Aunque la seguridad ha sido el discurso bandera del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, las cifras no lo respaldan.

Durante los 35 meses de gestión del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se ha impuesto una retórica autoritaria acompañada de un populismo punitivo que, paradójicamente, ha incrementado todas las vulneraciones a los derechos humanos de los habitantes de la capital antioqueña. Así lo enfatizaron las organizaciones sociales durante la presentación de los informes sobre la situación de derechos humanos, tanto en la ciudad como en el Departamento, que tuvo lugar este 10 de diciembre en el Museo de Antioquia.

Allí, las organizaciones llamaron la atención por el incremento sostenido que han venido experimentando en Medellín diferentes vulneraciones a los derechos humanos como el homicidio, los feminicidios, la extorsión, el secuestro, las amenazas y el control territorial por parte de grupos armados que constriñen libertades, situaciones que contrastan con el fortalecimiento tecnológico, logístico y presupuestal de la Secretaría de Seguridad de Medellín, precisamente la encargada de combatir todos estos flagelos.

“Nuestra hipótesis es: el aumento de la inversión y el gasto en seguridad está generando un aumento progresivo de los homicidios, los feminicidios, los delitos de alto impacto, el desplazamiento forzado, entre otros, mientras que persisten altos niveles de pobreza y desigualdad”, manifestó Diego Sierra, director del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC).

El analista anotó que mientras en 2016 la Administración Municipal destinó poco más de 58 mil millones de pesos para la Secretaría de Seguridad, en 2018 se le entregó un total de 258 mil 998 millones, siendo la secretaría con el presupuesto más alto de toda la Alcaldía de Medellín. Ver: Ciudadanos y organizaciones citaron a audiencia pública al alcalde de Medellín

Seguridad, en entredicho

A juicio de las organizaciones sociales, los resultados en materia de seguridad, convivencia y respeto por los derechos humanos no se compadecen con los recursos económicos que maneja la Secretaria de Seguridad. El monitoreo realizado por el Observatorio de Derechos Humanos del IPC muestra que mientras en 2016 se cometieron 544 homicidios y en 2017 un total de 577, en lo que va corrido del año ya se registran 571 asesinatos, “aunque la cifra podría cerrar por encima de los 580 homicidios este año a juzgar por la tendencia que muestra este flagelo. Hoy, Medellín cuenta con una tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de 24,63 mientras que en 2016 era de 21,5”, añadió Sierra.

De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia -SISC- de la Alcaldía de Medellín, entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de noviembre de 2018 se presentaron un total de 1.204 denuncias por extorsión, siendo la comuna 10 (Candelaria) y la comuna 16 (Belén) las más afectadas por este flagelo.

La Candelaria (comuna 10) con 95 homicidios registrados hasta el 31 de octubre; seguido de San Javier (comuna 13) con 72 hechos registrados en el mismo periodo; Robledo (comuna 7) con 45 casos; y el corregimiento Altavista con 39 asesinatos figuran como las zonas de la ciudad donde más se vulnera el derecho a la vida. Lo que advierten las organizaciones defensoras de derechos humanos es que todas estas comunas han sido objeto de fuertes intervenciones policiales en los tres años que lleva Federico Gutiérrez de alcalde, sin que ello represente mejora en las condiciones de seguridad de sus habitantes.

En materia de desplazamiento forzado intraurbano, la actual administración de Federico Gutiérrez también se raja en la evaluación de las organizaciones sociales. Según el Observatorio de Derechos Humanos del IPC, en los últimos tres años se han registrado seis desplazamientos masivos intraurbanos, todos ellos concentrados en cuatro zonas del occidente de la ciudad: San Javier, Belén Zafra, Robledo y el corregimiento Altavista.

La compleja situación que vive la ciudad con relación a este fenómeno también se ve reflejada en las cifras del Equipo de Víctimas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. De acuerdo con esta entidad, entre enero y octubre del presente año un total de 1.054 hogares (unas 3.376 personas) declararon ser víctimas de desplazamiento forzado intraurbano, registro que representa un aumento con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando un total de 929 hogares (3.108 personas) fueron expulsadas forzosamente de sus barrios. Las comunas 16 (Belén) y 13 (San Javier) y los corregimientos Altavista y San Cristóbal figuran como los más afectados por el éxodo forzado.

 

Medellín: ciudad peligro para las mujeres

Otra de las problemáticas que preocupan a las organizaciones defensoras de derechos humanos son las amenazas. Hasta octubre de este año, según la Policía Nacional, se registraron unas 611 amenazas de las cuales, 288 fueron proferidas contra mujeres, en su gran mayoría liderezas.

El homicidio y el desplazamiento forzado no son los únicos fenómenos que registran sensibles aumentos en estos tres años de administración de Federico Gutiérrez. Registros del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín (SISC), señalan que entre el 1 de enero y el 31 de octubre del presente año se denunciaron 27.535 casos de hurtos en Medellín, un 19% más que los reportados en todo 2017 (23.084 casos). El centro de la ciudad, es decir, la comuna 10 (La Candelaria) figura como el barrio más afectado por este flagelo, seguido de Laureles-Estadio, Poblado, La América y Belén.

Pero las preocupaciones más profundas fueron manifestadas por las organizaciones de género de la ciudad. Tanto la Ruta Pacífica de las Mujeres como la Red Feminista y Antimilitarista denunciaron incrementos en las violencias basadas en género. En este último punto, los registros señalan que mientras en 2016 fueron asesinadas 40 mujeres, en 2017 se presentaron 62 asesinatos de mujeres y en lo que va corrido del año la cifra se ubica en 41.

Nuevamente, el centro de la ciudad (comuna 10-La Candelaria) figura como el sitio más peligroso para las mujeres: allí se han cometido ocho feminicidios; seguido de la comuna 13, donde se han registrado cinco casos; y las comunas 8 y 4, donde se han registrado tres casos en cada una de ellas. Aunque las cifras de feminicidios registran una disminución este año con respecto a 2017, para las organizaciones de género lo que más inquieta es el alto nivel de impunidad de estos hechos, donde, afirman, no se ha esclarecido ni el 2% de estos casos.

“Hay aumento de mujeres asesinadas en la ciudad, aumentaron las denuncias de agresiones físicas contra las mujeres, también aumentaron las agresiones sexuales contra las mujeres y más preocupante aún, contra menores de 18 años en territorios como Altavista, como San Javier, como Belén, que son los territorios que más homicidios registran en la ciudad y donde también hay más intervención policial”, declaró Teresa Aristizábal, integrante de la Ruta Pacífica de las Mujeres.

Para la activista, también es inquietante que en estos tres años la Alcaldía de Medellín haya aumentado significativamente el presupuesto de la Secretaría de Seguridad “sin que ello signifique una disminución de la violencia contra las mujeres, por el contrario, aumentaron hechos como la violencia intrafamiliar, la violencia íntima que llamamos nosotras y la violencia pública, pero el presupuesto de la Secretaría de las Mujeres sí se redujo sustancialmente, pues se pasó de un rubro de 11 mil 300 millones en 2016 a 6.700 millones en 2018”.

Arde el Bajo Cauca

Las organizaciones sociales también llamaron la atención por la dramática situación que vive el Bajo Cauca antioqueño. Las cifras al respecto son deficientes. De acuerdo con los seguimientos del Observatorio de Derechos Humanos del IPC, en lo que va corrido de 2018 ya se registran 323 asesinatos en toda la subregión, prácticamente el doble de los ocurridos en 2017 (127 asesinatos) y en 2016 (147), convirtiéndose en la segunda región más violenta de Antioquia después del Valle de Aburrá (711).

Caucasia, con un total de 129 asesinatos; Tarazá, con un registro de 95; y Cáceres con 42 asesinatos, concentran la mayoría de hechos violentos del Bajo Cauca. No obstante, si se mira el impacto de este flagelo con respecto al tamaño de su población, se observa que Tarazá es el municipio con mayor impacto de homicidios al ubicarse en una tasa de 288,33 homicidios por cada cien mil habitantes; seguido de Ituango, Norte del departamento con 227 por cada cien mil habitantes; y Valdivia con 214 por cada cien mil habitantes.

Ituango , en el Norte de Antioquia, es uno de los municipios más afectados por la violencia.

Son también los municipios del Bajo Cauca, particularmente Caucasia, Cáceres y Tarazá, junto con los del Norte del departamento como Ituango y Valdivia, los que concentran el mayor número de desplazamientos forzados, amenazas y ataques a líderes sociales, campesinos y defensores de derechos humanos.

Al respecto, el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), una de las plataformas de derechos humanos más grande del país, señaló en su informe, dado a conocer este 10 de diciembre, que entre 2017 y 2018 se han documentado 155 agresiones contra activistas en el Bajo Cauca antioqueño.

“El tipo de agresión más común contra los líderes son los homicidios, y contra las lideresas las amenazas, en ambos casos seguido del desplazamiento forzado”, consignó el Nodo Antioquia en su informe, donde añadió además que “de esta subregión han tenido que salir en el último año 24 líderes amenazados y se registraron 15 asesinatos. De ellos, nueve eran del sector campesino, la mayor parte vinculados al Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos –PNIS-, otros dos pertenecían al sector minero, dos pertenecían al sector comunitario –presidentes de acciones comunales y veedores de las mismas- otro era un líder indígena y otro un activista de la población LGTBI.

Al final, las organizaciones sociales hicieron un llamado a los gobiernos de Medellín y Antioquia para que cesen los señalamientos y estigmatizaciones contra los defensores de derechos humanos, se activen mecanismos efectivos que garanticen su labor y se avance en la implementación del Acuerdo de Paz.

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