La pobreza y desigualdad social persisten como causas del conflicto armado en el país. Ante esto la economía solidaria, desde la perspectiva del cooperativismo, se presenta como una alternativa en tiempo de posacuerdo. Apropiada por campesinos, indígenas y demás habitantes rurales, posibilita procesos de construcción de paz territorial orientados a reconstruir el tejido social y generar bienestar comunitario.

En ese sentido Jarrinson Martínez, integrante de la Mesa Nacional de la Economía Social y Solidaria, planteó que “la construcción de paz pasa por la generación también de condiciones de mayor justicia social. Por eso ahora, en la implementación del Acuerdo entre el Gobierno y las FARC, aflora nuevamente la búsqueda de alternativas de asociatividad y cooperativismo para el bienestar de las comunidades”.

Precisamente por ello, la economía solidaria aparece referida en el punto de Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz. En el numeral 1.3.3 quedó pactado que se implementarán “estímulos a la producción agropecuaria y la economía solidaria y cooperativa” para fortalecer, entre otros, las capacidades productivas y el acceso a los medios producción de los pequeños y medianos productores rurales.

También aparece referida en el punto de Fin del Conflicto. En el numeral 3.2.2.1, sobre reincorporación económica y social de los excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC, se pactó que “constituirán una organización de economía social y solidaria, denominada Economías Sociales del Común (Ecomún)” con los recursos que recibirán para el emprendimiento de proyectos productivos sostenibles.

Ambos puntos tendrán que potenciar las experiencias de campesinos e indígenas de distintas regiones, que llevan décadas trabajando en proyectos agrícolas a través de prácticas solidarias, cooperativas y comunitarias. Algo similar deberá ocurrir con los excombatientes, quienes han emprendido proyectos agropecuarios en los espacios de reincorporación, a pesar de los retrasos en la implementación de lo acordado.

 

Experiencia campesina e indígena

Hace aproximadamente 20 años se constituyó la Asociación Campesina de Inzá-Tierradentro (ACIT), en el municipio de Inzá, departamento del Cauca. Uno de sus principales propósitos ha sido la puesta en marcha de alternativas económicas que generen tejido social y viabilicen el empoderamiento de los campesinos en favor del mejoramiento de su calidad de vida.

Según Samara Trujillo, integrante de la ACIT, desde la línea de trabajo sobre propuestas productivas y de economía solidaria, han desarrollado procesos en torno a la venta de productos de la labranza campesina, como los elaborados en trapiches paneleros y panaderías; así mismo, se han implementado tiendas comunitarias, grupos de ahorro y crédito local y una precooperativa de ahorro y crédito.

Sin embargo, comentó que tienen retos por superar para expandir sus procesos de economía solidaria; entre ellos, generar más confianza en una parte de los campesinos que ven riesgos en esta alternativa económica. Aun así, “poco a poco se han ido tejiendo dinámicas, porque la experiencia positiva de unos va atrayendo a otras comunidades para unirse y emprender proyectos”.

Como dificultad, señaló la cantidad de requisitos que plantea la normatividad estatal para la legalización y el funcionamiento de las cooperativas. Por ello, decidieron no someterse a “tanta vigilancia e impuestos” que les traería legalizar la precooperativa de ahorro y crédito; prefieren correr el riesgo de no recuperar los préstamos. “No sea que nuestro poco ingreso económico vaya a parar a las arcas del Estado”, dijo.

En ese mismo departamento, pero en el municipio de Caldono, se halla el resguardo indígena de Pueblo Nuevo. Allá, los comuneros del pueblo Nasa han desarrollado una forma de economía comunitaria, que se basa en prácticas como la mano prestada y la minga familiar y colectiva. De ese modo, producen alimentos que les permiten mantener su dieta tradicional y ser respetuosos con el medio ambiente.

El comunero Edinson Camayo, habitante de ese territorio ancestral, contó que también emplean otras estrategias solidarias heredadas de sus mayores, como el relacionamiento a partir del préstamo, el intercambio, la donación y el fiado de semillas y productos agrícolas. Esto les permite sostener su circuito de economía local y vivir con dignidad.

No obstante, lamentó que en su resguardo se estén presentando dificultades relacionadas con hechos como que las nuevas generaciones participan cada vez menos en la economía comunitaria. Esto, explicó, se debe a que los jóvenes se están acostumbrando a jornalear en fincas, donde reciben un salario de acuerdo con las horas trabajadas; pero esa remuneración no la reciben en las mingas, por ejemplo.

 

Iniciativas de excombatientes de FARC

A través del Decreto 899/2016 se creó Ecomún, como una organización especial de economía solidaria que deberá gestionar el proceso de reincorporación social y económica de los excombatientes. Entre sus objetivos están la integración de cooperativas de distintos niveles territoriales, así como el fortalecimiento de aquellas a través de la incidencia en políticas públicas y la creación de alianzas.

Pero el Decreto no ha sido garantía suficiente para Ecomún. “La regulación no nos permite ungir como asociación de cooperativas, pese a que el Acuerdo decía que sí. Entonces, nos ha tocado conformar una cooperativa común y corriente, que en la práctica no funciona como cooperativa para agrupar asociados jurídicos”, expresó Ubaldo Zúñiga, presidente del consejo administrativo de Ecomún.

Aseguró también que “por parte del establecimiento, del Gobierno, no ha habido voluntad política para apoyar la legalización de algunas cooperativas que son la base de Ecomún”. De las 110 cooperativas que están creando los excombatientes en los espacios de reincorporación, 95 estaban en proceso de formalización hasta mediados de noviembre pasado; y solo 47 habían obtenido una cuenta bancaria.

Además aseguró que todavía no habían empezado a recibir los recueros para los proyectos productivos. “En las zonas donde están concentrado los exguerrilleros de FARC no hay ningún proyecto que esté caminando con financiamiento del Estado. Lo que se ha desarrollado en diferentes escenarios de reincorporación son procesos de producción gestionados y financiados por ellos mismos y sus familias”.

En efecto, a pesar del retraso en la entrega de los recursos económicos, los excombatientes tienen 259 iniciativas y proyectos productivos identificados en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, y en zonas aledañas. De los once departamentos donde están trabajando en actividades agropecuarias y otros emprendimientos, Antioquia es el que más tiene: 101 iniciativas.

Hasta ahora, producir les ha representado retos que, para Zúñiga, van más allá de la financiación de las iniciativas. Actualmente, requieren “capacitación en economía solidaria como propuesta alternativa al modelo económico neoliberal, acompañamiento en la implementación de los proyectos, acceso a rutas de comercialización y apoyo en la creación de estrategias de valor agregado”.

Mientras esas necesidades no se resuelvan, su visión de la economía solidaria no podrá implementarse. Es decir que no habrá condiciones para aplicar prácticas económicas sostenibles y que generen condiciones de vida dignas para los excombatientes y las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, aportando así a la disminución de la brecha histórica que ha existido en lo urbano y lo rural.

 

Retos para una agenda común

La Red de Economía Solidaria (Redesol) en Antioquia, convocó en noviembre al XIII Seminario Otra economía es posible: retos de la economía social y solidaria con justicia social. Durante este, Jarrison Martínez sostuvo que las experiencias de campesinos, indígenas y excombatientes “son evidencia de que es posible hallar actos económicos organizados en comunidades, bajo principios de solidaridad y cooperativismo”.

“Lo que estamos viendo es el resurgimiento de prácticas y alternativas que traen de fondo una preocupación por lo ambiental ligado al tema económico. Entonces aparece una reflexión profunda sobre cuestiones como, por ejemplo, los modelos de producción y de consumo que predominan bajo la lógica de un sistema que profundiza las exclusiones y desigualdades”, comentó.

Seguidamente advirtió que ese resurgimiento conduce a que las organizaciones de economía solidaria tengan que enfrentar los retos de un entorno cultural, político y económico adverso a propuestas alternativas. Esto implica, en sus palabras, que pequeños y medianos productores resistan ante un modelo de desarrollo hegemónico, experto en formular normas y políticas públicas para impedirles que se desarrollen.

Nelly Osorno, integrante de Redesol en Antioquia, también cuestionó el modo en que las políticas públicas están instrumentalizando la economía solidaria, pues la conciben “como una estrategia para la generación de ingresos y empleos de choque, desprovista de acciones propias y desconociendo su papel transformador en el desarrollo social, económico y político de los territorios”.

Ante este escenario, que coinciden con el del posacuerdo, propuso la creación de una agenda común de movilización e incidencia para el movimiento de economía solidaria en el país. Entre los ejes de acción que aquella debería incluir, enumeró elementos como la economía campesina, la agricultura familiar, el comercio justo, el consumo responsable, la producción limpia, el medio ambiente y las finanzas éticas.

A través de ese conjunto de campos en discusión, considera que se podrían abordar y superar problemáticas que impiden la construcción de paz en los territorios, como la presencia de actores armados y megaproyectos minero-energéticos que, a través de su actuar, expropian la tierra, subvaloran el trabajo del campesino y se oponen a propuestas alternativas al actual modelo de desarrollo.

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