En el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas en Colombia, la Coordinación Nacional de Sujetos de Reparación Colectiva “REPARAR”, espacio de convergencia para la coordinación, veeduría, incidencia política y fortalecimiento de los casos nacionales de reparación colectiva reconocidos por la Ley de Víctimas y restitución de tierras (Ley 1448 de 2011), manifiesta la preocupación por varios aspectos que ponen en duda la consolidación y continuidad de la política de reparación colectiva en el país y, en este sentido, la posibilidad de restaurar los derechos de las víctimas por los daños sociales, políticos, culturales, ambientales, organizativos y territoriales sufridos con ocasión del conflicto armado en Colombia.
En primer lugar, los balances sociales y políticos demuestran que los procesos de reparación colectiva, tanto de los sujetos nacionales como de los territoriales, no han tenido los desarrollos esperados después de 8 años de implementación de la Ley 1448 de 2011.
En segundo lugar, los obstáculos del nuevo Gobierno a la implementación del Acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y la ex guerrilla de las FARC en el año 2016, específicamente al punto 5 relativo a las víctimas y, en particular, lo relativo al diseño, implementación, ejecución y evaluación de las políticas de reparación y de los planes de reparación colectiva de los Sujetos Nacionales y Territoriales, de los Planes Nacionales de Reparación Colectiva y de los Planes de Reparación Colectiva con Enfoque Territorial, disminuyen la posibilidad de la construcción de paz y la reconciliación social y política del país en un marco de transición de la guerra a la paz.
Tercero, es conocido que las propuestas de reforma a la política de víctimas, y en particular a la Ley 1448, de sectores de la coalición de gobierno, vienen siendo orientadas a disminuir la capacidad de respuesta del Estado frente a su responsabilidad de dar respuesta a las violaciones de derechos humanos y los daños ocasionados a las víctimas del conflicto armado, manifiestas en la reducción del presupuesto para la política de víctimas, el rediseño de una institucionalidad para las víctimas por debajo de los estándares logrados por la Unidad de víctimas – UARIV -, la pérdida de garantías para las víctimas y al contrario mayores garantías para los victimarios, y el estímulo de un ambiente de polarización que afecta las posibilidades de medidas de justicia restaurativa y medidas de reconciliación.
Por último, reiteramos que la política de víctimas en el país debe garantizarse desde la perspectiva de la reparación integral, asumiéndose como una restitución de los derechos humanos socavados por el conflicto armado. Esto se consigue a partir de una voluntad política y acción decidida del Estado que garantice el goce efectivo de los derechos humanos integrales, así como de acciones para devolvernos nuestra dignidad, tener acceso al derecho a la verdad y la justicia, crear las condiciones de no repetición y, en general, reparar la democracia que ha sido minada por los daños políticos ocasionados a los diferentes sujetos colectivos nacionales y territoriales, lo que implica reconocerlos como sujetos de derechos específicos en la transición hacia la paz.
Colombia, 9 de abril de 2019
