de mercado y disminución del papel del Estado garante, como dos realidades que operan de trasfondo al incumplimiento del Estado de las reformas sociales y políticas emanadas de los acuerdos de paz.
  • Mantenimiento de un proyecto paramilitar que debilita y agrede la organización social y su apoyo a los acuerdos de paz. En un panel del mismo Congreso Internacional, el ex comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Iván Roberto Duque, conocido como “Ernesto Báez”, fue claro en expresar que el paramilitarismo desmovilizó 18.000 hombres armados en la negociación con el gobierno de Álvaro Uribe, pero que el proyecto paramilitar no desapareció[2].
  • Excesiva confianza en los partidos políticos tradicionales, que luego no apoyan u obstaculizan los acuerdos logrados.
  • Arremetida de sectores mismos del establecimiento contra esfuerzos de esclarecimiento de la verdad y búsqueda del derecho a la justicia, para mantener la impunidad.

Pese a este panorama, las experiencias coincidieron en expresar que la guerra nunca deja nada bueno; tal vez solo para aquellos que se enriquecen con ella y conservan su poder de manera mezquina. El Acuerdo firmado en Colombia, ya es de la sociedad, y ese es quizás el mensaje fundamental que nos dejan las demás experiencias contadas. Para hacer la transición de la guerra a la paz en Colombia hay que comprender los aprendizajes de otros como propios, ello nos fortalece como sociedad y nos pone en el camino de defender lo logrado y aportar con la fuerza social a su implementación. El acuerdo de paz es un acontecimiento político que ya está en la sociedad colombiana, su desarrollo requiere asumir su dimensión cultural y política, avanzar en procesos de democratización y una profunda convicción por la movilización social para materializarlo.

Otro asunto aprendido es que quienes han gobernado históricamente y los sectores de poder a los cuales representan, siempre tendrán un repertorio de guerra y un discurso que lo justifique, para evitar cualquier apertura en la que participen los sectores excluidos social, económica y políticamente. No en vano han obstaculizado la salida política a la confrontación armada.

 la jornada electoral para primera vuelta presidencial del próximo 27 de mayo será fundamental para decidir el rumbo con dos destinos: o dejamos que las mismas élites sigan destrozando el Acuerdo de Paz, cabalgando sobre la impunidad, apropiando el Estado y los recursos públicos, manteniendo los cantos de guerra e impidiendo el cambio, en síntesis repetimos el pasado; o damos lugar a una nueva narrativa en la que la opción será la esperanza, la dignificación de las personas, la superación de la impunidad, la redistribución de la riqueza, las garantías para las futuras generaciones y la apertura política, coordenadas sobre las cuales se edificaría un Estado al servicio de un renovado proyecto de sociedad en Colombia. Yo, prefiero la segunda.

 

 * Las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y en nada comprometen al Instituto Popular de Capacitación (IPC)


 

[1]Organizado por la Fundación Avanza Colombia con apoyo de diversas entidades.

[2]https://colombia2020.elespectador.com/pais/hubo-12mil-infiltrados-en-la-desmovilizacion-paramilitar-con-el-gobierno-uribe-ivan-roberto

1 Comentario

  1. Es vergonzoso ,nuestra clase política y la clase dirigente norteamericana ,seguirán de la mano para proteger a los peligrosos delincuentes que hoy nos gobiernan.

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