“Lentitud, el principal problema de la administración de justicia en Colombia”: Yesid Reyes

Así lo afirmó el jurista, en entrevista con la Agencia de Prensa IPC, al explicar por qué existen altos índices de impunidad en el país.

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Foto: jepjusticiatransicional.net

Entre mañana y el viernes, 6 y 7 de diciembre, el Instituto Popular de Capacitación realizará el Seminario internacional de justicia transicional y régimen político en el Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob, ubicado en el Centro de Medellín. Uno de los invitados es el jurista Yesid Reyes, exministro de Justicia de Colombia desde agosto de 2014 hasta abril de 2016.

Reyes, actualmente integrante del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho de la Universidad Externado de Colombia, se referirá a la relación entre justicia transicional, impunidad y poder; temas que tuvo presentes cuando participó en la negociación política con la guerrilla de las FARC, durante la primera fase de construcción de los mecanismos de la justicia para la paz.

En entrevista con la Agencia de Prensa IPC, esto respondió el jurista.

–Yesid, ¿cómo puede explicarse que, en un país como el nuestro, donde se supone que existe una tradición afianzada de la democracia, aún persistan violaciones sistemáticas a los derechos humanos?

–Básicamente porque en Colombia ha existido un conflicto armado muy prolongado que ha llevado a esa violación reiterada de derechos humanos por parte de ambos combatientes. Eso es lo que en los últimos años explica el gran crecimiento de ese tipo de violaciones.

–Pero si uno tiene presente que se está implementando un Acuerdo de Paz, que se firmó con uno de los principales actores armados del país, ¿cómo hace para entender la continuidad de esas violaciones?

–Las violaciones obviamente no han desaparecido. El proceso de paz está hasta ahora arrancando; lo que se firmó fue un acuerdo de paz que tiene que implementarse. Una de las partes es el grupo guerrillero que entregó las armas y cesó todas las actividades militares contra el Estado, lo que supone una disminución importante de esta clase de violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, el Acuerdo de Paz se firmó solamente con uno de los actores del conflicto armado en Colombia; quedan otros actores como, por ejemplo, las disidencias de las FARC o el ELN, o muchas bandas criminales que siguen alzadas en armas. Por consiguiente, siguen las violaciones.

¿Entonces casos como el colombiano demuestran que un sistema democrático puede convivir con violaciones a los derechos humanos?

–Lo normal justamente es que los estados de derecho sean capaces de manejar, investigar, juzgar y sancionar violaciones a los derechos humanos. Pero, claro, la identificación de violaciones a los derechos humanos solo es posible en un Estado de derecho que las reconozca como tales, y si no se viviera en un Estado de derecho y se aceptara como normal la violación de esa clase de derechos fundamentales, pues evidentemente no habría forma de investigarlas y castigarlas. Es decir, la existencia del Estado de derecho es precisamente lo que posibilita visibilizar y combatir esa clase de conductas.

¿Cuáles considera que son las razones por las que persisten altos índices de impunidad en el país?

–El tema de la impunidad siempre es relativo, porque no hay unos parámetros fijos para medir cuáles son los casos que deberían terminar de alguna manera y terminan de una forma distinta; es decir que no hay un criterio claro sobre qué se conoce como impunidad.

Sin embargo, y en términos generales, el principal problema que tiene la administración de justicia en Colombia, la mayoría penal, es la gran lentitud: una justicia demasiado lenta que no solamente lleva a que algunos de los casos que están en conocimiento de la fiscalía y de los jueces penales prescriban antes de que se tome una decisión de fondo, sino que en otros casos la decisión es tan tardía que la gente no relaciona esa decisión, que incluso puede ser una sentencia condenatoria por un delito cometido hace muchísimos años. Y ese problema es el que genera la sensación de impunidad.

Entonces, puede decirse que efectivamente existe la impunidad, por un lado debido básicamente a la lentitud de los procesos penales y, por otro lado, por lo tardío de la justicia penal que, aun cuando pueda terminar imponiendo sanciones, genera la sensación de impunidad.

–Ciertos grupos de personas consideran que hay mayor impunidad en los casos relacionados con sectores de poder. ¿Eso es correcto?

Yo no puedo decir que sea la mayoría. Por el contrario, yo creo que hay una enorme impunidad en todo lo que son los delitos bajos, que los medios de comunicación pueden llamar delitos pequeños. Y creo que los medios de comunicación magnifican, con razón, los delitos que más impacto causan, como las masacres durante el conflicto armado, los desplazamientos forzados; o, en contextos como el actual, los grandes casos de corrupción.

Pero a la gente del común, al ciudadano de a pie, lo que más lo afectan no son esos mega delitos. A ellos lo que más los afecta son esos llamados delitos pequeños, que son las lesiones personales, los atracos, los hurtos; esos pequeños problemas de los cuales no suelen ocuparse los medios de comunicación y no suele ocuparse tanto la justicia penal. Esos son los que tienen mayores índices de impunidad.

Y es tan grande la ineficiencia del sistema penal frente a esos casos que terminan generando, como lo hemos visto en los últimos meses y años, manifestaciones de auto justicia por parte de las personas que se ven afectadas en sus derechos y que no ven una repuesta oportuna del Estado para corregir esas violaciones.

–¿Qué relación establece entre impunidad, violaciones a derechos humanos y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición?

La relación que hay es que este es precisamente un Sistema concebido para que no haya impunidad en lo relacionado con los delitos ocurridos durante y en relación con el conflicto armado.

Ese sistema se construyó para responder a las necesidades que usted mencionaba hace un momento de la justicia transicional que son verdad, justicia, reparación y no repetición. En la medida en que todos los componentes del Sistema funcionen de manera correcta, aquel habrá operado de manera eficiente y no podrá hablarse en ese contexto de impunidad.

–Finalmente, ¿cuáles son los retos que tiene el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en el momento en que se halla la implementación del Acuerdo de Paz?

En este momento, el componente que va más avanzado es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), porque la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad comenzó a funcionar hace apenas unos días. Los mecanismos de reparación a las víctimas están en proceso de ajuste. La Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas hasta ahora está intentando comenzar a funcionar…

Entonces lo que se espera en los próximos meses es que haya un impulso en el funcionamiento de todos esos componentes del Sistema, y que, cuando estén todos realmente funcionando de manera plena, haya una coordinación entre todos, porque tienen que funcionar como lo que realmente es: un Sistema.

Solamente si esos elementos funcionan de manera coordinada, se pueden alcanzar los propósitos que se buscó con esa parte del acuerdo de La Habana, que es precisamente aplicar justicia por parte de la JEP, establecer la verdad de lo ocurrido durante del conflicto por parte de la Comisión, reparar a las víctimas, ubicar a los desaparecidos durante el conflicto armado y, por supuesto, brindar garantías de no repetición de esos hechos.

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