Por: Carlos Olimpo Restrepo S. Hacemos Memoria
De los 82.998 casos de desaparición forzada por razón del conflicto armado en Colombia entre 1958 y 2017, alrededor de 13.000 fueron documentados en Antioquia por el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica. De estos, apenas 611 han sido devueltos a sus familiares.
Y aunque en octubre de 2015, cuando se adelantaba la negociación entre el Gobierno colombiano y las FARC, en La Habana, se hizo una declaración conjunta –comunicado 062– para la “creación de una unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado”, hasta la fecha ese grupo – la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos- no ha empezado su labor.
A comienzos de 2016 se puso en funcionamiento el Plan Integral de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Departamento de Antioquia y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con un plan piloto de exhumaciones en el cementerio Universal, noroccidente de Medellín, que se extendió luego a otras áreas de la región. El resultado, hasta el 31 de diciembre de 2017, era de 64 restos óseos de desaparecidos encontrados e identificados y ubicados en el mausoleo Ausencias que se nombran, en ese lugar. Ver “Ausencias que se nombran”: mausoleo para víctimas de desaparición forzada
Carlos Alberto Arcila Valencia, subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, aclara que “el Plan Integral de Búsqueda investiga casos desde 1980 hasta el 2010. En el cementerio Universal se han identificado restos de personas de la Comuna 13 de Medellín y de otras regiones de Antioquia, mediante el cruce de datos y pruebas de ADN. Allí y en otros camposantos del Aburrá hay alrededor de 900 personas que siguen sin identificar y los indicios señalan que son muertos por razón del conflicto armado”. Y este año, hasta finales de agosto, se han recuperado los restos de 40 personas en todo el departamento, en especial en las regiones del Norte, Oriente y Bajo Cauca.
“Lo que se hizo en el cementerio Universal fueron acciones particulares que no responden a un plan de búsqueda específico, no es una acción articulada a otras, que no implica mayores avances en el asunto central, que es la búsqueda y ubicación de las personas que se presumen desparecidas por razón del conflicto armado”, asegura Adriana Arboleda Betancur, abogada de la Corporación Jurídica Libertad.
A esta crítica se suma que el ritmo de este proceso –por la falta de presupuesto, en algunos casos, y la forma en que se realizan los procesos de búsqueda e identificación, en otros- ha generado roces entre los organismos oficiales y las organizaciones de víctimas.
“Sabemos que las FARC ha entregado información al Comité Internacional de la Cruz Roja sobre algunos casos, como lo establece el Acuerdo Final, pero no sabemos concretamente sobre cuáles, porque eso está cobijado por el principio de confidencialidad”, sostiene la abogada. “Sin embargo, nosotros hemos tenido un acercamiento a estas personas, y hemos planteado la necesidad de reunirnos con la unidad de búsqueda para saber si tienen información que aporte a la búsqueda y localización de las víctimas. Pero hay que tener en cuenta que, dentro de la documentación que tenemos, sabemos que la mayoría de las víctimas de desaparición forzada son del bloque Cacique Nutibara de los paramilitares”.
La observación de la experta tiene que ver con el hecho de que la entrega de información por parte de los desmovilizados de las autodefensas en el proceso de Justicia y Paz es recibida directamente por la Fiscalía, que se encarga hacer todo el proceso.
“Ahora, en el Plan Integral de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Clave Humanitaria, que es consecuencia del Acuerdo Final entre el Gobierno y las FARC, estamos trabajando con dos miembros de este grupo, que están haciendo un mapa sobre las personas que ellos desaparecieron y [también] de los integrantes de sus filas que les desaparecieron. Ellos recolectan la información entre sus grupos y le pasan al CICR las coordenadas y en conjunto hacemos el mapa”, explica el subsecretario Arcila.
Para la abogada Arboleda esto es importante. “Esto se hace directamente entre el CICR y los combatientes. Por eso este año empezamos un acercamiento con ellos, porque creemos que este debe ser un trabajo articulado también con los familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos y las organizaciones que aparecemos en el Acuerdo Final y estamos definiendo cuál sería la ruta a seguir”.
