“Estamos agradecidos por el voto de confianza que depositan en la JEP”. Esas fueron las palabras de la magistrada Nadiezhda Henríquez, integrante de la Sala de Reconocimiento de esa jurisdicción, tras recibir este lunes 10 de diciembre el informe Iban por las tierras, que elaboraron la Corporación Jurídica Libertad, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación (IPC).

La manera como la incursión y expansión del paramilitarismo sirvió de antesala al despojo y concentración de tierras a manos de reconocidos empresarios de los sectores ganadero, bananero y palmicultor, quedó documentada en este documento que da cuenta de la violencia sufrida por los pobladores de Urabá y el Bajo Atrato, zona limítrofe entre los departamentos de Antioquia y Chocó, en el periodo 1995 – 2016.

“Somos la tercera generación de jóvenes afectados por la violencia y los asesinatos a líderes por culpa de algunas empresas que afectan el territorio como son las bananeras y ganaderas. La situación cada vez es más crítica, las amenazas se dan por panfletos, llamadas y grupos en el territorio. Estamos buscando una salida, esclarecer los casos que están impunes. Hay más de 500 víctimas en el territorio”.

Así se expresó Ramón Bedoya, integrante del Consejo Menor de Pedeguita Mancilla en el Bajo Atrato chocoano, cuyo testimonio fue respaldado por el de Carlos Páez, integrante de la asociación de reclamantes Tierra y Paz, quien agregó que “algunos  empresarios, que tienen el control de la zona de Urabá, están causando afectación a los campesinos con los megaproyectos”.

Pero aunque en Urabá “tenemos todas las instituciones veedoras”, advirtió Páez, “notamos que hay dificultad en la aplicación de justicia, porque los entes correspondientes les niegan los derechos a las víctimas, a los campesinos y, en general, a los pobladores de la región”.

Acerca del contexto de la zona, Danilo Rueda, miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, explicó que en el Eje Bananero y en el Bajo Atrato habitan comunidades negras, indígenas y mestizas, cuya “constante es haber sido desplazadas por operaciones coordinadas por fuerza pública y estructuras paramilitares desde 1995”.

Por eso, con la entrega del informe a la JEP, estas cuatro organizaciones sociales que acompañan a víctimas y reclamantes de tierras, tienen la intención de “abrir a las víctimas, y a la sociedad en general, la posibilidad de que se conozca a los responsables de esta violencia para poder enfrentar la impunidad que se vive hace 22 años”, afirmó Danilo.

El informe fue redactado por las organizaciones con el consentimiento y la participación de las víctimas, y además de los relatos de quienes fueron victimizados en este territorio, contiene dos indicios para que la sala tome una decisión, en relación al llamamiento de personas responsables que participaron en estos crímenes.

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