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Por: Natalia Maya, Hacemos Memoria

Economías Sociales del Común, Ecomún, es la cooperativa nacional establecida por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, en el marco del Acuerdo de Paz de La Habana para el proceso de reincorporación integral de sus excombatientes, es decir, es la persona jurídica autorizada por la Corte Constitucional desde septiembre de 2017 para recibir, administrar y gestionar los recursos de la reincorporación individual y colectiva, y de acoger a las 51 cooperativas locales que han sido creadas en todo el país y que hoy cuentan con más de tres mil excombatientes asociados.

De acuerdo con el último Informe de la Misión de Verificación de la ONU a la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, de estas 51 cooperativas locales solo unas pocas habían reunido, a marzo de 2018, “todos los requisitos jurídicos y operacionales establecidos, en particular los relativos a la apertura de cuentas bancarias”, mientras que Ecomún, según su representante legal, Germán Moreno Casallas, conocido dentro de la Farc como Rafael Malagón, ya cumple con la normatividad para empezar a funcionar pero no puede hacerlo a cabalidad hasta que no se pongan en marcha los 108 proyectos productivos que están en diferentes etapas de formulación y de los cuales solo dos han sido aprobados por parte del  Consejo Nacional de Reincorporación: “uno en Miravalle, Caquetá, de producción de hortalizas, huevos criollos y piscicultura, y otro en Icononzo, Tolima, de ganadería.  Sin embargo, hasta ahora, no se ha desembolsado ningún recurso para estos dos proyectos, de la suma de los 8 millones de pesos que se nos prometió a cada integrante de la familia fariana para su reincorporación”.

El mismo Informe de la Misión de Verificación lamenta que todavía no se hayan aprobado las normas para la adquisición de tierras por parte de excombatientes de las antiguas Farc-EP y señala la ineficacia del Consejo Nacional de Reincorporación, mecanismo oficial integrado por Gobierno y Farc y creado para generar y financiar los proyectos productivos, que ha llevado a que en los diferentes Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación (ETCR) y en los Nuevos Puntos de Reagrupamiento los excombatientes hayan emprendido por su cuenta más de cien iniciativas productivas que se encuentran en distintas etapas de ejecución y que están siendo apoyadas técnica o financieramente por organismos públicos, universidades, autoridades locales y donantes internacionales.

Moreno Casallas se refirió además a las principales preocupaciones y desafíos en materia de reincorporación territorial que identifican como organización al cumplirse un año del lanzamiento de su cooperativa a nivel nacional.

¿Qué balance hacen de este primer año de Ecomún? ¿Cuáles son los principales logros que alcanzaron?

A un año de haberse creado nuestra organización tenemos un balance que podríamos calificar de agridulce, pues a pesar de las tremendas dificultades y trabas que desde la institucionalidad nos han impuesto, buscando que Ecomún no se consolide, hemos recorrido un importante camino al encontrarnos también con algunas excepciones, personas y entidades que nos han ayudado y que han hecho posible que en este momento seamos una organización a nivel nacional que cumple con toda la normatividad y que está lista para entrar en nuestro proceso de reincorporación, tanto a nivel nacional como en los territorios.

¿Cuáles han sido esas dificultades que han tenido que sortear?

Las que nos ha puesto la misma institucionalidad que parece no tener suficiente interés ni voluntad política de que esto funcione. Ese Estado, que siempre ha trabajado bajo las estrategias y tácticas de combatir al enemigo interno, no ha hecho los ajustes necesarios para poder entrar en la implementación de este Acuerdo de Paz y en nuestra reincorporación, entonces, lógicamente eso repercute en las entidades y en sus equipos humanos. Por ejemplo, para el caso del registro de las cooperativas en Cámara de Comercio, dependemos de si en los municipios o departamentos el funcionario encargado simpatiza con nuestro proceso para que agilice la legalización y la entrega de la personería jurídica, de lo contrario, nos hemos enfrentado a todas las trabas del caso; igual nos ha ocurrido con trámites en la DIAN, en la Súper Solidaria y principalmente en el Banco Agrario, la entidad oficial que debería estar impulsando todo este proceso de las cooperativas en los territorios pero que es la que más obstáculos nos ha puesto para hacer la apertura de las cuentas.

Además de Ecomún, a raíz del Acuerdo de Paz entre Gobierno y Farc, los excombatientes han creado 51 nuevas cooperativas en todo el país para gestionar sus procesos de reincorporación territorial, ¿cómo es la articulación entre esas cooperativas locales y ustedes como organización nacional?

Primero es importante saber que Ecomún se creó como sombrilla de todo el proceso y del sistema cooperativo que estamos buscando consolidar. Las cooperativas locales se conforman en los ETCR y nuevos puntos de agrupamiento precisamente para sacar adelante los proyectos productivos en los territorios, porque se requiere de una persona jurídica que ejecute los recursos o lo que hemos llamado ‘capital semilla’, pero al día de hoy ni se ha desembolsado el primer peso ni se ha resuelto una cuestión grave y urgente: el problema de tierras. Formular un proyecto productivo sin tierra es como construir una casa en el aire, entonces ese es el cuello de botella fuerte de la reincorporación, además, se suma la inseguridad con los recursos por los cuestionamientos que se le han venido haciendo al Fondo Colombia en Paz. En este sentido, las cooperativas locales están en sus procesos de legalización pero sin proyectos ni recursos para gestionar.

¿En qué consisten los proyectos productivos que están pendientes de aprobación por parte del Consejo Nacional de Reincorporación?

Son proyectos muy diversos, hay algunos que comprenden toda la línea agropecuaria, otros de turismo, otros de granjas integrales, agroecológicas, y hay uno específico de piscicultura a nivel nacional. La aprobación de todos está avanzando poco a poco y con el mismo problema de fondo: tierras.

Integrantes de Farc han expresado en diversos espacios la dificultad que tienen en los territorios para llevar al papel esas ideas, es decir, para formular los proyectos, ¿cómo han manejado esa situación?

Nos hemos dado cuenta de que una necesidad del proceso de reincorporación es la alianza con la academia, con las universidades, con la empresa privada, con otros organismos de la institucionalidad, con el Sena, con todos los estamentos de la sociedad a nivel nacional e internacional que se quieran involucrar para sacar adelante este proceso, y hasta ahora esa articulación para la formulación de los proyectos comienza a rendir sus frutos.

¿Qué esperan y qué le exigen al nuevo Gobierno en materia de reincorporación territorial?

Nosotros firmamos un Acuerdo con el Estado, nuestra exigencia natural es que lo cumplan. El presidente del país, sea quien sea, y la sociedad en su conjunto tenemos la gran responsabilidad histórica de que Colombia no esté más dividida ni en guerra. Estamos ante un contexto complejo, sí, pero lo que está claro es que se equivocaron los que vaticinaron que el proceso de paz era un fracaso. El Acuerdo de La Habana es el resultado de la lucha de la gente del común que quiere cambios, que anhela la paz con justicia social, que desea vivir en su país en unas condiciones distintas. Hemos abierto las puertas y ventanas de la transformación, ya muchos sectores de la sociedad se están sumando a la idea de “no más guerra”, de “no seguirnos matando entre nosotros mismos”. Aquí tenemos muchas potencialidades para construir un país mejor, un país para todos y todas, y en esa transformación hay dos factores que tienen mucho peso: la participación de los jóvenes, que cada vez es mayor, y el empoderamiento de las mujeres, que son mayoría en Colombia. Si bien nosotros somos conscientes de las preocupaciones que tenemos, como la inseguridad jurídica, la inseguridad política al no tener todavía garantías para nuestra participación, la inseguridad económica derivada de la lentitud del proceso de reincorporación, y la inseguridad más grave que enfrentamos, que es la inseguridad física, el hecho de que nos estén matando, seguimos, a pesar de todo eso, dispuestos, con la determinación darlo todo por la reconciliación de nuestra sociedad.

A finales de 2017 la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) aprobó el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final para los próximos 15 años, que contiene aspectos relacionados con “la focalización territorial de los beneficios, una estimación indicativa de los costos y las fuentes de recursos gubernamentales, y los compromisos de la Farc”. Con este punto de partida, el pasado 22 de junio la ARN anunció que Colombia ya cuenta con una Política de Reincorporación, validada a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), lo que significa que la reincorporación estará vinculada a partir de ahora al desarrollo del país.