Por: Diego Herrera Duque, presiente del Instituto Popular de Capacitación (IPC)

En las décadas de los ochenta y noventa, los gobiernos de América Latina diseñaron y operaron un conjunto de políticas y arreglos institucionales para garantizar el proceso de apertura económica y sentar las bases para la integración comercial, lo que trajo el menoscabo de la universalidad, gratuidad y obligatoriedad de los derechos humanos sociales en la región, específicamente el derecho a la educación. Quedamos atrapados en los imperativos y las lógicas del mercado globalizado. Por supuesto, Colombia no fue ajeno a esta dinámica de ir transformando progresivamente la educación como un derecho humano a una mercancía.

En este contexto, durante el gobierno del ex presidente César Gaviria (1990 – 1994), se materializa el proceso de apertura económica, marco en el cual se consolidan una serie de reformas sociales bajo una política regresiva frente a las conquistas de derechos humanos en salud, pensiones, trabajo, educación, vivienda, etc. De manera particular, se reglamenta con la Ley 30 de 1992 la educación superior, dentro de la cual se crea el sistema universitario estatal –SUE, organismo que agrupa a las 32 principales universidades públicas del país, y se establecen dos asuntos fundamentales: el financiamiento y la autonomía universitaria.

Aquí viene la trampa al gato: la relación entre financiamiento y autonomía, pues los presupuestos de las universidades públicas se constituyen por aportes del Presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, y por los aportes de los entes territoriales, pero además por los recursos y rentas propias de cada institución. Desde aquel momento, quedo establecida que parte de la autonomía, implicaba que las universidades públicas son generadoras de recursos propios, de tal manera que las sometieron a la venta de servicios de formación (matrículas y otros servicios asociados), investigación y extensión. Fue allí donde se incubó la crisis que se volvió crónica, un sistema universitario público con un déficit de 18 billones de pesos, aproximadamente, acumulado en los últimos 26 años, y que hoy tiene en las calles a estudiantes y profesores de las universidades públicas.

Al gobierno de César Gaviria y los posteriores, les cabe gran parte de la responsabilidad histórica y política en dar cuenta de cómo se disminuyó el derecho a la educación y se constituyó en una mercancía, dejando al sistema universitario público en un estado precario.

La realidad es nítida. Hoy las fuentes de financiamiento de las universidades públicas son lamentables pues, por transferencias de la Nación, reciben aproximadamente el 47% que requieren para su funcionamiento y para garantizar su oferta y cobertura, mientras que, por prestación de servicios, se logra el 53% restante. Ahí está la trampa de la autonomía universitaria para el financiamiento que quedó años atrás. Un Estado desobligado y una universidad pública empujada al rebusque.

Por ello se explica que cada que hay posibilidad de ingreso de estudiantes a la universidad pública, solo alcancen a pasar el 20% o 30% de los inscritos en las 32 universidades públicas, que albergan alrededor de 650.000 estudiantes del país, de los cuales alrededor del 75% son de estratos 1 y 2, según lo plantean los mismos directivos de la SUE, o sea que la mayoría son de escasos recursos.

Uno entiende, pero no justifica, porqué se mantiene un estado de vulnerabilidad de la juventud en Colombia ante la falta de oportunidades educativas que les garantice mayor movilidad social y, por lo tanto, muchos de estos jóvenes se ven arrastrados a las lógicas de la guerra, la criminalidad y la ilegalidad. Uno comprende porqué se habla de educación superior pobre para pobres, y porqué el nuevo gobierno de Duque sigue dando respuestas precarias a la educación superior pública mientras aumenta los presupuestos para la guerra, a pesar de haber un acuerdo de paz firmado.

El futuro de muchos jóvenes en Colombia depende de la educación pública y, particularmente, del financiamiento de la universidad pública por parte del Estado. Sin una política robusta orientada a superar el déficit histórico, seguiremos condenados al atraso científico y tecnológico, a la segregación educativa y al aumento del músculo juvenil para los guerreros. Bienvenido el despertar de la comunidad educativa universitaria y de la sociedad colombiana, para reivindicar el derecho a la educación superior en condiciones dignas.

 * Las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y en nada comprometen al Instituto Popular de Capacitación (IPC)

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