Las víctimas y las 53 organizaciones abajo firmantes, alertamos a la comunidad nacional e internacional, el apoyo que integrantes del Congreso de la República y partidos políticos han otorgado al proyecto de acto legislativo que crea secciones y salas especiales para los miembros de la Fuerza Pública en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Hacemos un llamado a la comisión de concertación creada el día de hoy en el Congreso, para que desista de llegar a acuerdos políticos que van en contravía de los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia.
La iniciativa de reforma constitucional, radicada por la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, va en contravía de los derechos de las víctimas del conflicto armado, del deber de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH, así como de los compromisos internacionales del Estado Colombiano, poniendo en riesgo la justicia transicional y promoviendo la impunidad de las conductas cometidas por los integrantes de la fuerza pública.
Uno de los principios que regiría el funcionamiento de las dependencias que pretende crear el mencionado proyecto, de acuerdo con el mismo, sería el de la honra y el buen nombre. “Se garantizará el derecho de defender la honra, y por lo tanto los beneficios del sistema incluyendo la libertad no estarán condicionados a la confesión o reconocimiento de la responsabilidad”. El otorgamiento de estos beneficios a los agentes del estado afecta el derecho a la verdad y la justicia de miles de víctimas y de la sociedad en general, y generan una figura de auto amnistía prohibida por el derecho internacional.
Además, en el proyecto se plantea que los magistrados deberán acreditar conocimiento en reglas operacionales, lo cual generaría una tergiversación del DIH. Ya se ha intentado en otros proyectos de ley, invocar el derecho operacional para incluir figuras como “blanco legítimo” o “daño colateral” excluyentes de responsabilidad penal.
De llegar a ser aprobada la reforma constitucional propuesta, los miembros de la fuerza pública, investigados, acusados y condenados por su responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho humanitario, podrían eludir la acción de la justicia y quedar en la impunidad.
La sociedad en general y en especial las víctimas de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH cometidos por integrantes de la fuerza pública, tenemos derecho legítimo a la justicia en la JEP, mediante procedimientos que cumplan las normas internacionales para la lucha contra la impunidad.
Cabe recordar que el artículo transitorio 17 del Acto Legislativo 01 de 2017 contempla un tratamiento diferenciado para agentes del estado otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico. Por esta razón, no es justificable la creación de una nueva sala bajo normas que irían en contravía de los derechos de las víctimas de los agentes del Estado.
La aprobación de esta reforma sería un indicativo claro de la falta de compromiso del gobierno con los derechos humanos, constituiría un pacto de impunidad con los integrantes de la fuerza pública y haría trizas la justicia transicional.
Firman:
1. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE
2. ASEMPRESA
3. Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios – ACEU
4. Asociación MICOMCAP
5. Asociación MINGA
6. Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – ANDAS
7. Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria – ANDES
8. Asociación Regional mujeres del Oriente, Amor
9. Casa de la Mujer
10. Centro De Promoción De Desarrollo (CEPROD)
11. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR
12. Colectivo de Exiliados y Refugiados Colombianos en Ecuador
13. Colectivo de Jóvenes Trabajadores – CJT
14. Colectivo Migrantes y Exiliados/as Colombianos/as por la Paz-MECoPa-, Argentina
15. Comisión Colombiana de Juristas – CCJ
16. Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP
17. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH
18. Comité por la Paz de Colombia en Madrid, España
19. Coordinación Social y Política Marcha Patriótica
20. Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda -Colectivo OFB
21. Corporación Conciudadanía
22. Corporación Fondo de Apoyo de Empresas Asociativas – CORFAS
23. Corporación Jurídica Libertad
24. Corporación Jurídica Yira Castro
25. Corporación para la educación y autogestión ciudadana CEAC
26. Corporación PODION
27. Corporación Yurupari
28. Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial – EQUITAS
29. Escuela Nacional Sindical
30. Fundación DHOC
31. Fundación para el desarrollo integral de la mujer y la niñez FUNDIMUR
32. Fundación WAKI
33. Grupo de Investigación GIDPAD Universidad de San Buenaventura
34. Grupo de Investigación y Editorial Kavilando
35. Hijas e hijos por la Identidad, la Justicia contra el Olvido y el Silencio – H.I.J.O.S.
36. Humanidad Vigente corporación jurídica
37. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ
38. Instituto Popular de Capacitación – IPC
39. Juventud Comunista Colombiana – JUCO
40. Juventud Rebelde Colombia
41. Madres de Falsos positivos – MAFAPO
42. Mesa Sucreña por la Paz
43. Movimiento por la Defensa de los Derechos Humanos del Pueblo – MODEP
44. Nabowa Xarxa pero la Pau de Barcelona
45. Organización de Colombianos Refugiados en Chile -OCORCH-
46. Organización de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales y Desaparición Forzada Voces Unidas Exigiendo Justicia
47. Organizaciones sociales de la Mesa Territorial de Garantías para Defensores/as de derechos Humanos en el Departamento del Cauca
48. Red Colombiana de Lugares de Memoria
49. Red de DDHH del Putumayo, Piamonte Cauca y Cofania Jardines de Sucumbios de Ipiales, Nariño
50. Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano «Francisco Isaías Cifuentes»
51. Red Inter Universitaria por la Paz REDIPAZ
52. Red Nacional en Democracia y Paz (RNDP)
53. Viva la Ciudadanía
