Bello es uno de los actuales epicentros de la confrontación entre estructuras criminales. “Pachely”, “los Chatas” y “Los Bellanitas”, entre otras organizaciones armadas, controlan las rentas ilegales en distintos sectores del municipio. Presuntamente por su accionar, 29 personas han sido asesinadas este año; mientras que otras han sido extorsionadas, desplazadas, reclutadas, etcétera.
Esto ha propiciado un escenario de ingobernabilidad que se profundiza por la reducida legitimidad de la administración municipal, liderada desde hace dos décadas por el clan familiar Suárez Mira. Algunos de sus integrantes, incluyendo al actual alcalde, han sido investigados e inclusive condenados por delitos como corrupción y vínculos con paramilitares y combos delincuenciales.
La realidad de este municipio es un reflejo de lo que está ocurriendo en otros de la subregión del Valle de Aburrá. En Medellín, por ejemplo, los homicidios aumentaron en 14% durante el primer trimestre de este año, cuando se registraron 159 muertes violentas, 20 más que el año anterior. Según la Secretaría de Seguridad y Convivencia, ese incremento se debe a las confrontaciones entre grupos armados.
A eso se le suma que esta subregión ocupó el primer lugar en agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos durante 2018. El informe anual del Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (Cceeu) precisó que recibieron denuncias de 99 agresiones, equivalentes al 33% de las registradas en el departamento, principalmente en municipios como Barbosa y Medellín.
Al menos eso confirma que la criminalidad está “desbordada”. Y así lo reconocieron delegados de Policía, Ejército y Ministerio Público el 29 de marzo en la Audiencia pública “paz urbana”, convocada por la Comisión de Paz de la Cámara y el Senado, del Congreso de la República. Su objetivo era generar aportes para solucionar problemas de seguridad y convivencia en los municipios del área metropolitana.
Propuesta, ahora queda en manos del Congreso
Voceros de organizaciones sociales, instituciones y expertos insistieron en la necesidad de revisar la ley de sometimiento de estructuras criminales. Esta última se deriva del punto 3.4 del Acuerdo de Paz, que busca la terminación del conflicto pero con “garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales”, incluyendo las “sucesoras del paramilitarismo”.
Puntualmente en el apartado 3.4.3, el Acuerdo crea una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que “diseñará políticas para el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo (…), definiendo tratamientos específicos para los integrantes de dichas organizaciones y redes, incentivando y promoviendo un rápido y definitivo desmantelamiento de las anteriores”.
Para concretar dicha disposición, el Congreso aprobó la Ley 1908 de julio de 2018, cuyo propósito es fortalecer la investigación y judicialización de organizaciones criminales, tanto delictivas como armadas. Sin embargo, casi ocho meses después de emitida, aún no ha tenido ninguna aplicación que conduzca a la reducción de actores armados que se enfrentan en los barrios, las comunas y los corregimientos.
Así lo indicó Tatiana Gutiérrez, gerente de Paz y Posconflicto de la Gobernación de Antioquia, quien considera que la ausencia de sometimientos individuales y colectivos “es muestra de una falencia que debemos subsanar a través del Congreso de la República, ya que se debe tener una estrategia integral de seguridad que contemple, incluso, el acogimiento a la justicia”.
Para Luis Guillermo Pardo, presidente del Centro de Consultoría de Conflicto (C3), la inoperatividad de la ley se debe a que las partes negociadoras en el Proceso de Paz dejaron acordadas unas directrices “como para salir del paso”; de ahí que califique la ley como “absolutamente ineficaz, irrespetuosa y poco pragmática para este contexto, pues no fue diseñada para el conflicto urbano”.
Para él, dicha ley no evidencia una comprensión del conflicto urbano, por lo cual recomendó que a la norma se le incluya un capítulo dedicado a este fenómeno, considerando entre sus posibles soluciones “una estrategia de alternatividad penal y penitenciaria” que lleve a los integrantes de los combos a comprometerse con acciones que aporten en la búsqueda de la paz y la convivencia.
Inclusive, el líder político Juan David Casas recordó que en Bello “algunos jefes de esos grupos armados han manifestado voluntad de someterse a la justicia, pero construyendo un piso jurídico que realmente les permita avanzar en ese proceso”. En relación con ello Cristian Camilo Bedoya, integrante de la organización Contemos Pueblo, propuso que ese municipio sea “piloto” en la implementación de la ley.
Conflicto, retroalimentado por el modelo de seguridad
Desde la perspectiva de Pardo, pensar en paz urbana implica suponer previamente que existe un conflicto urbano. Pero este tipo de conflicto “no tiene el reconocimiento conceptual”, y eso “es un tema estructural y de fondo”. De hecho, recordó que hay ciudades, como Bogotá, donde no aceptan que aquel existe y que les genera afectaciones en términos de seguridad.
Más allá de ello, Rubén Fernández, subdirector del Centro de Fe y Culturas, argumentó que no se puede partir de que se conoce el fenómeno a través de los estudios sobre violencia urbana juvenil de las décadas 80 y 90, porque este ha cambiado. Agregó, en esa misma línea, que el Estado debe actualizar los instrumentos de análisis y las políticas de intervención del tipo de criminalidad que hoy padecen los ciudadanos.
En consecuencia, los gobiernos locales de los municipios del Valle de Aburrá deberían redefinir sus modelos de seguridad, que generalmente tienden a la criminalización del otro. Ambos coinciden en que quienes más padecen las consecuencias suelen ser los jóvenes, que se están asesinando entre sí por defender a estructuras criminales que los conciben como “ejército de reserva” y los instrumentalizan con fines delictivos.
Solo para dimensionar la magnitud del problema, Juan David Casas expresó que hay cerca de 2.000 jóvenes vinculados a bandas armadas en Bello. En relación con ello, Luis Guillermo Pardo recordó que el conflicto urbano en Medellín produjo 107.881 muertos –la mayoría, menor de 26 años– entre 1985 y 2018, periodo durante el cual las organizaciones criminales se “reciclaron”.
Transformar esas condiciones para los jóvenes, quienes son protagonistas de la criminalidad: rol de víctimas o victimarios, pasa por darles un giro a los modelos de seguridad para dotarlos de un enfoque “que se piense la seguridad de los derechos humanos antes que el derecho a la seguridad”, expresó Andrés Soto, investigador del Instituto Popular de Capacitación (IPC).
Y enfatizó que ese paso es necesario para la construcción de políticas que generen las condiciones para que haya una “generación incluida”. Es decir, “que las generaciones futuras que nazcan en el área metropolitana, cuenten con las garantías de derechos humanos para que no se vean sometidas por la lógica de las estructuras criminales ni de un modelo de seguridad que ha condenado a un montón de jóvenes”.
Visto desde una perspectiva más amplia, políticas así resultarían indispensables para la construcción de una paz urbana que vaya más allá de la pacificación de los barrios a través del “silenciamiento de los fusiles”, y llegue a un punto en el que los ciudadanos puedan tener justicia e igualdad social, así como garantías para el goce integral de los derechos humanos que hasta ahora les han sido vulnerados.
Articulación, necesaria para construir soluciones
Para contribuir a la resolución de la problemática de seguridad en el Valle de Aburrá, los delegados de instituciones como el Área Metropolitana y la Gobernación de Antioquia señalaron la necesidad de implementar estrategias de articulación entre sus programas y líneas de acción, y con los procesos liderados por las organizaciones sociales que están presentes en los territorios donde se materializa la violencia.
Sin embargo, las intervenciones de algunos líderes comunitarios y de acción comunal evidenciaron discrepancias con respecto a los modos de articulación. Por ejemplo, cuestionaron propuestas como la elevada desde Fiscalía para que la sociedad civil coopere con la justicia. Hacerlo, comentaron, les aumentaría el nivel de riesgo que tienen por la presencia permanente de actores armados en sus territorios.
Como contrapropuesta, Dorian Agudelo, integrante de la Corporación Casa Mía, planteó la necesidad de una articulación que se traduzca en la participación de las organizaciones sociales y las comunidades en la toma de decisiones y la ejecución de los presupuestos que se destinan para inversión en seguridad y que hasta ahora no han impedido que delitos como los homicidios sigan aumentando
En su concepto, hay otras alternativas de inversión para prevenir que los jóvenes no se involucren con estructuras criminales o atenderlos si ya se han desvinculado. Entre aquellas, destacó acciones que fortalecerían el papel de la educación, la cultura y la recreación en la construcción de paz y el tejido social. Otros líderes ya habían propuesto, también, oportunidades de empleo para la obtención de ingresos económicos.
Pero la implementación de todas las propuestas que los delgados presentaron durante la Audiencia depende de la voluntad política de los gobernantes. Por alguna razón, ninguno de los alcaldes o sus secretarios –ni siquiera de Bello– asistieron para referirse a las problemáticas de seguridad y convivencia en sus municipios. Y eso, al menos para la comisión de parlamentarios de Cámara y Senado, ya es síntoma de algo.
