Contexto de violaciones de Derechos Humanos contra defensores y defensoras de DDHH, líderes y lideresas sociales y de organizaciones urbanas y rurales en el Bajo Cauca Antioqueño

Durante el año 2018 se ha presentado un incremento considerable en diferentes expresiones de violencia en los municipios del Bajo Cauca. Después de un periodo de relativa calma en esta subregión antioqueña, que más o menos comprendió entre los años 2012 y 2017, aunque no dejaron de presentarse conflictos locales entre estructuras armadas durante este lustro, este periodo fue el que presentó las estadísticas menores de hechos victimizantes en los últimos 30 años en el Bajo Cauca.

Durante este periodo se presentó un escenario de pactación entre actores armados, en donde el equilibrio del mercado del narcotráfico determinaba las cuotas de concesión y de control territorial. A partir de 2011, Los Rastrojos se retiraron del territorio antioqueño, los grupos que apoyaban en el Bajo Cauca como Paisas y Caparrapos, comenzaron a hacer parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y de esta forma se consolidó la cadena del narcotráfico en la región: en territorios de cultivo de hoja de coca las FARC, y en menor medida el ELN, ejercían control, todos los cristalizaderos para la exportación del clorhidrato de cocaína eran propiedad de las AGC, las estructuras de la Oficina de Envigado controlaban las rutas hacía Centro América, y allí, el cartel de Sinaloa compraba todo el producto.

Pero con la retirada de las FARC como agente de control territorial en las zonas de cultivo, llegó el apetito de grupos armados ilegales de tener una mejor participación en la cadena del negocio de la droga y a partir de allí se empezó a configurar un escenario de disputa armada, que durante el 2018 ha generado varias crisis humanitarias por afectaciones a los derechos humanos de la población civil.

Durante el 2018, los municipios del Bajo Cauca y algunos vecinos de las subregiones Norte y Nordeste de Antioquia, han sufrido diversos hechos victimizantes por el propósito de grupos armados ilegales de copar territorio dejado por las FARC, esto en el escenario rural, porque en el escenario urbano también se observan consecuencias de este conflicto, principalmente en la disputa de rentas ilegales y la expresión de una violencia más selectiva.

A continuación, se presentan datos cualitativos y cuantitativos de varios hechos victimizantes que se han incrementado considerablemente durante el presente año en el Bajo Cauca.

• Homicidios

Como se puede observar en el cuadro que se presenta adelante, el homicidio en el Bajo Cauca ha tenido un incremento dramático durante el año 2018 en relación al año inmediatamente anterior. Durante el primer trimestre del año la mayoría de eventos se perpetraban en contexto rural, pero a partir de mes de abril la mayoría de los homicidios son de carácter selectivo y en medio urbano.

Fuente: Policía Nacional, fecha de corte 1 de enero a 31 de diciembre de 2018 y 2017.

El homicidio ha impactado a todo tipo de personas en el Bajo Cauca, adultos mayores, mujeres, población LGBT, moto taxistas, mineros, indígenas, afrodescendientes, pero en particular jóvenes menores de 28 años. Dentro de las poblaciones de especial protección los y las defensoras de DDHH, en particular los que lideran el derecho a la participación social y comunitaria han sido unas víctimas muy visibles en los homicidios cometidos en el Bajo Cauca.

• Homicidios de defensores, defensoras y líderes sociales

Durante el año 2018, se presentaron en la región del Bajo Cauca diferentes tipos de agresiones contra las y los defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales y contra la población, por ejemplo, vienen en aumento las amenazas de muerte e intimidaciones a través de panfletos y correos electrónicos contra las y los defensores, las organizaciones y los territorios. A la fecha se han presentado homicidios, confinamiento, desplazamientos masivos e individuales, detenciones arbitrarias, violencia sexual, feminicidios, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores, etc.

Con relación a los liderazgos de las mujeres defensoras el sólo hecho de participar y de pertenecer a las organizaciones sociales, así como las labores de promoción social, liderazgo político o defensa de los derechos humanos, constituyen factores de riesgo para la vida, integridad personal y seguridad de las mujeres riesgo que en casi todos los casos se concreta por medio de agresiones, panfletos, asesinatos en contra de ellas y sus familias.

Según datos de la Defensoría del Pueblo al menos 25 defensoras, defensores y líderes fueron asesinados en el departamento de Antioquia, el Proceso Social de Garantías tiene un dato de 30 homicidios. Al menos 12 de estos asesinatos han sido perpetrados contra dirigente y/o activistas en el Bajo Cauca.

La mayoría de homicidios que se registran de esta población en la subregión, se han presentado sobre líderes de juntas de acción comunal, en veredas que le han apostado al Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos. Estos líderes que se han comprometido con la implementación del punto cuatro de los Acuerdos de Paz, han quedado atrapados entre el incumplimiento en los cronogramas de pago por parte del Gobierno Nacional y entre la presión de los actores armados para que entreguen las listas de beneficiarios para cobrarles una extorsión entre el 10 y el 20% del subsidio consignado.

• Homicidios otras personas de especial protección

La población LGBT en contexto urbano, ha sido víctima en esta última oleada de violencia en el Bajo Cauca. Se registra el homicidio de al menos 5 personas durante el 2018, 3 en Caucasia, uno en Cáceres y uno en Tarazá. Aunque no hay elementos suficientes para establecer que estos asesinatos obedecen a crímenes de odio, sí se puede establecer que estos homicidios generaron gran impacto y temor en esta población, en los respectivos municipios.

Aunque no se dispone de información actualizada para el presente informe, cualitativamente se puede afirmar que los homicidios perpetrados contra mujeres en el Bajo Cauca han aumentado. La mayoría de mujeres han sido asesinadas con arma de fuego, y son diversas las edades y los oficios que realizaban estás víctimas de asesinato. Varias mujeres han sido asesinadas por ser señaladas de tener relaciones afectivas con integrantes de grupos armados.

En lo corrido de 2018 se registra el asesinato de un indígena mayor de la etnia senú en Caucasia y ningún afrodescendiente integrante un consejo comunitario.

3. Desplazamiento forzado

El desplazamiento forzado colectivo es una de las vulneraciones a los DDHH y DIH que más se ha escalado en el Bajo Cauca. Desde enero del año 2016, con el desplazamiento de cerca de 570 personas de veredas del corregimiento de Puerto Claver, ubicado en El Bagre, no se presentaban eventos masivos, pero para este año se ha presentado un incremento exponencial, durante el año 2018, según datos de la UARIV, se han registrado 14 desplazamientos forzados colectivos, distribuidos de la siguiente manera: 6 en Tarazá, 4 en Cáceres, 2 en Caucasia y 2 en Zaragoza. Cerca de 4.000 personas han sido afectadas por este delito de lesa humanidad.

La mayoría de eventos colectivos de desplazamiento forzado se han presentado en territorio rural, aunque no exclusivamente, ya que barrios de Tarazá y Cáceres también han sido afectados. Pero en el contexto urbano, el desplazamiento forzado que más se registra es de tipo individual, aunque no es una problemática de la que esté exenta la zona rural.

Es tal la problemática de los desplazamientos individuales en el Bajo Cauca, que la sumatoria de personas por este concepto es mayor que el total de víctimas que han provocado los 14 eventos masivos. Más del 80% de las familias que son expulsadas de forma individual en el Bajo Cauca arriban a la ciudad de Medellín. Al 31 de octubre el Equipo de Víctimas de la Alcaldía de Medellín tiene un registro de 1.850 familias atendidas por desplazamiento procedentes de los 6 municipios del Bajo Cauca, el equivalente a cerca de 5600 personas procedentes de esta subregión, del total de casi 13000 personas atendidas por esta dependencia de la Alcaldía de Medellín. De los 6 municipios, el que tiene una mayor participación es el de Tarazá con el 62%, aportando 1125 hogares y 3450 personas a esta estadística.

Fuente: Equipo de Víctimas Alcaldía de Medellín, fecha del 1 de enero al 23 de diciembre de 2018.

4. Minas antipersonales y munición sin explotar

El Bajo Cauca es una de las subregiones más contaminada por artefactos explosivos enterrados o dejados sin explotar, los municipios de Tarazá, Cáceres y Zaragoza son los más afectados por la presencia de este tipo de elementos. De hecho, según la base de datos del Programa de Acción Integral contra Minas antipersonales del Gobierno Nacional, Tarazá con un total de 245 víctimas, es el quinto municipio en el país que reporta más incidentes y víctimas por esta práctica contraria al DIH y al DIDDHH. Recientemente se han presentado accidentes, como el del líder comunal de Tarazá que fue víctima en el mes de agosto y en el mes de octubre un joven jornalero también fue víctima en la comunidad de Jala – Jala en Zaragoza. Se sospecha que, en varios territorios de estos municipios, en especial en donde hay cultivos ilícitos, hay nueva siembra de minas.

5. Desaparición forzada y reclutamiento – utilización de NNA

Hay dos graves vulneraciones a los DDHH que se presentan activamente en el territorio de Bajo Cauca, pero de los que no se tienen datos cuantitativos que permitan dimensionar la magnitud del problema, se trata de la desaparición forzada de personas y el reclutamiento, uso y/o utilización de niños, niñas y adolescentes (NNA). Las actividades desarrolladas por el proyecto dan cuenta de la ocurrencia permanente de estas violaciones, aunque no haya un registro oficial.

En el caso de la desaparición forzada, está no es denunciada. Son pocos los mecanismos de búsqueda urgente o las denuncias por desaparición forzada interpuestas ante las autoridades, en unos casos por ignorancia o en otros por desconfianza en las instituciones. Las familias emprenden desde sus propios esfuerzos la búsqueda de sus familiares, que en muchos casos es terminada por amenazas de continuar con las indagaciones y confirmando la triste suerte de que ya el ser querido se encuentra sin vida. Los ríos son utilizados para arrojar los cuerpos sin vida, los ríos Cauca y Nechí, por su caudal, son propicios para desaparecer las evidencias. En varios casos, los líderes sociales han sido sustraídos de sus residencias y luego localizados sus restos.

Son muchos los jóvenes que se observan en los centros poblados del Bajo Cauca, que son utilizados como vigilantes, expendedores de droga o en trabajo de mensajería, conocidos popularmente como “carritos”. Desde antes de cumplir los 18 años, ya son varios los jóvenes que tienen en su historial varios homicidios. A eso se suma que la pobre educación en la subregión y la baja oferta de educación superior, hacen que el pertenecer a estructuras armadas ilegales sea una alternativa de vida.