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Así avanza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Antioquia

Max Yuri Gil Ramírez, coordinador regional de la Comisión, explica qué acciones está desarrollando su equipo de trabajo en las subregiones del departamento.

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La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad es un mecanismo extrajudicial derivado del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Su mandato incluye acciones para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido con ocasión del conflicto armado, al reconocimiento de las víctimas y a la convivencia en los territorios.

A pesar del recorte en asignación presupuestal (40%) y la oposición de distintos sectores de la sociedad, aquella ha desplegado sus equipos de trabajo por distintas regiones del país. Para el caso de Antioquia, se hallan en la fase de construcción del estado del arte del conflicto en las distintas subregiones. También, han empezado a operar dos Casas de la Verdad, una en Medellín (Valle de Aburrá) y otra en Apartadó (Urabá).

Para conocer más detalles acerca de cómo avanza este mecanismo en el cumplimiento de su mandato, cómo se ha ido instalando social y políticamente, y cuáles son los retos y obstáculos que afronta en el desarrollo de su labor, consultamos a Max Yuri Gil Ramírez, coordinador de la Macro-región Antioquia y Eje Cafetero de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

En Antioquia hay dos Casas de la Verdad. ¿Qué tienen que ver sus ubicaciones con el conflicto armado?

Como parte de su componente territorial, la Comisión tiene dos Casas de la Verdad en Antioquia: una en Apartadó, por la importancia que ha tenido Urabá. Esa también brinda acceso para algunas poblaciones de la subregión del Occidente, como Cañas Gordas y Dabeiba. La otra está en Medellín, por su sentido estratégico en el Valle de Aburrá y su relación con las demás subregiones del departamento.

Entonces hay una ubicación geográfica, pero también tiene que ver con las dinámicas de violencia en Antioquia. Este es el departamento del país con el mayor número de víctimas (17% según la Uariv), y donde buena parte de las dinámicas de confrontación armada han tenido su escenario y su protagonismo.

Hubiéramos querido tener recursos para hacer apertura de más Casas de la Verdad en otras subregiones, pero la capacidad no nos da para tener todo el despliegue territorial que habíamos imaginado. Aun así, seguimos pensando que es importante la centralidad de las víctimas y que la sociedad en general acceda a tipo de orientación como el que se brinda en las Casas.

Se había planteado que la Comisión no va a esclarecer casos individuales sino casos representativos de patrones de violencia. ¿Cómo se va a realizar esa labor en Antioquia?

Estamos construyendo la metodología. Por mandato, no podemos establecer casos individuales, pero tampoco queremos trabajar con casos colectivos emblemáticos, porque ya lo han hecho así las investigaciones sobre derechos humanos y los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Debemos ensayar otras formas de interpretación, que hemos venido construyendo alrededor de patrones, de conductas sistemáticas y generalizables, donde se puede identificar una intencionalidad. Y, en esa medida, creo que vamos a estar más alrededor de los patrones de violencia, de los patrones de victimización, de los patrones de control, que pueden ser explicativos de lo que nos ha pasado.

Ahora, estamos en una fase de revisión del estado del arte, a partir de lo que se ha estudiado. Por ahí en dos meses, vamos a tener un primer balance de hipótesis para reajustar y verificar.

Hasta ahora, hay dos temas que surgen con mucha recurrencia: el problema de la tierra, muy fuerte en la subregión de Urabá, y el problema de la competencia política por la dinámica local y la reconstrucción, mantenimiento o transformación de los órdenes políticos locales, que se ha visto en subregiones como el Magdalena Medio o el Bajo Cauca.

¿Han tenido algún acercamiento con la institucionalidad local y regional?

Nos interesa establecer relaciones políticas con la institucionalidad, pero no tenemos ninguna aspiración de unir nuestro trabajo con el que les corresponde. Eso no le conviene al funcionamiento de la Comisión ni del Sistema Integral.

Con la Alcaldía de Medellín hemos tenido una relación muy fluida, especialmente en los últimos meses, a través del Museo Casa de la Memoria. Su nueva directora, la doctora Cathalina Sánchez, tiene toda la apertura y disposición para concertar cosas. Y tuvimos un encuentro con Tatiana Gutiérrez, gerente de Paz y Posconflicto de la Gobernación de Antioquia. Ella nos manifestó toda su disposición para establecer acuerdos y conversar sobre posibles acciones conjuntas.

Para nosotros, tener ese diálogo con diferentes sectores institucionales nos parece bien, porque en algunos casos también podremos conversar sobre las hipótesis y lo que vaya saliendo. Y porque tenemos un acervo de testimonios desde las víctimas, pero nos faltan de otros sectores de la sociedad, como la institucionalidad, el económico y los mismos responsables de lo que ha pasado: paramilitares, integrantes de la fuerza pública, guerrilleros, etcétera.

¿Cómo ha sido la relación con los empresarios, particularmente con los que integran el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA)?

Hay una estrategia de relacionamiento con sectores productivos que se está impulsando a nivel nacional. Aquí, en lo local, hemos tenido algunas conversaciones con representantes del GEA, un poco para explicarles el trabajo de la Comisión y aclararles dudas.

Y hay otros sectores del empresariado con mucha disponibilidad para acordar cosas. Por ejemplo, con Comfama hemos tenido una muy buena relación; tienen disposición para coordinar y concertar algunas cosas en el territorio. Con la Fundación Social de Unibán tenemos una reunión pendiente en Urabá…

La idea es que nosotros dialoguemos prácticamente con todos los sectores del país

¿Con cuáles otros sectores se ha relacionado el equipo de la Comisión que se halla en Antioquia?

Nos hemos reunido con las iglesias católica (a través de pastorales sociales), protestante y menonita. También con procesos como Diálogo Intereclesial por la Paz de Colombia (DiPaz), que tiene trabajo ecuménico, y el Centro de Fe y Culturas, que es una propuesta de los Jesuitas desde una perspectiva ecuménica.

Aunque no hay una relación directa, porque el centro de la relación es Bogotá, hay acercamientos con el Ministerio de Defensa, la cúpula de las Fuerzas Armadas y con asociaciones de oficiales en retiro. Y aquí en Antioquia no ha habido ninguna negativa.

Hace un tiempo tuvimos una reunión interesante con la comandancia del Batallón Pedro Nel Ospina, donde está ubicado un establecimiento penitenciario para personas sometidas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); allá conversamos e hicimos una actividad pedagógica.

Y en la relación con partidos y movimientos políticos, hemos venido teniendo algunas reuniones con la bancada parlamentaria en clave de explicación y pedagogía sobre lo que hacemos.

¿Cuáles son los retos que tiene el equipo de la Comisión en los territorios de Antioquia?

Para desarrollar nuestro trabajo, tenemos tres retos muy grandes desde ámbitos como el esclarecimiento de la verdad, la pedagogía y la participación de la sociedad:

El primero es contribuir a que el país entienda cómo lo que ha pasado en Antioquia, eso a lo que Jesús María Valle se refería como “el meridiano de la guerra colombiana ha pasado por Antioquia”, ha impactado al resto del país. Porque en muchos lugares se asocia que la guerra del departamento y del país vino desde Antioquia.

En segundo lugar, creo que la Comisión tiene un reto grande de legitimidad con muchos sectores; es decir, que muchos de ellos conozcan qué hacemos, cuál es nuestra función, cuál es nuestro mandato.

Y como tercer elemento, creo que de alguna manera tenemos un reto grande de cara al futuro: recomendar qué cosas son las que tendríamos que cambiar en el país y en el departamento para que esta guerra termine definitivamente y no se repita.

¿Cuáles son los obstáculos que tiene el equipo de la Comisión en los territorios de Antioquia?

Creo que también son tres:

El primero es que nos imaginábamos un país y una región de Antioquia más tranquilos. Hoy tenemos graves problemas de violencia en las subregiones del Bajo Cauca, el Norte, Urabá (en límites con el Chocó). Y eso afecta las posibilidades de trabajar en el esclarecimiento de la verdad.

En segundo lugar, hay algunas dificultades con el Gobierno Nacional. El hecho de que todavía pretenda impulsar reformas en relación con el Sistema Integral, nos afecta. Lo que necesitamos es respaldo para avanzar.

Y tercero, creo que el tema financiero también se convierte en un obstáculo, porque la Comisión ha sufrido un recorte del 40% de los recursos, y nos toca adecuarnos a esa nueva realidad. Ya era muy difícil el trabajo que teníamos que hacer como para que, adicionalmente, tuviéramos que encararlo con cerca de la mitad del presupuesto.

La Cámara de Representantes rechazó las objeciones a la JEP. ¿Cómo incide esa decisión en el trabajo que debe desarrollar la Comisión?

Yo creo que hay un asunto: somos parte del Sistema Integral y, por eso, nos hemos solidarizado con la JEP. Entonces, cualquier acción que pretenda menoscabarla termina afectando también a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y a la Comisión.

Ahora la decisión de la Cámara plantea dos escenarios: el primero es que el Gobierno asuma que no hay condiciones para proceder a reformar lo que quiere, y opte por dejar que la JEP funcione.  Y el otro es que la Presidencia persista en otra forma de impedir el pleno funcionamiento de este mecanismo. Si esto pasa, seguiremos en este estado, que no es de quietud ni de congelamiento, pero sí es de hostilidad y de dificultades para nuestra labor.

Finamente, todos los elementos anteriores están enmarcados en un contexto de disputa política por la verdad. ¿Cómo lee este contexto en relación con la Comisión?

Yo creo que todas las sociedades viven disputas por la verdad. Este nunca es un proceso unánime ni de consenso en ningún lugar del mundo. Pero, aun así, creo que nosotros vamos a hacer nuestra labor de la mejor manera.

Entendemos que habrá disputa pública por la verdad y por la construcción de los relatos, pero tenemos la convicción de apostar por la voz de las víctimas, por su centralidad en nuestro trabajo, por tratar de contribuir a la comprensión de lo que ha ocurrido desde distintos lugares, por dar espacio para diferentes relatos de lo que ha pasado y por la construcción de una interpretación.

Y tenemos toda la disposición para que, de manera complementaria y respetando la autonomía que a cada quien le corresponde, hagamos nuestra labor los organismos de Gobierno, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

Yeison Camilo García
San Carlos, Antioquia, 1992. Durante los últimos seis años, he trabajado como periodista redactor para los periódicos Habitante 7, El Mundo y El Colectivo; así mismo, para el Museo Casa de la Memoria (Medellín), la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Instituto Popular de Capacitación. Actualmente soy estudiante del pregrado en Sociología, de la Universidad de Antioquia, y de la especialización en Epistemologías del Sur, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).