Texto y fotos por: Jorge Luis Rocha – Periodista independiente www.narracciones.org
En momentos en que Hidroituango continúa en crisis y la incertidumbre sobre el presente y futuro se mantiene sobre los habitantes de los municipios aledaños al cañón del río Cauca, la Corte Constitucional definió el pasado 11 de octubre que las consultas populares ya no podrían ser un recurso de la ciudadanía para frenar proyectos extractivos como Hidroituango. El argumento se basa en que la autonomía de las comunidades locales se invalida por la propiedad que tiene el Estado sobre el subsuelo del país.
Sin embargo, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó la tutela presentada por el Ministerio de Minas y Energía al reafirmar la competencia de los entes territoriales para decidir sobre proyectos extractivos y la obligación que tienen de realizar consultas populares para conocer la opinión ciudadana frente a la llegada de estos proyectos en sus territorios, incluyendo aquellos que “amenacen con crear cambios significativos del uso del suelo que dé lugar a una transformación de las actividades tradicionales del ente territorial”.
La sentencia sostiene que “las entidades locales conocen de manera directa y con un alto grado de proximidad las necesidades de su comunidad, por lo que la autonomía territorial tiene un nexo directo con la democracia. […] El mecanismo de la consulta popular es una instancia característica de la democracia participativa, que busca legitimar planes y proyectos en aspectos que de manera directa inciden en el espacio local y más próximo de los ciudadanos”.
Este choque de intereses dentro de las entidades del Estado complejiza el panorama de las movilizaciones sociales en el país, en tanto las alternativas de acción política desde el marco de la legislación nacional se vuelven más difusas y, en ocasiones, inviable: la construcción de Hidroituango, por ejemplo, implicó la inundación del puente El Pescadero que, más que un puente, era un lugar fundamental para el esclarecimiento de casos de desaparición forzada en la zona que no fueron atendidos ni investigados por las entidades competentes del Estado colombiano.
La implementación de proyectos extractivos sobre el territorio significa el despojo de las formas de vida y existencia de las comunidades locales. Los censos para indemnizar el destierro de sus lugares de origen, la presencia de la fuerza pública, las amenazas contra la vida y las masacres (como las ocurridas en la década de 1990 en Ituango) son estrategias que tienen este tipo de modelos de desarrollo para que familias enteras deban salir en búsqueda de otros lugares para reiniciar la existencia.
En casos como los de Valdivia y Puerto Valdivia, Sabanalarga e Ituango, el desarraigo territorial está representado en la toma de las alcaldías municipales, parques y coliseos por parte de los cañoneros y cañoneras desplazados que los convierten en sus albergues; un panorama ridículo y desalentador sobre las maneras en que el desarrollo llega a los territorios.
Hidroituango inundó las playas de encuentro cañonero, las orillas donde se ejercía el barequeo y la minería artesanal, las montañas del cañón donde se sembraban alimentos, la fauna y la flora del bosque seco tropical, y los puentes que posibilitaban el intercambio cultural y económico entre municipios. Es la pérdida de lugares de memoria donde la cultura cañonera y su cosmogonía se expandían.
A la vez, el desarraigo territorial es un desarraigo de saberes. Transitar por lugares y dinámicas de vida que desconocen pasa por hallar otras alternativas económicas a las que se tienen que habituar: dejar de lado los saberes y conocimientos tradicionales por unos que representan la inestabilidad económica y cultural a la que hoy se enfrentan cientos de cañoneros y cañoneras al no poder volver a practicar sus oficios habituales sobre el cañón del río Cauca.
Éstas son formas de desarraigo que legitiman decisiones como la de la Corte Constitucional el 11 de octubre pasado y las intenciones del Ministerio de Minas y Energías. La expropiación de los territorios es la expropiación de maneras de vivir y de los derechos que, por tradición y ancestralidad, las comunidades tienen sobre ellos. Es una conversión sobre los significados y usos que allí se han dado. Don Remigio Moreno, líder cañonero que acompañó la movilización contra Hidroituango hasta donde su salud física y mental lo dejó, lo sintetizó con la siguiente reflexión: “Nos están robando el agua para vendérnosla a nosotros mismos. A nosotros nos queda muy extraño esto siendo de nuestro territorio. Nosotros siendo propietarios de las cosas y que vengan a quitarnos las maneras de nosotros vivir de ahora en adelante”.
* Las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y en nada comprometen al Instituto Popular de Capacitación (IPC)
