“Mi nombre es Juan Mejía, soy estudiante de Historia de la Universidad de Antioquia, soy habitante de la Comuna 13, y estoy buscando a mi hermano Ferney que resultó desaparecido el 18 de diciembre del año 2002. Recuerdo que por esas épocas, finales de 2002, se hablaba de que se llevaron al del billar, o que se robaron al del colectivo, o se robaron al de la parabólica. Y en ese contexto se dieron muchas desapariciones”.

Con este testimonio, las voces de las víctimas se abrieron espacio en la conmemoración de los 16 años de la Operación Orión, adelantada por la Fuerza Pública el 16 de octubre de 2002 en la Comuna 13, San Javier, occidente de Medellín.

80 civiles heridos, 17 homicidios cometidos por la Fuerza Pública, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 12 personas torturadas, 92 desapariciones forzadas y 370 detenciones arbitrarias, fue el saldo que, según la Corporación Jurídica Libertad, dejó esta operación militar ordenada por el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, con la venia del otrora Alcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, y coordinada por los generales Mario Montoya, excomandante de la IV Brigada del Ejército; y Leonardo Gallego, excomandante de la Policía Metropolitana de Medellín.

“Yo tenía siete años cuando eso, y recuerdo estar sacando un trapo blanco en esos días de finales de mayo”, recuerda Juan, rememorando la madrugada del 21 de mayo de 2002 cuando los habitantes de la comuna sacaron trapos y sábanas blancas para pedir a los actores del conflicto que detuvieran el enfrentamiento armado desatado por la Operación Mariscal.

Ante los magistrados de la JEP, Juan Mejía recordó su hermano Ferney nació el 28 de julio de 1980 en Neira, Caldas. A finales de los ochentas su familia se trasladó a la Comuna 13 de Medellín.

Para la abogada María Victoria Fallon, del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH), “lo que ocurrió el 16 de octubre de 2002 fue el desarrollo de una tarea que había iniciado a principios de ese año y que se llevó a cabo mediante 19 operaciones militares adelantadas durante ese año. El 21 de mayo dejó nueve personas muertas, entre ellas dos niñas por el fuego cruzado que tocó la escuela del barrio 20 de julio”.

A Ferney Mejía lo desaparecieron ese año de las operaciones militares. Tenía 22 años de edad, estudiaba una tecnología y pintaba paisajes en una técnica de óleo sobre vidrio. Le gustaba la música, especialmente la salsa y el rock de los ochenta, recuerda su hermano.

El día de la desaparición, relata Juan, “llegaron hasta la esquina de mi casa los paramilitares, alias la Costeña y alias Barajas, preguntando por el mono. Ese era mi hermano, así le decían. El mejor amigo de él llegó hasta mi casa, lo llamó, mi hermano salió. Le comentaron que en el barrio El Salado lo necesitaban. Él regresó a mi casa, le comentó a mi mamá la situación, ella le dijo que no fuera por allá, pero él respondió que el que nada debe nada teme, partió y nunca regresó”.

Por estos actos, en desarrollo de la conmemoración Orión Nunca Más, este 16 de octubre fueron entregados a la Jurisdicción Especial de Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, dos informes preliminares sobre los hechos de violencia ocurridos en desarrollo del conflicto armado en la Comuna 13 de Medellín y, particularmente, sobre los impactos de las operaciones militares en esa zona del occidente de la ciudad.

El primer informe lo entregó la abogada María Victoria Fallón, quien explicó que el estudio del GIDH “hace un análisis de contexto partiendo de la formación del paramilitarismo y su ingreso a las ciudades, para poder explicar cuál fue el proceso que vivió la Comuna 13 en el año de 2002; de reacomodo de los grupos paramilitares, de desalojo de expresiones de la guerrilla y milicias urbanas, y de frenar la organización popular”.

La abogada de la organización de derechos humanos agregó que el GIDH espera desarrollar otra fase de este informe dando cuenta de las afectaciones a la comunidad. En este sentido, Juan Mejía recordó los días posteriores a la desaparición de Ferney y el daño ocasionado a su familia.

“Esos días fueron durísimos y muy tristes. Yo recuerdo estar llorando. Recuerdo a mi mamá y a mi papá ausentes. Ellos se dedicaron a la búsqueda de mi hermano como pudieron. Recuerdo a mi mamá un poco enajenada, llorando, gritando. En cuanto a daños, está la depresión de mi mamá, quien por muchos años estuvo medicada, y la desconfianza y el miedo que tenemos a las instituciones de la Fuerza Pública”.

En la Operación Orión participaron más de mil uniformados del Ejército, la Policía, el DAS, la Fiscalía y el CTI que, según un estudio de Pablo Emilio Angarita, iban acompañados de hombres y mujeres informantes, vestidos de camuflados y encapuchados[i]. El operativo comenzó en la madrugada. Los allanamientos y las primeras ráfagas de fusil despertaron a los vecinos de San Javier que, atemorizados y sorprendidos, vieron como dos helicópteros Arpía de la Fuerza Aérea Colombiana respaldaban a los uniformados en tierra disparando hacia la comuna.

El segundo informe lo entregó un grupo de víctimas de la asociación Mujeres Caminando por la Verdad junto a la hermana Rosa Cadavid, de la Obra Social Madre Laura con la intención de que pueda servir de insumo a la labor del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de NO Repetición.

Durante su intervención, la hermana Rosa les dijo a los magistrados: “Queremos hacer entrega de estos testimonios teniendo en cuenta que estamos esperanzados en que se conozca la verdad, en que ustedes si sean esas personas que ellas han estado esperando todo el tiempo para ser reconocidas como víctimas, para que se les tenga en cuenta en todos estos temas de la reparación, la verdad y la justicia, y para que ustedes, con la facultad que tienen, puedan algún día decirles a ellas cuál es la verdad, para que ese sufrimiento y ese dolor sea reparado en parte”.

Por eso, lo que pidió Juan Mejía a las instituciones del Sistema es que se investiguen a fondo estos casos. “Queremos saber la verdad, queremos saber qué pasa con estas personas que resultaron desaparecidas, queremos saber quién se benefició con estos crímenes de lesa humanidad, queremos saber quién resultó beneficiado con nuestro dolor. Exigimos que se busque a nuestros desaparecidos, porque sabemos que las laderas de esta ciudad están llenas de personas desaparecidas”.

Informes irán a la sala de reconocimiento de la JEP

Tras recibir la información, la magistrada de la JEP, María del Pilar Valencia, recordó que la entrega de informes hace parte de los principios de centralidad de las víctimas que tiene el Sistema, cuya importancia radica en que “la versión de la víctima será escuchada y tenida en cuenta en igualdad de condiciones que las versiones de los comparecientes y las pruebas obtenidas en el marco de la jurisdicción”.

El énfasis en este acto conmemorativo, anotó la magistrada, estuvo puesto en el esclarecimiento de la verdad. Por eso, “nosotros actuaremos en el marco de la constitución y la ley no solo para que se establezca la verdad histórica sino también la verdad judicial, que permita activar los distintos mecanismos, aplicar las sanciones propias, alternativas y ordinarias que corresponda y, ante todo, la definición de planes de justicia restaurativa encaminados a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición”.

Por su parte, el magistrado Gustavo Adolfo Salazar, anunció que la información recibida de parte las víctimas y organizaciones de derechos humanos será transferida de inmediato a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP.

Durante la jornada, el llamado de atención fue para la Comisión Esclarecimiento de la Verdad, ya que ninguno de los comisionados estuvo presente en el evento salvo una delegada de la dirección de participación.

Por eso, María Victoria Fallon le recordó a la comisión “que este es un sistema que debe estar centralizado en las víctimas, pues por primera vez una comisión independiente puede aspirar a construir una verdad, a explicar lo que pasó en este conflicto y a ayudar a sanar los daños que se presentaron en la sociedad colombiana”.

Lo que pasó hoy, agregó la abogada, “es desalentador, esperamos que a futuro la comisión de la verdad esté presente donde las víctimas la están llamando”.

 


[i] Angarita Cañas, Pablo Emilio et al., 2008, Dinámicas de guerra y construcción de paz: estudio interdisciplinario del conflicto armado en la comuna 13 de Medellín, Medellín, Universidad de Medellín, pág. 44.

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