Cerca de 180 líderes sindicales y venteros informales, de distintas comunas de Medellín y municipios del Valle de Aburrá, participaron este martes en la asamblea informativa de la Unión General de Trabajadores en la Economía Informal (UGTI), regional Antioquia.
En este encuentro convocado por la Unión, que está adscrita a su vez a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), los participantes discutieron sobre sus avances organizativos y jurídicos para defender los derechos laborales ante las administraciones municipales.
Guillermo Giraldo, presidente de la UGTI en Antioquia, aseguró que actualmente los venteros informales del Centro de Medellín están afrontando dificultades derivadas de los desalojos y reubicaciones ordenados por la Alcaldía, para el desarrollo de intervenciones urbanísticas en esa comuna de la ciudad.
Según contó, desde que iniciaron las obras en el Centro, hace aproximadamente un año y medio, los comerciantes tuvieron “choques” con el Municipio. En ese momento, “logramos concertar que los venteros afectados por obras fueran reubicados, tanto los que estaban carnetizados como los que no”.
Ahora que las obras han avanzado significativamente, los líderes están dialogando con la Alcaldía para que los venteros puedan regresar a sus puestos de trabajo. “Nosotros estamos muy pendientes de eso, pero también somos conscientes de que debemos cumplir con unos requisitos y tener al día todos los documentos”, señaló Giraldo.
Sin embargo, el diálogo no siempre ha fluido. Así lo percibe María Cristina Poveda, lideresa comunitaria y representante de los venteros del Parque de Boston: “La Administración lo único que hace es cambiar funcionarios de Espacio Público cada vez que quiere. Entonces quienes atienden los casos al principio no son los que continúan con los procesos”.
Operativos «arbitrarios» en espacio público
Daniel Gómez, integrante del equipo jurídico que está asesorando a la Unión, les explicó a los venteros informales que ellos, como sujetos de especial protección constitucional “por ser población laboral vulnerable», tienen derechos reconocidos en la Sentencia C-211 de 2017, referida al Código Nacional de Policía.
Entre esos derechos, mencionó cinco: al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso cuando se estén desarrollando operativos en espacio público, al principio de confianza legítima cuando el vendedor lleva tiempo trabajando en un determinado lugar, y a la dignidad humana.
En ese sentido, Gómez sostuvo que “cuando funcionarios de Espacio Público o agentes de la Policía estén realizando un operativo, ellos no puedan multar, decomisar o destruir los enseres o mercancía” de los venteros, porque estarían desconociendo los derechos adquiridos a través de los procesos jurídicos de la organización sindical.
Además, orientó a los venteros para que, cuando se presenten arbitrariedades, apunten los números de placas y chalecos de los funcionarios, conserven los documentos de incautación que les entreguen, registren el procedimiento con sus celulares y, con esas evidencias, recurran a asesoría jurídica con la UGTI.
Condiciones de inseguridad en el Centro
Aunque no se discutieron en la asamblea, las condiciones de seguridad “son complejas” para los venteros informales. “Aquí sabemos que los grupos al margen de la ley cobran sus vacunas a los venteros informales; muchos se quejan de eso”, comentó el presidente de la UGTI en Antioquia.
En sus palabras, los grupos ilegales operan igual que en los barrios periféricos de la ciudad: les cobran un monto a los venteros, a cambio de permitirles desarrollar sus actividades en un lugar y de ofrecerles el «servicio de vigilancia». En el Centro, “los muchachos terminan siendo los que regulan el espacio público”, aseveró.
Además de la extorsión, hay otro fenómeno que preocupa a Giraldo: el “gota a gota”. Ese es “otro método por el que el ventero paga, y muchos se han tenido que ir de sus puestos de trabajo por miedo, porque les ha quedado grande pagar las cuotas establecidas”.
Desde la perspectiva de la lideresa comunitaria, esos fenómenos ligados a la criminalidad se presentan “por la falta de gobernabilidad”. Con ello se refirió a que “como no hay presencia del Estado, cualquier grupo llega, decide sobre el espacio público y les dice a los venteros: Ustedes me pagan o, sino, no pueden trabajar”.
Para ella, la solución ante esa problemática “que deja a los venteros ambulantes expuestos ante todo tipo de riesgos” no reside en “llenar el Centro de policías”, sino en que el Estado genere empleos dignos, con salarios decentes y prestaciones sociales. Así, concluye, “la gente no tendría que salir a ocupar el espacio público”.
