Una vez superados los inconvenientes con la Alcaldía de Medellín, que puso obstáculos para la realización del cierre de su campaña, Gustavo Petro se encontró con sus simpatizantes en Carabobo Norte. Desde ese escenario, convocó al uribismo –y a otros sectores sociales y políticos– a “firmar un acuerdo sobre lo fundamental” que posibilite la construcción de paz en el país y, particularmente, en Antioquia.
Según el candidato, en este departamento se ha presentado una de las mayores alianzas entre la clase política tradicional y las mafias. El mayor problema de ello es que esa “alianza política le permite al crimen tener poder”. También dijo que “los únicos capaces de hacer un genocidio son los criminales con poder, y en Antioquia hubo en la historia reciente un genocidio”.
Como ejemplo de ese tipo de alianzas, recordó que el año pasado fue capturado Gustavo Villegas, quien era secretario de Seguridad de Medellín, por sus vínculos con integrantes de la organización narcoparamilitar La Oficina. “Esa Secretaría era una oficina de la mafia y coincidió con que la política de seguridad consistía en pactar con la mafia desde el punto de vista político”.
Para Petro, además, la presencia de carteles mexicanos (como Sinaloa y los Zetas) en varias regiones del país es “una bomba de tiempo”. Porque “los que están dominando los ejércitos paramilitares no son colombianos; es una violencia extranjera sobre nuestro territorio”. Aseveró que hay carteles que tienen redes de crimen trasnacional y están reclutando a jóvenes, combatientes y excombatientes, para librar sus guerras.
Esa es la explicación del candidato para el ciclo de violencia que se está presentando en las comunas populares de Medellín, el Golfo de Urabá y el Sur del país. Y, sostuvo, las decenas de policías y centenares de jóvenes y líderes sociales asesinados en Antioquia y otras regiones del país son “el preámbulo de una nueva guerra” que los dirigentes políticos parecen no percibir ni dimensionar.
Se trata de una “nueva guerra” que se visibiliza después del fin del conflicto armado con la extinta guerrilla de las FARC y que se caracteriza por “algo inédito, que no existía en el pasado colombiano, no tiene política”, solo “codicia”. Eso, explicó, hace más difícil terminar esta guerra, porque antes la política permitía dialogar, negociar y establecer acuerdos cuando había conflictos que tenían trasfondos ideológicos.
Reconciliación, uno de los retos en Antioquia
Con ese ánimo reconciliador, propuso construir un pacto “sobre lo fundamental”. En sus palabras, consiste en llegar a acuerdos que favorezcan las reformas sociales necesarias para poder convivir en paz y, de ese modo, evitar que “la nueva violencia” siga creciendo junto con sus impactos destructivos para el Estado y la sociedad colombiana.
Desde su perspectiva, esas reformas sociales están incluidas en su programa de gobierno y giran en torno a cinco ejes temáticos que deberán traducirse en cada territorio: educación pública universal, gratuita y de calidad, salud como derecho para el buen vivir, economía productiva que defienda la vida, política libre de corrupción, justicia autónoma y libre de presiones políticas.
Tras su explicación del objetivo y sentido del pacto, convocó enfáticamente al uribismo –y a otros sectores sociales y políticos de Antioquia y el resto de Colombia– a adherirse a aquel. Así que, en caso de que gane Petro en las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo, “queda convocado el expresidente Uribe –como líder de la oposición a firmar un acuerdo sobre lo fundamental».
Finalmente, y dando por hecho ese escenario, reiteró que se posesionará el 7 de agosto en la Comuna 13–San Javier, de Medellín. Con ese acto simbólico, enviaría un mensaje de paz y reconciliación a los habitantes de un territorio que fue victimizado a través de múltiples operaciones militares y donde, actualmente, insisten en superar su pasado de violencia.
