El Foro regional: Paz y democracia en los territorios, realizado este 21 de septiembre en el municipio de El Bagre, fue el espacio de encuentro en el que distintos sectores sociales y comunitarios del Bajo Cauca analizaron el estado de la implementación de los acuerdos de paz en esa subregión de Antioquia.

Para Wilfido Cogollo, integrante del colectivo Gente y Bosques de la serranía de San Lucas, uno de los aspectos centrales que debe ayudar a resolver la implementación del acuerdo final, entre el Gobierno colombiano y las FARC, es el tema de la tenencia de la tierra.

Junto a este asunto, Cogollo considera importante afrontar el problema de “la contaminación y el empoderamiento de las mineras transnacionales en el territorio, que ha hecho que muchas comunidades hoy se encuentren desprotegidas, abandonas y sin acceso al uso de la tierra”.

En sus intervenciones, varios de los participantes coincidieron en afirmar que la implementación de los acuerdos de paz avanza de forma lenta, especialmente en puntos que son claves para resolver los conflictos sociales que vive la región, como la sustitución de cultivos de uso ilícito y el desarrollo con enfoque territorial.

“A nivel del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Penis), tenemos unos inconvenientes muy fuertes por la presencia de grupos armados en el territorio, el desplazamiento de la gente, y la poca credibilidad que había en principio por parte de los campesinos”, afirmó Héctor Monsalve, representante en Tarazá del Comité Departamental de Cultivadores de Coca Marihuana y Amapola (Coccam).

En cuanto a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pedet), el panorama no es mucho más esperanzador. La región, advierte Monsalve, “tiene un problema muy grave y es que todavía está considerada como zona de alto riesgo, a causa de la emergencia de la represa Hidroituango. Entonces, sobre el curso del río Cauca no se puede proyectar nada en este momento. Por lo tanto, el plan que ya habíamos formulado lo tenemos que reformular totalmente y eso es una dificultad porque ya se había avanzado mucho”.

Para irle dando salida a estos obstáculos, argumenta el líder de sustitución, es fundamental que el Estado comience a generar apoyos para fortalecer a las organizaciones campesinas y que empiece a desarrollar de inmediato los Programas Integrales Municipales de Desarrollo Alternativo.

“A través de esos programas es que se deben empezar a ejecutar obras de infraesctructura en el territorio, de ordenamiento territorial y de desarrollo alternativo, porque las comunidades necesitamos vías de penetración, centros de comercialización, centros educativos, de salud y recreativos. Eso tiene que empezar a implementarlo el Estado de alguna manera y no necesariamente se depende de los Pedet para hacerlo”, manifestó Monsalve.

Pero “la falta articulación entre gobierno local y departamental”, advirtió Abel Cantero, integrante de la Asociación de Víctimas del Bajo Cauca (Asovicbac), está  profundizando muchas de las dificultades que ya existen en los territorios para implementar los acuerdos y desarrollar los programas y proyectos que necesitan las comunidades.

Aun así, el líder de víctimas es optimista en pensar que esta “es la primera vez que se puede trabajar y hablar de muchos de estos temas, pese a las limitaciones que tienen las organizaciones y a veces las mismas Alcaldías”. Por eso cree que “es importante seguir avanzando, porque hace cincuenta años atrás no teníamos lo que hoy día tenemos”.

El acuerdo sigue siendo una oportunidad

Ordenamiento territorial y ambiental, derechos humanos y minería, y mecanismos de garantías fueron los temas centrales a analizar en el foro.

Pese a las dificultades existentes hasta ahora, Maria Camila Moreno, directora en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ), sigue viendo la implementación del acuerdo de paz como una oportunidad, y por eso en su participación en el foro insistió en que es muy importante que las personas se apropien de los acuerdos y exijan su cumplimiento.

Sobre la problemática del Bajo Cauca, “lo que vemos en el foro es que es muy compleja porque hay diversidad de intereses y de factores generadores de violencia, que hacen que sea una región tan complicada y, sobre todo, que sea tan difícil la situación para la gente”, reflexionó Moreno.

Para la directora del ICTJ, esa complejidad debería ser abordada de manera especial por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de NO Repetición, y especialmente por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

“Creo que habría las condiciones para que la Comisión haga un énfasis en el Bajo Cauca, porque el país necesita saber qué ha pasado allí, y la gente de la región necesita entender por qué la violencia se ha ensañado de esa manera con su territorio”, manifestó.

Ese trabajo, agregó Moreno, requiere que se brinden garantías de seguridad y que se genere confianza para que la gente acuda a la comisión. De modo que “hay mucho trabajo por hacer, y creo que aliados y organizaciones tan comprometidas con esta región, como el IPC, van a ser fundamentales para que esto salga adelante”.

Lo que dejó ver este foro, anotó Juan Esteban Jaramillo, analista del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC), es que la región del Bajo Cauca tiene una serie de retos que se deben afrontar para avanzar en la construcción de la paz.

Entre esos desafíos, además de los ya mencionados, salieron a relucir aspectos como “el ordenamiento territorial y ambiental de la zona, y la situación de seguridad de líderes y lideresas sociales; porque se sienten amenazados y en riesgo ante la presencia de diferentes actores armados ilegales que siguen ejerciendo el control del territorio”, concluyó Jaramillo.

También es importante tener en cuenta que se volvió a reactivar la Red Pluriétnica en el territorio, agregó el analista del IPC. Y “la idea es que con esta red y con las diferentes organizaciones que participamos en este evento podamos hacer un piloto de seguimiento a lo que viene siendo la puesta en marcha de los acuerdos de paz en el Bajo Cauca, sobre todo para fortalecer la mirada territorial en el trabajo que viene haciendo el Instituto Kroc”.

El foro regional en Bajo Cauca fue liderado por el Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), el colectivo por el derecho a la tierra Gente y Bosques, y el Instituto popular de capacitación (IPC), con apoyo de Solsoc y la obra episcopal de la Iglesia católica alemana para la cooperación al desarrollo Misereor.

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