Dora Cano proviene de Urabá, una subregión antioqueña donde el banano ha sido la principal fuente de ingresos y, a la vez, de concentración de la tierra. Allá es lideresa en Nueva Colonia, corregimiento del municipio de Turbo que fue reconocido como sujeto de reparación colectiva por la Unidad para las Víctimas (Uariv).

“Sufrimos daños entre 1988 y el 2000, causados por el conflicto por todo el proceso de tierras. Tuvimos tres masacres: la del 88 en Honduras; la de Punta Coquitos ese mismo año, que dejó 27 víctimas fatales y el desplazamiento de 20 veredas; y, luego, otra que marcó la dinámica social: 17 trabajadores de una finca fueron ahorcados y colgados en un cable como racimos de banano”, recuerda.

Ella está entre los 21 delegados de quince sujetos de reparación colectiva y seis organizaciones sociales que participaron, entre el 10 y 13 de octubre, en las primeras sesiones de la Escuela itinerante de formación: sujetos colectivos, agendas territoriales y construcción de paz; espacio organizado por el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y apoyado por la Uariv.

Según Lucelly Londoño, coordinadora de la Escuela, esta tiene como objetivos “fortalecer las capacidades sociales y políticas de los sujetos de reparación colectiva y algunas organizaciones sociales, para la acción, movilización y deliberación pública en torno a la construcción de agendas territoriales, la implementación de los acuerdos de paz, el esclarecimiento de la verdad y la reconciliación”.

Además, explica que el proceso de formación abarca ochos módulos sobre daño social y político, reparación colectiva, paz territorial, entre otros. Aquellos se desarrollan a partir de estrategias pedagógicas empleadas en la educación popular; entre ellas, menciona el diálogo de saberes, el intercambio de experiencias y la comunicación como parte del proceso educativo.

Construyen y revisan el diagnóstico del daño

Luego de las primeras tres sesiones de la Escuela, los sujetos de reparación colectiva regresaron a sus territorios con la tarea de avanzar en el diagnóstico de los impactos y daños (psicológicos, sociales, económicos, políticos) ocasionados por las prácticas violentas que han ejercido durante décadas distintos actores del conflicto armado interno.

Al respecto Cecilia Mora, cacica indígena del municipio de Cáceres y representante de las 47 comunidades indígenas de la subregión del Bajo Cauca, que se hallan en proceso de reconocimiento de la ruta para llegar a ser declarados sujetos de reparación colectiva, expresa que la elaboración del diagnóstico es una tarea con la cual los indígenas apenas se están familiarizando.

“Yo como lideresa no sabía por dónde empezar. Pero ahora tengo claro cuál es la tarea: sentarme con las diez comunidades que están en mi municipio y conseguir los datos y las historias que se necesitan para construir el diagnóstico del daño por el conflicto armado que cada comunidad ha sufrido de manera diferente en los territorios”, comenta.

Por su parte, Dora Cano cuenta que en su corregimiento ya hicieron un diagnóstico del daño, “pero creo que quedó sesgado, porque en el momento de hacerlo no teníamos las herramientas para construirlo; entonces, lo hicimos casi que desde la visión del otro, no desde la visión de la víctima. Ahora tendremos que volver a revisarlo y replantearlo”.

Algo similar dice Felipe Higuita, representante de la organización Casa Diversa C8, de  la Comuna Villa Hermosa en Medellín. Los integrantes de este sujeto colectivo de reparación, que abarca a la comunidad LGBTI de la Comuna 8, “ya tenemos bien estudiada esa estructura del daño y propuestas de medidas, pero no estaría mal volver a revisar las cosas que se han planteado”.

Lento progreso del proceso de reparación colectiva

En julio, los diez integrantes de la Coordinación Nacional de Sujetos de Reparación Colectiva (Reparar) le presentaron un balance a la Unidad para las Víctimas –y otras dependencias del Gobierno–, manifestándole preocupación por sus “reiterados incumplimientos” en los procesos de reparación que deberían conducir al goce de derechos arrebatados en el marco del conflicto, no a la revictimización.

“La política de reparación colectiva no ha avanzado significativamente, debido a factores fiscales, logísticos y burocráticos de la Unidad para las Víctimas. De ahí que algunos sujetos apenas estén levantando el diagnóstico del daño, otros estén formulando el plan integral de reparación y unos más reporten avances incipientes en sus procesos de reparación”, señalaron a través de un boletín.

Y con ello coincide Dora Montero, quien asegura que el corregimiento de Nueva Colonia poco ha avanzado en la reparación colectiva. “El plan de reparación nuestro tiene 42 medidas y, a este instante, hemos ejecutado solamente siete en un transcurso de tres años”. Algo similar ocurre con el sujeto Casa Diversa C8, que está pendiente de la aprobación de las dos primeras medidas de reparación.

La lideresa reconoce al menos dos obstáculos para el avance de los procesos de reparación. El primero: “La Unidad está sin operador y sin recursos, por lo cual las medidas que requieren mayor inversión las están dejando para el final”. Y el segundo: “Hay poco acompañamiento institucional a las comunidades, que están dispersas por el territorio, para reclamar sus derechos en el proceso de reparación”.

Sumado a eso, habría ámbitos de la reparación en los que la Unidad para las Víctimas poco se ha interesado. Por ejemplo Ofelia Orozco, integrantes de la Asociación Provincial de Víctimas a Ciudadanos y Ciudadanas (Aproviaci), de la subregión Oriente, considera que “lo poco que se ha hecho en reparación psicosocial ha sido más por ONG´s que por el Gobierno”.

 

Escuela “de sujetos para sujetos”

En 2013, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) fue reconocido por la Unidad para las Víctimas como sujeto de reparación colectiva de carácter nacional. Esto debido a varios sucesos de violencia que padeció entre 1989 y 2012, y al daño político que dichas agresiones han generado tanto al interior de la organización como al movimiento social de DD.HH. en Antioquia. Lea Reparación colectiva al IPC, con futuro incierto

Como parte de su plan de reparación, orientado a “reparar la democracia”, el Instituto desarrolla actualmente la segunda fase de la Escuela Itinerante de Formación “Sujetos colectivos, agendas territoriales y construcción de paz”, en la que participan representantes de sujetos y organizaciones víctimas de las subregiones Bajo Cauca, Nordeste, Norte, Oriente, Suroeste, Urabá y Valla de Aburrá.

Al final del proceso de formación, que se extenderá hasta finales de noviembre, los participantes habrán cursado ocho módulos, que equivalen a 120 horas de “reflexión sobre las implicaciones de una reparación integral y de carácter colectivo, y los retos que plantea la construcción, si así lo consideran, de una agenda común para seguir insistiendo en el proceso de reparación”, concluye Lucelly Londoño.

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