El IPC presentó la publicación “Hacedores de historia”

En el actual contexto de ataques contra líderes sociales y defensores de DDHH, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) presentó un ejercicio memoria sobre los hechos de violencia política que ha padecido.

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Estudiantes, profesores e integrantes de organizaciones sociales participaron en el conversatorio Ser líder social en Colombia, que se realizó este 8 de agosto en la Universidad de Antioquia. Durante el evento, el IPC presentó Hacedores de historia: propuestas de transformación social desde las agendas políticas del Instituto Popular de Capacitación.

Diego Herrera, presidente del IPC, afirmó que la publicación obedece a “un ejercicio de reconstrucción de la memoria colectiva, que está orientado a contribuir al esclarecimiento de la verdad, la superación de la impunidad y la reparación política, desde la perspectiva de una organización adscrita al movimiento social y a sectores de pensamiento crítico”.

Para Jhon Mario Muñoz, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia (Asoprudea) y presentador del libro, el valor de esta producción radica en la sistematización y análisis de los hechos de violencia socio-política que han afectado tanto al equipo de trabajo como a las agendas estratégicas del IPC.

Respecto al contenido, enumeró las cuatro apuestas fundamentales que el IPC ha mantenido a pesar de las múltiples agresiones en sus 36 años: la formación de liderazgos a través de la educación popular, el fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana, la promoción y defensa de los DDHH, y el apoyo y movilización en favor de los procesos de paz.

 

Reparar el daño político, reparar la democracia

El IPC fue reconocido en 2013 como sujeto de reparación colectiva, de carácter nacional, por la Unidad para las Víctimas. De ahí que la investigación y divulgación de Hacedores de historia constituya una de las medidas de reparación, así como la anterior publicación: Resistiendo la violencia política: el caso del Instituto Popular de Capacitación – IPC.

Según explicó Herrera, ambos títulos hacen parte de una colección que presenta “una narrativa compleja” de los procesos de violencia política y patrones de agresión que ha padecido el IPC, como parte del movimiento social de DDHH, a la vez que evidencia “la búsqueda de la verdad, la reparación colectiva y las garantías de no repetición”.

El presidente del IPC añadió que las dos publicaciones están basadas en una hipótesis sustentada por el Instituto con respecto al conflicto armado y los ataques al movimiento de DDHH: la forma y sistematicidad de las agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos, evidencian la intención de distintos actores por ocasionar un daño político que es, a su vez, un daño a la democracia.

En ese sentido, señaló que hay distintos grados de afectación: “Las agresiones cuyas características y naturaleza pretenden ocasionar daño político no solo afectan al sujeto u organización, sino que afectan el tejido social y el territorio donde actúan, así como al proceso o movimiento social al cual están articulados para reivindicar derechos y afrontar las formas de exclusión social y política”.

También aseguró que quienes se benefician del status quo, como consecuencia del daño político, son principalmente los actores que han ostentado el poder durante décadas; con ello, impiden la concreción de los derechos a los cuales apunta el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, pactado en los Acuerdos de Paz.

 

Panorama grave para líderes y defensores

“Desde su fundación, hace 36 años, el Instituto Popular de Capacitación ha recibido múltiples agresiones, que han sido sistemáticas y de distintos tipos, por parte de agentes estatales y paramilitares”, recordó Herrera. De hecho, recientemente una de sus directivas fue amenazada por el trabajo que realiza con campesinos reclamantes de tierras en la subregión de Urabá, Antioquia.

Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros y amenazado por razones similares, indicó en el conversatorio que la mayor parte de liderazgos atacados están relacionados con la ruralidad: las víctimas estaban articuladas a procesos de defensa del territorio ante proyectos extractivos, demandas por la restitución de tierras, sustitución de cultivos ilícitos…

Con ello coincidió Álvaro Villarraga, investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica, quien precisó que desde 2016 hasta la fecha han sido asesinados al menos 273 líderes sociales y defensores de DDHH. De esos, 123 casos se han registrado en 2018, mayoritariamente en los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca y Córdoba.

Los informes oficiales posicionan como principales perpetradores –en los casos en los cuales han sido identificados– a grupos narco-paramilitares, guerrilla del ELN y disidencias de las FARC. Según dijo, “hay un modus operandi de recurrir al sicariato en muchos casos, lo que oculta a los reales determinadores desde los intereses que estén en juego en las distintas circunstancias”.

Villarraga concluyó que en torno a la implementación de los Acuerdos de Paz se ha acrecentado la violencia política, evidenciada en los ataques sistemáticos, masivos y graves contra líderes y defensores. Esto en un escenario de contrastes: “incremento de disputas de actores por el control territorial y por economías ilegales” e “incapacidad institucional para refrenar esa tendencia”.

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