La decisión de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, de avocar el conocimiento del caso de Seuxis Hernández, ex guerrillero de las FARC, generó una serie de cuestionamientos por parte del Fiscal General de la Nación desconociendo el Acuerdo de Paz, el mandato de la JEP amparado constitucionalmente y el valor de este mecanismo de justicia transicional para enfrentar la impunidad existente.
Las apreciaciones del FGN contra la JEP, en este caso, incluso la postura de los ministerios de Interior y de Justicia, están en contravía de los principios de independencia judicial y debido proceso.
La serie de objeciones a la JEP, que no es nueva, se produce, además, cuando organizaciones de víctimas y sus apoderados presentan sus informes como los casos de Club El Nogal, Unión Patriótica, la Corporación CREDHOS, y cuando, están en curso una serie de solicitudes de acogimiento de testigos y de responsables en la comisión de crímenes contra la humanidad, incluso terceros, ex militares y exparamilitares, y otros en solicitud de revisión de sus procesos.
Estos hechos son indicadores que la verdad es central para la paz y la posibilidad de la reconciliación, y que, una rendición de cuentas de todos los responsables, junto con las expectativas de miles de los afectados en más de 50 años de violencia, son los grandes retos de la JEP, que nosotros seguimos respaldando.
Nos distanciamos de los cuestionamientos del Fiscal General de la Nación ante las decisiones de la JEP; creemos que este sistema judicial está cumpliendo con su mandato en consonancia con la Constitución y al derecho internacional.
Nuestras organizaciones, que acompañamos y representamos a víctimas directas del conflicto armado, convocamos a la sociedad colombiana a informarse adecuadamente sobre la JEP, valorando su misión para enfrentar la impunidad estructural que no se ha enfrentado eficazmente.
Invitamos a quienes ejercen cargos de responsabilidad en el Estado y Gobierno a contribuir al fortalecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.
Creemos que la JEP es un mecanismo idóneo e inédito para garantizar los derechos de las víctimas y contribuir a la construcción de una paz estable y duradera, razón por la cual debe concitar el mayor respaldo institucional y ciudadano posible.
De igual manera, ante lo que observamos como ausencia de garantías, acudiremos a Naciones Unidas para que el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, verifique que no existan interferencias indebidas de otras ramas del poder público en las decisiones de la JEP.
Mayo 21 de 2018.
